Partido Popular y PSdeG-PSOE se ha repartido, casi a partes iguales, los designios de la sanidad gallega en esta última década. Tras obtener en 2001 el PP la mayoría absoluta en las elecciones autonómicas coloca a José María Hernández Cochón como consejero de Sanidad, pero cesa en 2004 y es sustituido por José Manuel González Álvarez, que ocupará el puesto hasta julio de 2005. Tras las nuevas elecciones autonómicas y el cambio de poder, María José Rubio Vidal se pondrá al frente de la Sanidad gallega desde agosto de 2005 a julio 2009. La sustituirá en el puesto la actual titular, Pilar Farjas.
En todo este tiempo GACETA MÉDICA ha informado no solo sobre estos nombramientos, sino que ha seguido de cerca los éxitos, conflictos y políticas llevadas a cabo en la comunidad gallega. Como el pacto por la carrera profesional —publicado por GM la primera semana de diciembre de 2004— entre el sindicato médico CESM-Galicia (Confederación Estatal de Sindicatos Médicos) y la Administración y cuya principal novedad radicaba en reconocer los años de servicio previos en el momento de asignarles un nivel en la carrera profesional a los facultativos interinos que lograran superar la OPE extraordinaria. Un acuerdo muy satisfactorio para el entonces máximo responsable sanitario, González Álvarez, tal y como explicaba en una entrevista concedida a este periódico en abril de 2005, “al ser firmado unánimemente por todas las fuerzas sociales y sindicales y la Administración, o la menos el mejor posible”.
María José Rubio Vidal, por su parte, presentó durante su mandato el Plan de Salud 2006-2010 que, como ella misma explicó, “responde a los problemas prioritarios y requiere una acción coordinada de las administraciones, la participación de las asociaciones y la implicación de la ciudadanía”, y el primero en debatirse en una cámara autonómica. El texto establecía 16 objetivos generales, 72 específicos y 291 línea de actuación en nueve líneas prioritarias, entre las que se encontraban la prevención de accidentes de tráfico, la diabetes, los trastornos afectivos, las enfermedades transmisibles, el cáncer o las patologías relacionadas con el envejecimiento.
La generalización del complemento específico, un nuevo decreto de carrera profesional y medidas para frenar la escasez de profesionales en el sistema sanitario gallego fueron algunos de los retos a los que tuvo que enfrentarse Pilar Farjas como nueva consejera, que tomó (continúa en pág. 43) (viene de la pág. 40) posesión de su cargo con la “austeridad”, la “prudencia” y el “rigor” en el gasto como banderas. El cambio de gobierno en Galicia despertó las esperanzas del colectivo médico, que esperaba la resolución de otros asuntos pendientes en la región, sin embargo, ha sido la política farmacéutica la principal protagonista.
Así, uno de los grandes temas en este breve periodo ha sido la puesta en marcha del catálogo priorizado de fármacos (que entró en vigor en la región el pasado 3 de enero de este mismo año), una medida del Servicio Gallego de Salud (Sergas) para reducir el gasto farmacéutico financiando el medicamento más económico. Ante esta medida el Ministerio Sanidad interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia —y que llegaría hasta Tribunal Constitucional— por considerar que excedía “su marco competencial” y “daña a los ciudadanos” y provocó su suspensión temporal. Sin embargo Farjas justificó su funcionamiento alegando que durante los cinco primeros meses de 2011 el Sergas había ahorrado 50 millones de euros gracias al impulso generado por éste.
Este conflicto acabó con el fin de la suspensión del catálogo gallego (en el mes de junio), lo que fue bien recibido por los representantes de los médicos, y desde la OMC mostraron su satisfacción por las alusiones del texto del tribunal al informe de su Comisión Deontológica, que no vio intromisiones en la libertad de prescripción de los médicos, e incluso el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña calificó abiertamente el anuncio como “una buena noticia” en los medios regionales.
Temas pendientes
Entre los temas pendientes de resolver de cara al futuro, está la reciente acusación de copago encubierto. Como cada año, el Sergas ha actualizado las tarifas de los servicios sanitarios que cobrará a los terceros obligados a pagarlos. La novedad es que el nuevo decreto, publicado el 8 de noviembre en el Diario Oficial de Galicia, incorpora una disposición adicional única que permite establecer “un procedimiento para repercutir en los usuarios los gastos ocasionados por estos como consecuencia de un uso irresponsable de las prestaciones asistenciales del Sergas”. Pese a sus aclaraciones, la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, no ha conseguido disipar la idea de que la Xunta está intentando introducir el copago sanitario de forma solapada.
El PP, primero, y la propia Consejería, después, han intentado salir al paso de las críticas asegurando que la novedad del decreto incorpora específicamente, y por recomendación de la Asesoría Jurídica de la Xunta, diversos apartados de la Ley de Salud de Galicia aprobada por el bipartito en el año 2008, “por lo que no existe ninguna novedad legislativa al respecto” y lo único que se está haciendo es “cumplir la ley”.
La puesta en marcha del catálogo de priorización de fármacos acabó en el Tribunal Constitucional, que puso fin a su suspensión tras una larga polémica
