“Tenemos la necesidad imperiosa de abordar los problemas de salud de forma preventiva”. Así lo cree la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, quien aboga por la promoción de hábitos de vida saludables y los determinantes que los condicionan, así como por ofrecer a la sociedad andaluza de las “herramientas adecuadas” para prevenir o ralentizar la aparición de patologías crónicas, como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. En Andalucía, el incremento de estas enfermedades se cifra en un 35 por ciento en los últimos cuatro años.
La consejera ha detallado las líneas de actuación de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía 2024-2030, aprobada el pasado 2 de abril en el seno del Consejo de Gobierno, y que pretende actuar ante ese escenario y promover hábitos y comportamientos relacionados con la alimentación saludable, la actividad física, el sueño o el bienestar emocional. En su comparecencia este miércoles ante la Comisión de Salud y Consumo, a petición propia, la titular del ramo ha explicado que el plan centra su ámbito de actuación sobre la atención a la cronicidad, la prevención y la promoción de la salud.
No en vano, esta Estrategia surge en un contexto en el que España, según ha recalcado, “se encuentra entre los países europeos con mayores tasas de cronicidad y con una preocupante tendencia al alza”. Así, se ha referido a los datos publicados en el portal estadístico de Atención Primaria del Ministerio de Sanidad, que muestra un incremento del 35 por ciento del número de personas con medicación crónica en Andalucía. “Si en 2018 eran 2 millones de andaluces, en 2022 eran ya 2,8”, ha apostillado.
En este punto, ha subrayado que el progresivo envejecimiento de la población no parece que vaya a suponer una mejora en el aumento de la cronicidad. Según los datos del Ministerio de Sanidad, entre 2018 y 2023, la población mayor de 65 años ha aumentado en un 11 por ciento, mientras que, por ejemplo, entre 2013 y 2017 este aumento fue únicamente del 6,7 por ciento. Así, hoy el 20 por ciento de las personas presenta al menos una enfermedad crónica, de la que en el 91 por ciento de los casos será su principal causa de muerte. “En términos económicos y sanitarios, la medicación crónica es el principal factor de gasto sanitario y ocupa el 80 por ciento de las consultas en Atención Primaria”, ha añadido.
La Estrategia, un “punto de inflexión”
Ante estos datos, desde la Consejería de Salud y Consumo consideran “importante y estratégico” la aprobación de la Estrategia, con un ámbito temporal que abarca desde el año 2024 hasta 2030. “Un plan del que estoy segura que supondrá un punto de inflexión en la mejora a corto plazo de los hábitos individuales, pero que redundará a medio en el beneficio absolutamente de todos”, ha incidido García. Uno de los objetivos de la Estrategia es conseguir que el individuo tenga una “conciencia crítica” y contribuya a la construcción de su propia salud, “y eso solo es posible a través de la creación de hábitos saludables que redunden en una mejora de las condiciones de vida del presente, al tiempo que minimiza la aparición de muchas enfermedades prevenibles del futuro”.
Aunque tendrá múltiples ámbitos de actuación, el “eje fundamental” de la Estrategia es la Atención Primaria (AP). En esta línea, ha recordado que el Pacto para la mejora de la Atención Primaria, suscrito en mayo del pasado año con organizaciones sindicales, recogía la necesidad de activar medidas desde AP para afrontar los retos de la cronicidad y el envejecimiento de la población. “Una de esas medidas a la que se refiere el pacto, quizá la de mayor trascendencia, es precisamente esta Estrategia para la Promoción de una Vida Saludable”, ha explicado la consejera. Este programa consta de cuatro líneas estratégicas, 10 objetivos y 15 programas.
La primera de las líneas se centra en la promoción de hábitos de vida saludable mediante intervenciones en políticas y entornos y la dinamización de activos comunitarios para la salud. La segunda pone el acento en el fomento de la responsabilidad social ante la salud por parte del sector empresarial. El objetivo es muy claro: incrementar el número de empresas con productos o actividades de consumo que se comprometan a crear condiciones que favorezcan los hábitos saludables”, ha detallado la responsable.
La tercera línea estratégica se refiere a la difusión de información veraz a la ciudadanía sobre los beneficios de una vida saludable y la protección de la población frente a mensajes, publicidad y campañas perjudiciales para la salud. Finalmente, la cuarta línea se centra en impulsar la gestión del conocimiento, la investigación y la innovación en el área de la promoción de hábitos de vida saludables y los determinantes que los condicionan.
Agresiones a sanitarios
En otro orden de cosas, la Comisión de Salud y Consumo ha abordado también el aumento de las agresiones totales al personal sanitario en la comunidad. A pregunta de Vox, la consejera de Salud ha señalado que la violencia “nunca debe de ser el recurso para solucionar ningún problema”, al tiempo que ha mostrado su preocupación por el incremento de las agresiones no sólo hacia profesionales sanitarios, sino en el global de la sociedad andaluza. “Esto pone encima de la mesa el reto de estudiar por qué nos estamos convirtiendo en una sociedad conflictiva”, ha subrayado.
Así, ha indicado que en 2023 se han producido en Andalucía más de 1.500 agresiones físicas o verbales a los trabajadores de este ámbito, un 6,7 por ciento más que el año anterior. Pese a ello, en el segundo semestre de 2023 se redujeron un 3 por ciento con respecto al primer semestre, “lo que nos gustaría que indicase un cambio de tendencia de aquí en adelante”, ha añadido. A este respecto, la titular de Salud ha asegurado que existe un seguimiento a todos los niveles para reducir esta lacra.
De este modo, ha recordado que la Ley contra las agresiones a los profesionales sanitarios, ya en borrador, contempla dos actuaciones clave: el Observatorio contra las agresiones, como instrumento de análisis y de propuesta de medidas, y como foro de intercambio de opiniones entre los diferentes agentes para el diseño futuro de acciones. Además, dispone de un régimen sancionador que incluirá multas para aquellas personas que ejerzan la violencia, “al margen de la vía judicial”. También ha recordado que los profesionales sanitarios tienen la consideración de ‘autoridad pública’ y que se ha aumentado el personal de seguridad en aquellos lugares de mayor conflictividad. En total, son casi los 50.000 dispositivos implantados de diferente índole y más de 400 nuevas cámaras instaladas en el último año.
