Recientemente, el Grupo Mixto, a instancia de una diputada de Podemos, registraba una proposición no de ley para promover la inspección de las técnicas de gestión indirecta del Sistema Nacional de Salud. Dicho de otra forma, para cuestionar, poner bajo sospecha y, en definitiva, socavar la colaboración público-privada en la sanidad española.
Si no fuera meramente demagógica, la obsesión de la izquierda radical –da igual Podemos, que su spin off de Sumar, afincada de rebote en el Ministerio- por convertir a la sanidad privada -a lo privado, en general- en el enemigo del interés público, y en el culpable de todos los males, podría ser perfectamente etiquetada como patológica.
Todas sus iniciativas políticas, en materia de Sanidad, van siempre de lo mismo, son la misma canción con diferentes variaciones de estribillo. En su esquema binario de la realidad, lo público bueno, y lo privado es malo. Y de ahí no salen. Su sectarismo ideológico no da para más. Si el titular/concesionario es público, entonces el interés general está protegido. Y, si es privado, entonces es que está atacado o cuanto menos amenazado. Una concepción tan trasnochada que en realidad se remonta a Marx y a su razonamiento de la suma cero, procedente de la teoría de la plusvalía, según la cual el beneficio del empresario es dinero confiscado al empleado.
Ampliada conceptualmente, esta forma de argumentar supone la disparatada conclusión de que el logro de una parte se corresponde automáticamente con el perjuicio de la otra. Todo lo que gana uno es porque se lo quita a otro. Y esa es exactamente la forma de pensar que la izquierda radical aplica siempre a la relación entre lo público y lo privado, en Sanidad, en Educación y en todo lo demás: si le va bien al sector privado, es porque se lo detrae al público. Así que todo va de poner obstáculos a la gestión privada.
Si fuera cierta, la argumentación basada en la suma cero haría imposible el win-win. De cualquier acuerdo comercial, habría siempre un ganador y un perdedor: en la casposa dialéctica marxista, uno que roba y otro que es robado. Naturalmente, la vida mercantil no se parece en absoluto a esta visión dicotómica. Generalmente, de los acuerdos ganan las dos partes. Y por eso mismo se firman. De igual modo, de la colaboración público-privada se beneficia tanto el sector privado como el propio sector público y, sobre todo, el interés general. Si este se defendiera mejor sólo desde lo público, las experiencias históricas de colectivismo habrían sido un éxito. Pero el comunismo siempre ha sido un fracaso enorme allí donde se ha intentado.
El objetivo de esta proposición no de ley pergeñada por Podemos para inspeccionar la gestión indirecta de los servicios públicos sanitarios es evidente. No se trata de proteger la calidad asistencial ni de asegurar la universalidad en el acceso a los servicios públicos, ni por supuesto de evitar la corrupción. Esos son solo los pretextos. La intención es clara y manifiesta, y es la de siempre: confrontar, polarizar, encontrar un enemigo y cargarlo con todas las culpas, convertir los problemas de gestión en debates ideológicos, y, por encima de todo, crear un falso conflicto donde antes había un entendimiento y un consenso común.
Porque la realidad es que, en relación con la sanidad, para el ciudadano de a pie, hay poco debate. Todos los españoles somos partidarios de la sanidad pública y todos somos conscientes de su papel fundamental para garantizar la universalidad y accesibilidad de los servicios públicos. Pero, al mismo tiempo, la inmensa mayoría de los españoles somos también perfectamente conscientes de que, sin la iniciativa privada, sin los seguros, sin la concertación, sin todo eso que la izquierda radical querría cargarse, el sistema público sanitario habría ya colapsado hace tiempo…
Pero, eso, a Podemos y a su spin off, le da igual. Porque, si no se la diera, en lo que estaría el Ministerio de Sanidad es en políticas útiles y no en falsos debates desbordantes de sectarismo. Hay tanto por hacer… Avanzar en las políticas de salud pública, en la integración de los diferentes niveles y ámbitos asistenciales del sistema sanitario, en el refuerzo de la atención primaria y el peso de las estrategias de prevención y diagnóstico temprano, en la digitalización y modernización de algunos procesos asistenciales, en el análisis y explotación de los datos y en la protección de los colectivos más vulnerables: los pacientes más frágiles y las personas mayores…
Sin embargo, en esos debates, la izquierda radical ni está ni se le espera. Y el Ministerio lo mismo. Políticas útiles, ni una. Demagogia y polarización, toda la del mundo.
*Rafael Belmonte Gómez (PP) es diputado por Sevilla en Cortes Generales. Secretario 2º de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados
