La sanidad asturiana continúa dibujando su estructura de cara a la nueva etapa que inicia tras las elecciones del pasado 28-M. Así lo ha reflejado el Gobierno del Principado en su último Consejo de Gobierno, que habla de la configuración de una renovada arquitectura institucional que primará “reducir la burocracia y afianzar la innovación”. Ello, por tanto, afecta a la cartera de Salud, en manos de la nueva titular, Concepción Saavedra, y sustituta en el cargo de Pablo Muñiz, el que fuera consejero en la pasada legislatura del presidente autonómico, Adrián Barbón, que repite mandato.
Así las cosas, y tal como informa el Ejecutivo regional, este departamento cuenta por primera vez con una viceconsejería de la que dependen dos direcciones generales y el Servicio de Obras y Sistemas de Información. La viceconsejería se encargará de planificar la atención sanitaria, la coordinación sociosanitaria y las inversiones en servicios y equipamientos.
Se precisa así una estructura que, al margen de la secretaría técnica, tendrá como órganos centrales la Viceconsejería de Política Sanitaria (de la que dependerá la Dirección General de Planificación Sanitaria y la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria) y la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental (con una subdirección centrada en la salud pública de manera exclusiva).
Hasta la fecha, el único nombre que ha trascendido más allá de Saavedra es el del viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García. Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, durante la legislatura pasada fue el jefe de gabinete de la Consejería de Administración Autonómica y previamente ocupó el mismo cargo en los departamentos de Sanidad y de Bienestar Social.
Así lo relata el BOPA
El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) ha detallado en una disposición la estructura básica de la Consejería de Salud. Esta precisa que la creación de la nueva viceconsejería tiene como finalidad “planificar y coordinar las competencias referidas a los ámbitos de la atención sanitaria y la coordinación sociosanitaria así como el control y ejecución de las inversiones en infraestructuras y equipamientos sanitarios que dicha planificación requiera”.
Respecto de la creación de la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental, argumenta su nueva nomenclatura “para visibilizar la importancia de un cambio de enfoque en relación con la salud mental, con una evaluación de la situación actual y los retos del futuro, así como los cambios organizativos y de planificación para la atención de la salud mental, al igual que la necesidad de adoptar medidas coordinadas de forma intersectorial e interdepartamental con un claro enfoque comunitario”.
Se argumenta la unión entre Salud Pública y Salud Mental bajo la promesa de “adoptar medidas coordinadas de forma intersectorial e interdepartamental con un claro enfoque comunitario”
Asimismo, y como consecuencia de la nueva estructura del gobierno, detalla la desaparición de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo, quedando integrados el Servicio de Seguridad Alimentaria y Sanidad Ambiental y el Laboratorio de Salud Pública en la Dirección General de Salud Pública y Atención a la Salud Mental. Por el mismo motivo, apuntan que las nuevas competencias asumidas por la Consejería en materia de valoración de la discapacidad se integran en la Dirección General de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria.
