PRESCRIPCIÓN/ El TC admite a trámite el recurso que suspende cautelarmente la norma
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Farjas plantea incluir una cláusula que aclare la financiación de todos los fármacos
El ministerio prefiere que se modifiquen los cuatro primeros artículos de la norma
M.R./e.p.
Madrid
El aparente entendimiento alcanzado durante la reunión que mantuvieron la cúpula del Ministerio de Sanidad y la consejera del ramo gallega, Pilar Farjas —en la que acordaron buscar una solución jurídica al catálogo priorizado de fármacos aprobado en Galicia— ha caído en saco roto pese a las buenas intenciones mostradas por ambas partes en un cruce de misivas iniciado por la Administración gallega.
A enrarecer la negociación ha contribuido además la admisión a trámite del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) del recurso presentado por Sanidad contra una norma que ha quedado suspendida cautelarmente un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) denegara esta misma petición solicitada por la Federación de Farmacias de la comunidad. Precisamente amparándose en esta resolución Farjas ha reclamado al departamento de Leire Pajín que retire la petición ante el TC proponiendo incluir en su ley una cláusula que aclare que será su departamento el que financie cualquiera de las prestaciones farmacéuticas reconocidas por el ministerio a través de un reglamento, una modificación que resulta “insuficiente” para el secretario general del ministerio, José Martínez Olmos que, a vuelta de correo, ha pedido a la consejería gallega que modifique los cuatro primeros artículos para presentarlos en forma de alegaciones ante el Constitucional.
Esta reformulación se centraría en el objeto de la norma, su ámbito, el catálogo de productos farmacéuticos, el procedimiento de modificación de dicho listado y las disposiciones adicionales primera y segunda con el objetivo, según el ministerio, de garantizar que se contemplan todos y cada uno de los medicamentos incluidos en el nomenclátor nacional, sin limitación alguna a su prescripción, dispensación y financiación.
Asimismo, Sanidad cree que debería “adecuarse” la resolución del 30 de diciembre de 2010 y el listado de principios activos publicado por el Servicio Gallego de Salud (Sergas). Martínez Olmos insiste además en que el departamento de Farjas “no concreta” en su propuesta cómo se estructuraría la adición del nuevo texto, si se incorporaría al articulado de la norma o al preámbulo, solución esta última que no dotaría a la nueva previsión del necesario carácter normativo.
Tras esta respuesta, populares y nacionalistas gallegos se han mostrado contrarios a desarrollar unas modificaciones que supondrían “renunciar” a los objetivos básicos de la normativa, que son el ahorro y el uso eficiente de los recursos sanitarios, así como la garantía y calidad de las prestaciones. Por su parte, Farjas ha acusado a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, de no cumplir su palabra al no haber dado ningún paso para paralizar el recurso. “Esto pone en evidencia que existen dos formas de actuar, una con previsión y rigor y con la colaboración de los profesionales y otra precipitada, diciendo unas cosas y haciendo otras”, ha afirmado.
Sin embargo, no todos los colectivos médicos consideran que sus opiniones han sido tenidas en cuenta a la hora de adoptar esta medida. A las críticas lanzadas desde la Sociedad de Médicos de Atención Primaria (Semergen) se ha sumado la del presidente del Colegio de Médicos de Orense, Pedro Trillo, que ha expresado su “preocupación” por una política de prescripción farmacológica que —considera— no debería ser “impuesta” por el Sergas sino consensuada con los profesionales que cada día ejercen su actividad asistencial.
Aunque el Consejo Gallego de Médicos y la Organización Médica Colegial sí han mostrado su apoyo la iniciativa de la Xunta, Trillo cree que la valoración de la ejecución de los objetivos asistenciales por parte de los facultativos de primaria no debe basarse sólo en el cumplimiento cuantitativo de las directrices de la consejería sino en el conjunto de la calidad prescriptora. Pese a ello, el presidente orensano está a favor de cualquier medida de racionalización y contención del gasto que potencie la prescripción por principio activo y de genéricos.
