La sanidad es uno de los principales indicadores de la fortaleza del Estado de Bienestar de la sociedad. En este sentido, el artículo 13.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León recoge los límites del derecho a la salud y promueve para los ciudadanos de nuestra comunidad el acceso garantizado, en condiciones de igualdad, a los servicios sanitarios en los términos que la ley determine.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para poder considerar un sistema de salud como tal, debe ser un sistema universal que proporcione cobertura a toda la población, ofreciendo una atención integral que incluya tanto educación comunitaria, como higiene y salud mental, medicina preventiva, asistencia primaria, atención hospitalaria a todas las patologías.
Nuestro sistema debe ser equitativo y eficiente en la distribución de los recursos; flexible y ágil, con objeto de poder adaptarse y responder de manera rápida a las nuevas necesidades permitiendo la participación de los ciudadanos. Todas estas cuestiones convierten en un gran desafío mantener un sistema sanitario en constante evolución sometido de forma constante a grandes amenazas.
En la actualidad, el medio rural se enfrenta a retos como la despoblación, la dispersión, el envejecimiento y la dependencia de la población, características todas ellas que afectan especialmente a Castilla y León y que dificultan la prestación de los servicios públicos y, muy especialmente, de la sanidad.
Garantizar la cobertura sanitaria en el mundo rural implica abordar estos desafíos y otros propios de los sistemas sanitarios como la falta de profesionales médicos, las barreras geográficas y la limitada disponibilidad de servicios en algunos territorios.
Por ello, en el contexto de las áreas rurales en España y, en concreto, en Castilla y León, la implementación de políticas y estrategias para garantizar la equidad en el acceso a este servicio esencial es crucial desde hace años.
Establecer políticas encaminadas a asegurar las estructuras sanitarias de proximidad, como son los consultorios, contribuye a fijar población al territorio, así como a mantener una actividad socioeconómica que revitaliza la zona.
Castilla y León apuesta por potenciar y mantener su modelo de asistencia, manteniendo el gran esfuerzo económico que nos permite ser una de las comunidades que más recursos destina al ámbito rural, puesto que el 60 por ciento de los recursos de Atención Primaria se dirigen al medio rural para atender al 40 por ciento de la población.
Este esfuerzo permite dotar de recursos personales y materiales al sistema para mantener un número elevado de centros de salud, así como la red más extensa de consultorios locales de todo el territorio nacional, haciendo frente a la adversidad del contexto en el que prestar asistencia sanitaria, caracterizado por una población envejecida, con un alto grado de cronicidad y dependencia, que vive en núcleos de población pequeños y dispersos, lo que incrementa sustancialmente los costes relacionados con una adecuada atención sanitaria.
Castilla y León es consciente de que el reto de garantizar la calidad asistencial y el acceso al sistema sanitario en el medio rural, pasa necesariamente por lograr una Atención Primaria resolutiva y efectiva, que disponga de los recursos tecnológicos necesarios garantizando la equidad.
“El reto de garantizar la calidad asistencial y el acceso al sistema sanitario en el medio rural, pasa por lograr una Atención Primaria resolutiva y efectiva, que disponga de los recursos tecnológicos necesarios garantizando la equidad”
Debemos avanzar hacia nuevos modelos que permitan ajustarse a las características de los territorios, a sus peculiaridades e idiosincrasia, para lo que se hace imprescindible un análisis detallado de la demanda y la oferta de servicios de salud en cada zona. Este análisis permitirá seguir disponiendo de centros de Atención Primaria accesibles, bien dotados y con una oferta adecuada de servicios para la población.
Todo ello, sin olvidar la necesidad de una mejora de los sistemas de transporte público, que permitan acercar la población al centro sanitaria así como el desarrollo de la atención domiciliaria.
Por otro lado, la tecnología ofrece la oportunidad de hacer frente a todos los retos que afronta la sanidad, no sólo en términos asistenciales de productividad o calidad, sino también sociales y económicos, como son la humanización, la eficiencia y la sostenibilidad. La digitalización es ya una realidad que, además de mejorar la experiencia del paciente, permite optimizar la capacidad de diagnóstico de los profesionales sanitarios y contribuye a que dispongan de más tiempo para la relación con el paciente.
En este sentido, la farmacia comunitaria es una herramienta capaz de responder a las nuevas demandas de salud, emergiendo como un importante valor social y sanitario para dar respuesta a las nuevas exigencias.
Todos estos cambios han de producirse en campos como la planificación, la gestión o la propia asistencia, en los que la base fundamental, común a todos ellos, son los profesionales sanitarios. Por ello, es clave identificar las plazas de difícil cobertura y establecer verdaderos incentivos para la atracción y retención en dichos puestos, evitando en lo posible la existencia de vacantes y la excesiva rotación en los puestos.
La región apuesta por garantizar una asistencia sanitaria en el medio rural accesible, resolutiva, equitativa, de calidad y ajustada a las nuevas necesidades y expectativas de nuestra población envejecida, que presenta enfermedades crónicas y manifiesta un alto porcentaje de dependencia.
Por último, no podemos olvidar que este objetivo resulta difícil de alcanzar si no existe consenso por los implicados. Es imprescindible el diálogo y los acuerdos no solo entre los que conforman el sistema sanitario, sino también entre las fuerzas políticas que conforman el arco parlamentario en nuestra Comunidad.
