Por Encarnación Cruz Martos, directora general de la Asociación Nacional de Medicamentos Biosimilares
El pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo aprobó la Resolución sobre una Estrategia Farmacéutica para Europa. Este texto incluye un ambicioso plan de medidas legislativas y no legislativas que se implementará en varios años y pretende ser un elemento clave en la construcción de una Unión Europea de la Salud más resiliente a futuras crisis.
A lo largo de los cuatro ejes sobre los que pivota, que abordan, entre otros, el acceso a medicamentos asequibles, el fomento de la innovación, la mejora de la respuesta ante las crisis sanitarias y la seguridad del suministro, es frecuente la alusión a la transparencia de información y al intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros. De hecho, explícitamente se indica que la Comisión Europea “apoyará el aprendizaje mutuo por medio del intercambio de información y mejores prácticas”.
Ya en 2018, mucho antes de que la pandemia por COVID-19 cambiase las prioridades de los sistemas de salud, un grupo de expertos de economía y política sanitaria (Quaglio G, et al. 2018) ponían sobre la mesa que “dar sentido a la enorme cantidad de datos existentes parece ser una forma inteligente de apuntalar la transición de los sistemas sanitarios e informar sobre sus resultados […] Aunque sus avances son desiguales, la UE está en camino de lograr la reutilización de los datos rutinarios para la elaboración de políticas”. Dos años después, y una pandemia de por medio, la digitalización para la recogida de datos es ya un eje central de todo programa político como se evidencia en el propio PERTE de Salud de Vanguardia del Gobierno.
En resumen, parece que es el momento de avanzar claramente en esta dirección. Pero reflexionar sobre esta cuestión nos sitúa ineludiblemente en torno a dos aspectos: voluntad y capacidad. Para poder materializar tal “aprendizaje mutuo”, los Estados miembros necesariamente han de tener la firme voluntad de poner en común sus decisiones, experiencias, datos…, incluso a riesgo de que la información pueda deslucir las propias políticas en algún momento…, se trata de aprender. Pero antes de tal voluntad, nos ocupa otra cuestión: la capacidad. En estos tiempos en los que los términos salud digital, digitalización, era digital afloran en cada proyecto estratégico del sistema sanitario (en muchas ocasiones sin un trazado realista), más que nunca es necesario saber dónde estamos y qué pasos, uno a uno, pretendemos dar para que esa digitalización nos permita una sencilla, pero tantas veces inexistente, recogida de datos que poder voluntariosamente compartir, analizar y ser clave para la toma de decisiones.
En definitiva, del éxito de los planteamientos realistas y con la ambición justa que articulemos en el corto plazo dependerá en gran parte nuestra capacidad para, como espera Europa y desde BioSim creemos indispensable, transparentar información y compartir buenas prácticas.
Transparentar la información sobre la utilización de biosimilares en el SNS, la cual no conocemos desde 2018, es fundamental para poder evaluar las políticas de fomento de estos medicamentos en hospitales y CC. AA.
En lo que nos atañe, los medicamentos biosimilares, y en nuestro ámbito, el Sistema Nacional de Salud, es frecuente aludir a la escasez de información en cuanto a consumos desagregados y el efecto de las políticas de fomento en estos consumos. De forma tangencial a través, primero, de la publicación del Plan de genéricos y biosimilares de la Comisión de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS y, después, del Spending review de gasto hospitalario de la Airef, disponemos de una tímida foto de la utilización de biosimilares en el SNS hasta 2018. Nada más conocemos a partir de esa fecha y hasta el momento, enero de 2022, más allá de datos puntuales de algunas comunidades autónomas que se vieron también afectados por la pandemia.
Transparentar esta información es, a nuestro entender, una necesidad en el contexto actual. Es sabido que la comparación entre centros sanitarios, regiones o países y la puesta en conocimiento de los decisores, gestores y profesionales sanitarios de los resultados de forma transparente contribuye directamente a la mejora de resultados. Esta transparencia es también imprescindible para evaluar las políticas de fomento de biosimilares implantadas en hospitales y comunidades autónomas que permitan discernir a los decisores políticos, lo que funciona de lo que no.
Sin ir más lejos, Italia, a través de su agencia nacional de evaluación de medicamentos (AIFA, por sus siglas en italiano), puso en marcha una estrategia hacia la transparencia con la publicación de diversos informes sobre tendencias de consumo de biosimilares, análisis de la variabilidad regional e incluso de la tendencia del precio medio por categoría terapéutica. Lo relevante no es tanto la profundidad en el análisis de las distintas variables del mercado, que es en sí de gran utilidad, como el hecho de que tal ejercicio de transparencia emane de la Administración Pública.
En España, el Plan de acción para fomentar la utilización de medicamentos biosimilares y medicamentos genéricos del Ministerio de Sanidad incluye tenues referencias a una posible recogida de datos sobre utilización de biosimilares y puesta en común de las aproximaciones al respecto que hayan realizado las CC. AA.: “En las comunidades autónomas, en el ámbito de la gestión de la prestación farmacéutica se definen indicadores para el seguimiento de la prescripción del medicamento más coste-efectivo […]. Para estimular esta medida así como para mostrar los resultados hasta la fecha disponibles se visibilizarán las iniciativas de las CC. AA. al respecto en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia”.
El liderazgo desde el Ministerio, al igual que ha hecho la AIFA, siendo igualmente un estado muy descentralizado, sería el puntal necesario para la coordinación de esta recogida de información que pudiera redundar en un mejor diseño de las políticas de fomento de utilización de medicamentos biosimilares. Identificar aquellos indicadores más representativos y recibirlos periódicamente de las CC. AA./hospitales, vincularlos en la medida de lo posible a las políticas farmacéuticas regionales y plasmarlo con cierta regularidad en un informe público sería más que suficiente (por el momento) y no requeriría tanta capacidad como voluntad de querer hacerlo.
