¿Qué impacto podría tener sobre la sanidad española prescindir de la colaboración público-privada? La Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) da respuesta a esta pregunta en su último informe ‘Aportación del sector privado al sistema sanitario’, un documento presentado en el contexto del trámite parlamentario de la Ley de Equidad, que tiene en la revisión de este modelo uno de sus puntos clave.
El trabajo recoge cifras importantes sobre la repercusión de esta hipótesis. Entre otras, que el fin de esta fórmula podría suponer un aumento de un 102 por ciento de las listas de espera para las cirugías, alargando la espera media en 75 días. Más llamativo aún sería el aumento en el tiempo de espera de primera consulta, que se podría incrementar en un 153 por ciento, dilatando la espera en 58 días adicionales.
Dos ejemplos muy visuales que se sumarían, según el análisis de la fundación, a otras consecuencias como el aumento de la sobresaturada ocupación hospitalaria y la generación de sobrecostes para un sistema sanitario público colapsado, infrafinanciado e insuficiente.
A la espera de conocer el resultado final del trámite parlamentario, la directora general de IDIS, Marta Villanueva, subraya que aunque la hipótesis puede ser considerada “tremendista”, puede ser una realidad si salen adelante los planteamientos de Unidas Podemos. En este sentido, Villanueva remarca que “si en la actualidad hay cinco millones de personas en lista de espera, la situación del sistema público de salud sin el apoyo del sector privado sería insostenible”.
”Hay cinco millones de personas en listas de espera. Sin el apoyo privado sería insostenible”
Marta Villanueva, directora general de Fundación IDIS
En cualquier caso, y según su visión, “la sanidad tiene que ser gestionada de forma eficiente: esa es la principal necesidad, más allá de apriorismos, para que los españoles puedan tener acceso a una asistencia sanitaria de calidad”.
Entre otros muchos puntos, el informe de IDIS también evalúa el impacto en el gasto sanitario público del fin de esta colaboración.
Supondría, según sus cálculos, un aumento de coste de hasta 1.200 millones de euros, una cantidad que se obtiene al estimar que la diferencia de coste que tendría que asumir el sistema público podría situarse en un 25-35 por ciento con respecto a los costes de la colaboración pública-privada. La cifra, además, podría alcanzar los 2.700 millones de euros si se asume toda la actividad concertada por el sistema público, teniendo en cuenta que la prestación pública tiene un coste un 25 por ciento superior, según los cálculos de la entidad.
Recursos
El documento también remarca los recursos de la sanidad privada como una de las mayores aportaciones al sistema sanitario. El sector cuenta con 432 hospitales y 49.861 camas. De ellos, 271 hospitales y 36.777 camas están sujetas a algún tipo de concierto, recuerdan.
Más datos: en 2020 los hospitales privados con conciertos sustitutorios, integrados en la red de utilización pública o con conciertos parciales asumieron el 15,9 por ciento de las intervenciones quirúrgicas y más del 11 por ciento de las consultas o las urgencias.
Para finalizar, Villanueva remarca que los acuerdos de colaboración son mecanismos para mejorar el acceso, la provisión y la calidad, y que también benefician al sector público.
