Qué altos cargos del Ministerio se quedaron de guardia en Madrid la pasada Semana Santa?
Qué alto cargo de la Consejería de Sanidad de Madrid se ha convertido en el apagafuegos al que acude con frecuencia el sector?
Qué fundación de un laboratorio farmacéutico es la que peor funciona y no se ha enterado todavía de quién lleva la Sanidad en los medios?
Qué opina Jáuregui de los principales dirigentes de la OMC?
Qué opina la CESM andaluza de la gestión de Patricio Martínez al frente de la confederación?
Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
Lejos de la cantinela que repiten algunos dinosaurios sanitarios que siguen leyendo todavía a Bakunin, la Sanidad privada es más importante de lo que a simple vista parece para la pública. Cabría incluso decir que resulta vital para la subsistencia del actual modelo, pero podría serlo aún más si las autoridades se quitaran la venda que les hace parecerse a los ciegos de Sábato, y se dedicaran a utilizarla de forma egoísta para apuntalar un sistema golpeado por la crisis, la nesciencia del Gobierno y del ministerio del ramo, y la demanda creciente de los pacientes. La Sanidad privada es fundamental para sostener este pilar del Estado de Bienestar creado en torno al Sistema Nacional de Salud (SNS) porque descarga de enfermos al régimen público, porque contribuye a paliar el ridículo salario que el sistema aporta a los profesionales y la fuga en masa de trabajadores al extranjero, y porque crea con su actividad riqueza, amén de una suerte de competitividad que, bien estimulada, resultaría buena para la eficacia del modelo en su conjunto.
En este contexto, y ante el grave problema de sostenibilidad que atraviesa el sistema público por culpa de la miopía política del Estado central y la tendencia al derroche de la España autonómica, cobra especial relevancia la propuesta del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) del inquieto e inteligente Juan Abarca, tan emprendedor como lo ha sido su padre. El sector jamás podrá pagarles a los dos sus constantes iniciativas en defensa del mismo. El IDIS defiende, por ejemplo, el establecimiento de una deducción fiscal a la suscripción voluntaria de seguros privados de salud, y cuantifica las consecuencias económicas que se derivarían de ello: la puesta en marcha de esta medida llevaría aparejada un ahorro medio de 365 euros al año en las familias de cuatro miembros y se crearían alrededor de 17.000 puestos de trabajo como consecuencia del incremento del número de asegurados. El Estado también aumentaría su recaudación vía impuesto de sociedades y obtendría un cuantioso ahorro en la prestación pública, pues la transferencia de pacientes contribuiría a descongestionar los centros de salud y hospitales de media España.
La descarga de la presión asistencial que implica un apoyo público decidido a la Sanidad privada puede apreciarse también en el modelo Muface, el mismo que el Gobierno ha puesto en la picota y que trata de amortizar en aras de un burdo y trasnochado igualitarismo inexistente. Su eliminación sobrecargaría con casi dos millones de pacientes al modelo público y abocaría a la desaparición de la Sanidad pública en provincias como Salamanca. Además, el golpe para las aseguradoras que permanecen aún en la órbita del modelo sería tremendo, y el de las clínicas que trabajan para ellas, mayor aún.
La impulso de la Sanidad privada no debe estar exento, sin embargo, de controles. Coincidiendo con los que opinan que resulta indiferente la titularidad del prestador si el que financia es el dinero público, conviene resaltar sin embargo que la autoridad debe redoblar los controles de calidad sobre dicho prestador, so pena de rescindir con él el contrato si se detectan ineficiencias que perjudiquen a los pacientes. Salvados esos parámetros como esquema básico de actuación, la Sanidad privada debe convertirse en un bastión esencial para la sostenibilidad del SNS en España. La angustiosa falta de fondos para proceder a nuevas inversiones confirma, además, que el camino abierto en 1997 por el modelo Alcira era el correcto.
