Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La futura Casa de la Primaria arranca con mal pie. Las ramas madrileñas de algunas de las organizaciones que la componen acaban de protagonizar uno de los ridículos más sonados que se recuerdan en la historia de la sanidad española. Equiparable, incluso, y ya es decir, al que hizo la Organización Médica Colegial (OMC) con la ley del vino y con la prescripción enfermera. Ridículo antológico porque horas después de que acudieran solícitas y aborregadas a la llamada del fallido líder socialista madrileño Tomás Gómez para hacer política contra Juan José Güemes y el PP en Madrid, y lanzaran un glorioso comunicado contra el área única, solicitando “su paralización al Tribunal Constitucional”, el propio Ministerio de Sanidad, regido por el PSOE, se descolgó con un clarificante mensaje: no habrá recurso desde el Gobierno porque la norma de Madrid es absolutamente legal. Dicho en pocas palabras: en una muestra de honestidad política e institucional encomiable, Trinidad Jiménez, les ha dejado en evidencia, colgadas de una brocha y, si me permiten la expresión, con el culo al aire. Por si a alguien le quedaba alguna duda, lo ocurrido deja claro ya qué organizaciones sanitarias actúan como meras correas de transmisión de la facción más rancia y trasnochada del PSOE, la misma que entona a todas horas la cantinela de la privatización y que es vapuleada cada vez que hay elecciones en la capital. Lean la lista de los firmantes del antológico comunicado emitido el día 12 de febrero, analicen los destinatarios de subvenciones públicas oficiales de algún municipio madrileño e, incluso, del Gobierno de Castilla-La Mancha, y obtendrán valiosas conclusiones. ¡Bonita manera de dilapidar los recursos públicos mientras se esquilma a los ciudadanos a base de impuestos!
El ridículo es aún más sonoro, si cabe, porque encima de apaleadas, las sociedades firmantes fueron engañadas. Me explico: cuando acudieron prestas a la llamada del aburrido Tomás Gómez y lanzaron el glorioso comunicado que ha terminado por retratarlas —comunicado que falta a la verdad a tenor de la opinión del Ministerio de Sanidad—, el fallido líder de los socialistas madrileños, conocido ya como Simancas II, sabía perfectamente que el área única madrileña era legal. Y lo sabía porque existen actas oficiales de la Vicepresidencia de Política Territorial de Manuel Chaves asegurando que la norma madrileña cumple con los preceptos legales y, desde luego, se aviene a lo dispuesto en la Ley General de Sanidad de 1986. Dicha información circula desde el mes de septiembre, y se produce a resultas de la petición que formula en tal sentido un alto cargo de Sanidad, Alberto Infante, que a punto ha estado de dejar también en ridículo a la propia Jiménez. ¿Acaso anda tan sobrado el ministerio de personal como para que dicho personaje malgaste el tiempo elaborando informes sobre el área única madrileña que, además de panfletarios y sesgados, están mal confeccionados jurídicamente? ¿Sabe este señor que en Barcelona y Sevilla existe también el área única? ¿Es de recibo que se utilice de forma tan torticera a la Inspección Sanitaria, poniendo su buen nombre en el alero? Otro que ha quedado retratado.
Y, por último, resaltar también el papelón que han hecho Lucas Fernández y José Manuel Freire, que no ha podido tener peor estreno como asesor áulico de aburrido Tomás Gómez. Desde lo ocurrido en Leganés, no se recuerda ridículo mayor por parte de un supuesto líder de la oposición. El mal hacer de la corte que le rodea ha destapado la red que hay tejida en Madrid. Una red a la que lo que menos le importa es la sanidad y que, como se ha visto, está además absolutamente desinformada. Tomás el breve, como se le conoce también en Ferraz, ha quedado desacreditado, en fin, para hacer cualquier crítica sanitaria a partir de ahora. El ridículo que ha hecho y que conscientemente ha obligado a hacer a las organizaciones que acudieron solícitas a su llamada no puede ser mayor.
