l Las comunidades autónomas han constituido las ponencias técnicas pero no han profundizado por “miedo” y “escasa voluntad política”
l La OMC creará un observatorio dentro de la vocalía de Administraciones Públicas y se reunirá con los grupos parlamentarios próximamente
MÓNICA RASPAL
Madrid
El modelo español de sanidad penitenciaria es uno de los más valorados a nivel europeo. Sin embargo, es un “gran desconocido” en nuestro propio país, donde a menudo se tienen visiones “aprioristas y prejuiciosas” alejadas de la realidad.
Tal y como explicó José Manuel Arroyo, subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, esta atención ha evolucionado mucho en los últimos años, siendo la cultura de la calidad lo único que la distancia de los proyectos que se desarrollan fuera de las prisiones que la han implantado los últimos 20 años en los hospitales y los últimos 10 en los centros de salud empujados por la necesidad de trabajar con más eficacia.
Por ello, considera fundamental conseguir que la sanidad penitenciaria aparezca en las agendas políticas y sociales de los responsables de las comunidades autónomas, a los que aún hay que convencer de que se trata de un recurso de salud pública de primer nivel, de un servicio “valioso y transferible”, así como de un “motor de progreso”.
Escasa voluntad política
Y es que la transferencia de este servicio —dependiente del Ministerio de Interior— sigue, seis años después de la aprobación de la Ley de Cohesión y Calidad, en manos de unas autonomías que hasta ahora han mostrado “escaso interés” y “voluntad política” en llevarla a cabo, una parálisis que la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria viene denunciando desde su creación en todos sus congresos anuales (ver GACETA MÉDICA, nº 269).
De hecho, sólo Cataluña está finalizando un proceso que inició en 1984 y sólo Navarra, Aragón y Andalucía han dado los primeros pasos dentro de los grupos de trabajo creados en 2009 por Instituciones Penitenciarias para armonizar el proceso, coordinar los servicios sanitarios y la atención en prisiones y avanzar en una competencia funcional.
Durante una jornada organizada por la Organización Médica Colegial (OMC), Arroyo explicó la experiencia británica como un ejemplo a seguir dado que partió de una organización muy similar a la española. Así, Reino Unido comenzó el proceso en 2002 por una fuerte presión social —“que no existe en España”— con la constitución de ponencias técnicas y el traspaso de fondos de Interior a Sanidad, iniciando la transferencia formal.
Equipos mixtos
Posteriormente comenzaron a trabajar en equipos mixtos, formados por responsables sanitarios de las prisiones y de sus respectivas áreas de salud, en el 50 por ciento de los centros, compartiendo modelos de funcionamiento y alcanzado así el traspaso de hecho u operativo, que se completó en 2006 con criterios e indicadores de calidad en todos los centros que permitieron monitorizar el modelo.
En España, por el contrario, las regiones sólo han llegado hasta el segundo paso, constituyendo las ponencias técnicas pero sin profundizar en la transferencia formal y funcional por “miedo, desconocimiento y problemas de financiación”, según el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria.
Ante estas reticencias, Arroyo aboga por estimular a las CC.AA. para que, dentro de los convenios, empiecen a formar estos equipos de trabajo para ganar en coordinación intro y extrahospitalaria como estructuras estables de interrelación, mejorando a la vez la calidad y la continuidad asistencial. “Los miedos desaparecerían y también el problema financiero”, aseguró.
Por su parte, Vicente Martín, médico de prisiones y profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de León, insistió en que el reto de la sanidad penitenciaria del siglo XXI es la integración, resaltando que cuando la autoridad sanitaria se haga cargo de ella, mejorará en eficiencia y equidad. Un buen ejemplo ha sido el abordaje de la infección por VIH que ha tenido cierto éxito y puede ser un buen camino a seguir. Como recordó Martín, en los años ochenta un tercio de la población reclusa tenía esta infección, cuya prevalencia aumentaba con la permanencia en prisión a causa de su situación personal —tenían un deficiente estado de salud antes de entrar en la cárcel—, del estado de los centros penitenciarios —con hacinamiento, déficit higiénico, estrés y violencia— y de los servicios sanitarios, que contaban con pocos presupuestos, dado que eran la última prioridad política.
Sin embargo, con la transferencia de las competencias sanitarias a Cataluña, ésta puso en marcha el primer programa de Infección por VIH inaugurando un nuevo enfoque hizo que se replanteara la situación a nivel nacional, empezando a trabajar con el principio de equivalencia, dando la misma atención a la población reclusa que al resto. De esta forma, se inició un cambio en el modelo, aumentando las plantillas, la capacidad asistencial y los tratamientos —como los programas de intercambio de jeringuillas para evitar la coinfección— que redujeron el número de casos y la tasa de mortalidad.
Discriminación
Para el presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, el hecho histórico de que los presos no cotizaran a la seguridad social llevó a que recibiesen las prestaciones sanitarias como beneficencia a través del cuerpo médico de prisiones, aunque el ordenamiento jurídico asegure su derecho a una atención equivalente a la del resto de la población.
A su juicio, esta “discriminación” se ha arrastrado hasta la actualidad y afecta también a unos profesionales que no forman parte del Sistema Nacional de Salud y no se encuentran equiparados en cuanto a jornada laboral, número de guardias, retribuciones, formación o carrera profesional —la mayor parte de los puestos son de libre designación—, además de la estructura jerárquica de la institución penitenciaria que debilita la independencia de los médicos.
¿Nuevo observatorio?
Desde la OMC su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, planteó la creación de un observatorio u otro espacio de este tipo que reclame y vigile la evolución de esta integración dentro de la vocalía de Administraciones Públicas, cuyo titular, Antonio Fernández-Pro, expresó su compromiso para “poner en evidencia” esta situación continuando con este tipo de jornadas cuyas conclusiones sentarán “doctrina” para la política sanitaria de los colegios de médicos.
Además, Rodríguez Sendín anunció un encuentro inminente con los grupos parlamentarios para reclamar el cumplimiento de la ley. De hecho, éstos ya manifestaron su preocupación respecto a este tema en diciembre de 2008 a través de dos proposiciones no de ley —una del PP y otra de ERC-IU-ICV—con las que la Cámara Baja instaba al Gobierno a agilizar la transferencia e integrar a unos 800 profesionales en el SNS.
La enfermedad mental desbanca al VIH
Las prisiones se han convertido en un receptáculo de los pacientes con enfermedad mental, aunque los centros penitenciarios psiquiátricos no tienen cabida en el ordenamiento jurídico español. Del total de población reclusa de nuestro país —76.215 en la actualidad— entre un 20 y un 25 por ciento padece alguna patología de este tipo, para cuya atención sería necesario poder contar con la misma ayuda especializada con la que cuenta el SNS. Así lo expusieron los expertos durante la jornada sobre sanidad penitenciaria organizada por la OMC, donde también señalaron que la aplicación judicial de las medidas de seguridad sólo debería darse en los casos estrictamente necesarios, teniendo en cuenta que se fundamenta en la peligrosidad criminal del sujeto y éste es un término jurídico, no médico. De esta forma, las enfermedades mentales han pasado a ser las más prevalentes en las cárceles españolas tras las iniciativas para frenar los contagios por VIH —como el reparto de preservativos o los programas con metadona—. Pese a ello, el ex coordinador de la Comisión de Prisiones de la Coordinadora Estatal Cesida, Fernando González Culler, resaltó que todavía un 26 por ciento de los presos padecen VIH positivo y el 42 por ciento de ellos reconocen haberse infectado en la cárcel.
