sns/ Tres ex ministros de Sanidad coinciden en la necesidad de cambiar la estructura de un sistema abocado a recortar y externalizar servicios

br

La incapacidad del ministerio para frenar la demanda en un SNS sin empresas líderes ha disparado su deuda, según García Vargas

Romay Beccaría pide flexibilidad y autonomía de gestión y Soria analizar la modificación del actual copago en conjunción con otros factores

| 2010-11-26T17:24:00+01:00 h |

MÓNICA RASPAL

Madrid

Los cambios demográficos, epidemiológicos y médicos sumados a los del modelo económico, que ha desembocado en una crisis, han situado a nuestro sistema sanitario en una encrucijada cuya resolución pasa por un inevitable cambio de modelo. Al menos así lo consideran los tres ex ministros de Sanidad reunidos por la Sociedad Española de Cardiología (SEC) en un debate en el que todos coincidieron también en puntos tan controvertidos como la posibilidad de abrir el debate sobre el copago y la necesidad de evaluar la eficiencia real de la innovación.

Más optimistas, José Manuel Romay Beccaria y Bernat Soria —ministros entre 1996 y 2000 y entre 2007 y 2009, respectivamente—, recordaron que el Sistema Nacional de Salud (SNS) como una de las instituciones mejor valoradas por ser “equitativo, universal y con financiación pública” y contar con los profesionales más cualificados, aunque el primero reconoció problemas de eficiencia como consecuencia de un modelo organizativo demasiado “rígido y burocrático” que no motiva científica ni económicamente a sus trabajadores. Por ello, abogó por cambiar el marco jurídico para hacerlo más flexible, con más facilidades para manejar los incentivos profesionales y más autonomía para los centros, ya sean de gestión pública, privada o concertada —siempre con financiación pública— y con indicadores de calidad respaldados por agencias independientes.

Para Julián García Vargas —titular de Sanidad entre 1991 y 1995— el problema del sistema es que no tiene mecanismos para frenar la oferta ni la demanda y carece de gobernanza y liderazgo porque el ministerio, en su opinión, “ha tirado un poco la toalla” ante esta resistencia al cambio de las regiones que se muestran reacias a darle más capacidad organizativa.

Como consecuencia de no saber atajar este exceso de utilización, el SNS ahora tiene dificultades para pagar a los proveedores, acumulando una deuda de 12.000 millones de euros por lo que la contención y la reducción del gasto es una necesidad imperiosa. “Ya no podemos hablar de sostenibilidad porque esto significa mantenerlo como está y eso no va a ser posible, por lo que debemos hablar de responsable, de que no empeore”, añadió.

Falta de transparencia

García Vargas también aludió a un “déficit” de información que dificulta la gestión en base a datos “reales” pues las comunidades autónomas son “islas” que no aportan sus datos detallados para que las comparen. Esta “falta de transparencia” en cuanto a sus actividades y la eficiencia de éstas es uno de los lastres de un sistema que, según este ex ministro, tampoco se ha planteado culturalmente que el ciudadano sea menos dependiente y sea tratado como un colaborador más. En la misma línea, Soria defendió la corresponsabilidad del ciudadano, junto con el resto de actores, en la gestión de sus problemas y su salud, y consideró que la sociedad española es ya lo suficientemente madura para debatir todo, incluido el copago que, a su juicio, no debe plantearse como “sí o no” sino como una modificación del que ya existe y nunca como una fórmula aislada, sino dentro del conjunto de factores.

En cuanto a la inversión en innovación y nuevas tecnologías, el investigador argumentó que “bien incorporadas” aumentan la eficiencia y no son un gasto, sino una inversión, pues el 40 por ciento de ésta retorna y el SNS es el gran empleador del Estado, afirmación ante la que García Vargas discrepó, incidiendo en la falta de una industria propia que exporte tecnologías de la información y de diagnóstico. “Un sistema con tantas potencialidades desaprovechadas que no ha conseguido crear empresas líderes ni ordenar la compra de tecnología —pues hay “redundancia” de ésta— tendrá como consecuencia la externalización de los servicios que prestan al sector privado”, aseguró.