Toni Martínez
Valencia
Reconocer la hipertensión arterial como un problema de salud pública, priorizar el control de la misma en la gestión de los procesos asistenciales, potenciar la autonomía de los profesionales sanitarios en su control, mejorar la adherencia terapéutica y cuantificar la relación coste/beneficio en el control. Éstas son las claves del documento de consenso que se ha elaborado por primera vez en España y en el que han participado 23 sociedades científicas.
Y es que, tal y como explicó el coordinador del documento, Luis Miguel Ruilope, “hay que disminuir el número de fallecimientos relacionados con la hipertensión arterial por lo que las autoridades deberían considerarlo como un problema de salud pública en sus políticas sanitarias”.
El texto insta a actuar a las autoridades sanitarias para que tomen conciencia y desarrollen una estrategia nacional de la hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular, en la que se establezcan prioridades y objetivos de salud, y se fomente la incorporación en los planes autonómicos de salud ya existentes las medidas relativas a la prevención y el control de la hipertensión.
Pero también se dirige a los profesionales sanitarios a los que plantea que apuesten por participar en planes formativos de los servicios de salud, programas estables de formación de alta calidad que habiliten a los profesionales a actualizar y mejorar sus conocimientos sobre el manejo de la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Finalmente, se destaca el rol de los profesionales de enfermería en el proceso de detección, seguimiento, educación y control de los pacientes, así como la necesidad de implicar a las oficinas de farmacia en la información y detección de riesgos cardiovasculares.
