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Cecilia Ossorio
Barcelona
Cada vez está más arraigada la idea de que la contaminación ambiental afecta al desarrollo del cerebro. Clínicamente documentados, existen 201 productos neurotóxicos que se han podido identificar en el cuerpo humano —90 de pesticidas, 25 de metales, 43 de solventes y 43 de otros elementos químicos— .
Sin embargo, sólo se ha podido probar que cinco de ellos provocan daños en el desarrollo cerebral (plomo, metilmercurio, PCB, DDT y arsénico), según explicó Philippe Grandjean, de la Harvard School of Public Health de Boston (Massachusetts). Lo hizo durante su ponencia “Trastornos del desarrollo neurológico y la contaminación química: la pandemia encubierta”, organizada por el Ciberesp (Proyecto INMA, infancia y medio ambiente) y la Fundación Roger Torné.
Grandjean recordó el caso de envenenamiento de mercurio de Minamata (Japón) en los años sesenta, que confirmó que el cerebro es sensible a los efectos neurotóxicos durante su desarrollo. Ahora bien, hizo hincapié en el factor clave del “timing”, los efectos tóxicos dependen del tiempo de exposición a la “tormenta química”. “Una cuestión fundamental de la vulnerabilidad de los niños es que comparten la carga de vulnerabilidad de la madre”, añadió.
Ahora acaban de presentar un estudio retrospectivo de 90 niños de Tabacundo (Ecuador) que revela la susceptibilidad fetal. Es la segunda parte ampliada de un trabajo anterior publicado en 2006 en Pediatrics. “Hemos visto que los niños cuyas madres habían trabajado en los invernaderos durante el embarazo tenían un retraso de su desarrollo cerebral y una presión sanguínea más alta. Las madres eran personas sanas, y si no hubieran pasado por ninguna toxicidad no habría ocurrido nada”, declaró Grandjean.
La cuestión es que la atención regulatoria se centra en los cinco productos que han demostrado daño cerebral cognitivo, y este experto pide que se vaya “más allá de la valoración de riesgos tradicionales”, porque hay cientos de productos sin garantías de inocuidad y los gobiernos deberían solicitar confirmación testada de cada uno antes de permitir su uso, en vez de prohibirlo cuando se descubre la carga contaminante.
