La anafilaxia es una manifestación aguda de una enfermedad crónica como es la alergia a alimentos, himenópteros o medicamentos. La anafilaxia es algo muy grave, que pone en riesgo la vida del paciente, y sus desencadenantes (agentes causales) son frecuentemente difíciles de evitar. Su incidencia se ha incrementado en los últimos 10 años, sobre todo en niños y a expensas de la alergia alimentaria, y tiene un importante coste socioeconómico.
La buena noticia es que existen tratamientos, eficaces y eficientes, que evitan que la reacción progrese, como es la administración inmediata de adrenalina por vía intramuscular, empleando un autoinyector. Pero la mala noticia es que la falta o retraso en la administración de estos autoinyectores de adrenalina (AIA) durante una reacción anafiláctica puede tener consecuencias fatales.
¿Y qué puede explicar la falta o el retraso en su uso? Ello se debe a varias razones: las bajas tasas de prescripción y de renovación de prescripción de autoinyectores; la falta de disponibilidad en las escuelas; el hecho de no llevarlo por parte de los pacientes por la creencia de no necesitarlo; la inconveniencia de tener que llevarlo siempre consigo; la vida útil limitada del AIA (entre 14-16 meses); y el número de dosis a dispensar, ya que las guías recomiendan que los pacientes con riesgo de anafilaxia lleven consigo dos autoinyectores todo el tiempo. Y como no, por factores socioeconómicos que también impactan en el acceso a los autoinyectores, incluyendo su coste, y sobre todo en las situaciones de los pacientes de renta baja.
Actualmente en España, estos tratamientos tienen una aportación normal por parte del paciente. Hemos realizado una estimación del posible incremento del gasto para el Sistema Nacional de Salud (SNS) en el caso de que el AIA pasase de la situación actual de financiación (de aportación «normal»), a incluirlos dentro del grupo de medicamentos de aportación reducida.
Para ello, hemos realizado dos cálculos. Primero, estimamos la proporción financiada por el SNS del mercado total actual. Ya que no disponemos de estos datos directamente, la calculamos de dos maneras, partiendo de datos agregados. Y, en segundo lugar, estimamos el impacto de pasar de la situación actual (estimada en el primer paso) a estar los AIA financiados en su totalidad.
Así, partimos de unas ventas anuales totales de AIA en 2022, a precio de venta al público (PVP), de aproximadamente 14,5 millones de euros. Para estimar la proporción financiada por el SNS específicamente para los AIA, utilizamos, o bien la proporción del gasto farmacéutico total en medicamentos con receta por tramo de renta, o bien la proporción del número de personas por tramo de renta. Es importante diferenciar el gasto por tramo de renta, ya que el copago por parte del paciente depende, en parte, de su nivel de renta.
Con el primer método, y por poner algún ejemplo a modo ilustrativo, obtendríamos que la proporción del gasto total en medicamentos que se financia al 100 por ciento por el SNS representa el 7,2 por ciento del gasto total. Por lo tanto, asumimos que el 7,2 por ciento del gasto en AIAs lo financia íntegramente el SNS.
En el otro extremo, tendríamos que la proporción del gasto total financiado al 40 por ciento por el SNS representa el 0,3 por ciento, así, se asume que el 0,3 por ciento del gasto en AIA lo financia el 40 por ciento el SNS. El gasto farmacéutico que se reembolsa al 90 por ciento por parte del SNS se lleva la mayor parte, con un 67 por ciento del total. Por lo tanto, tendríamos con este primer método que el 67 por ciento del gasto total en AIAs es financiado al 90 por ciento. Sumando así para todos los tramos de renta (con su copago aplicable), el SNS financiaría 11,9 millones de euros, es decir, el 82 por ciento, del gasto total en AIA (los 14,5 millones de euros).
Con el segundo método, estimamos el gasto en AIA por nivel de renta según el número de personas por estos niveles. Utilizando la misma analogía que con el primer método, y en términos totales, con este método se estima que el SNS financiaría el 67 por ciento (9,7 millones) de los 14,5 millones de euros.
Así, y a modo de resumen, estimamos que el SNS podría estar financiando actualmente entre el 67 por ciento y el 82 por ciento del gasto total en AIAs.
Para estimar el impacto de pasar a una situación con un 100 por ciento de reembolso para todos los niveles de renta, no hay más que calcular la diferencia entre el total del mercado, y lo financiado actualmente (según las dos estimaciones).
Con el primer método, el impacto (anual) sería de casi 2,6 millones de euros, con el segundo, el impacto asciende a casi 4,8 millones. Es importante mencionar que a estas cifras de impacto habría que descontar la contribución de 4,24€ por receta que realizan los pacientes, aunque el medicamento se encuentre dentro de la aportación reducida, pero no disponemos del número de recetas de AIAs para poder hacer el cálculo.
Como economista de la salud, y para ir concluyendo, considero que el concepto de la eficiencia (comparar y medir beneficios y costes entre un tratamiento versus otra opción), debe ser un criterio que determine cómo gastamos los recursos públicos, incluidos en tratamientos farmacológicos.
Sin embargo, también considero que la eficiencia no debe ser el único criterio que se utilice para tomar decisiones. Con esto, creo que una inversión entre 3 y 4 millones de euros al año, para asegurarnos que cada persona diagnosticada como anafiláctica disponga de los autoinyectores que necesita, sin que ello suponga una carga económica excesiva para las familias, especialmente para aquellas que se encuentren en situaciones más vulnerables, sería un uso muy eficiente de recursos.
