PACIENTES

Tanto el borrador del Plan Estratégico para el Abordaje de la Hepatitis C, presentado el pasado jueves, como la calculadora están este lunes sobre la mesa en la reunión convocada por el ministerio de Sanidad con los consejeros del ramo para abordar los mecanismos que garantizarán la financiación de los tratamientos innovadores en hepatitis C en los términos que define la nueva estrategia.

Se trata de asegurar, según ha explicado el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, que el acceso a los nuevos tratamientos que contempla este plan se puede acometer sin afectar a la capacidad presupuestaria de las comunidades con la partida de farmacia. “Queremos conocer cuáles son sus presupuestos y qué podemos abordar. Les vamos a apoyar desde el ministerio de Sanidad con el esfuerzo y los ahorros alcanzados en farmacia y con el respaldo del ministerio de Hacienda”, ha indicado.

En la última semana se han despejado algunas incógnitas sobre la respuesta del ministerio a la situación de los enfermos de hepatitis C, pero no todas. El borrador del plan fue enviado el pasado miércoles a las comunidades autónomas y el mismo jueves era presentado ante los medios de comunicación.

De entrada, el texto cuenta con el respaldo de la comunidad científica, satisfecha con la idea de que bajo criterio médico los nuevos medicamentos antivirales de acción directa sean prescritos a pacientes a partir de F2, y en situaciones excepcionales en F0 y F1. No en vano, cualquier similitud con la estrategia de priorización remitida en diciembre a los facultativos en la última etapa del mandato de Ana Mato, que la Asociación Española para el Estudio del Hígado instó a no seguir en su día, es pura coincidencia (ver cuadro).

Lo que no está definido, a pesar del esfuerzo del ministerio por acompañar la presentación del plan de una partida económica que haga ver que es posible su materialización, son las facilidades que tendrán las comunidades autónomas para hacer frente a este gasto. Todo ello, a pesar de la insistencia del ministro en que tendrán la garantía del ministerio de Hacienda que asegurará la suficiencia financiera para poder abordar el pago de estos medicamentos sea cual sea el momento en el que haya que adquirirlos.

En sus cálculos, el ministerio toma como punto de partida los datos remitidos por las comunidades autónomas, que reflejan que en España hay 95.524 pacientes diagnosticados, de los que 51.964 se encuentran entre F2 y F4 . A los precios que actualmente tiene esta medicación tratar a estos pacientes (bajo el criterio que establece el plan) supondría más de 3.000 millones de euros y resultaría “muy difícil de abordar”, según el ministro.

Riesgo compartido

La solución ha llegado de la mano de la negociación de la financiación de los nuevos fármacos incorporados tras su paso por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos del pasado lunes. Harvoni, una combinación de sofosbuvir con ledipasvir, comercializado por la compañía Gilead; Viekirax, de AbbVie, que combina ombitasvir, paritaprevir y ritonavir; y Exviera, de la misma compañía, cuyo principio activo es dasabuvir.

Alonso explicó que tras un intenso proceso de negociación se han podido alcanzar acuerdos que permiten establecer un presupuesto con un techo de gasto total para el tratamiento de estos 52.000 pacientes de 727 millones de euros.

Los nuevos acuerdos incluyen fórmulas de riesgo compartido, de manera que las compañías tendrán que correr con el gasto de la ampliación del tratamiento en el caso de que no de resultado la administración de la terapia durante las 12 semanas establecidas, y también se ha negociado precio por volumen, tal y como explicó el ministro.

La financiación de estos tratamientos, con el techo establecido, se acometerá en un horizonte de tres años, lo que supone 242 millones al año, que no vendrán de una partida extraordinaria, como reclaman los partidos de la oposición.

Los cálculos del ministerio es que podrán obtenerse gracias al ahorro de 150 millones que supone la revisión de los precios de medicamentos cuya patente ha vencido este año, y que han sido renegociados entre enero y febrero. Además, Alonso cuenta con los 149 millones de euros que el Sistema Nacional de Salud destinó en 2014 a financiar fármacos para tratar la hepatitis C, lo que permitiría un margen de maniobra cercano a los 300 millones para este año.

En cualquier caso, insiste, con el apoyo de Hacienda será factible que las comunidades autónomas puedan financiar estos tratamientos a medida que sean prescritos por los especialistas, en función del volumen de pacientes que puedan asumir los centros de referencia. “Los laboratorios pueden esperar para cobrar, o las comunidades para pagar, pero el que tiene la enfermedad no puede esperar para ser curado”, puntualiza el ministro.

Una vez resueltos los flecos en materia de financiación, ministerio y comunidades revisarán si todas ellas cuentan con unidades específicas para poder hacer un correcto diagnóstico, según establece el plan, y se marcará el camino para formalizar el registro de pacientes. A partir de ahí, se convocará un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para llevar a cabo su aprobación formal.

Durante la presentación del plan nacional, Joan Rodés, que ha presidido el Comité de Expertos encargado de su elaboración, hizo hincapié en que pudo escoger a los miembros del comité con total libertad. Javier Crespo, uno de los expertos que ha participado en esta tarea, asegura que es un plan absolutamente integral que plantea una solución a largo plazo. “No hablamos solo de tratamiento, que es un aspecto clave, pero que lo diferencia de planes de otros países. El objetivo es que la morbimortalidad disminuya ahora y en los próximos años en España”, recalca.

El acceso a los tratamientos es solo la segunda línea maestra del borrador. La primera línea, explica Crespo, es un plan epidemiológico que se desarrollará a lo largo de los próximos años. El tercer aspecto es el desarrollo de un registro de pacientes con el objetivo de establecer un control de la infección y de conocer cuál es la efectividad real de estos fármacos, y una cuarta línea, subraya, tiene que ver con la investigación, que se canalizará a través del Instituto de Salud Carlos III.

El documento establece, además, los criterios que deben reunir las unidades que podrán tratar a estos pacientes y recoge que el intervalo máximo entre la prescripción del fármaco y el comienzo del tratamiento no debe superar las tres semanas. Para ello, según alertaban en la misma semana los portavoces de la Asociación Española para el Estudio del Hígado en el marco de su congreso anual celebrado en Madrid, sería imprescindible retirar las comisiones de control que existen en algunas comunidades autónomas, que deben autorizar estos tratamientos. Comisiones que, según el presidente de esta sociedad científica, Jaume Bosch, se crearon en su día para poner trabas administrativas. “Una táctica dilatoria que tendremos que vigilar”, asegura.

Más allá de esta preocupación, y de las dudas sobre la capacidad de las comunidades autónomas para financiar estos tratamientos, la AEEH considera que todas las aportaciones de sus expertos están reflejadas en la estrategia del ministerio. “El plan es modélico”, subraya Bosch, que afirma que si tras su paso por el Interterritorial se mantiene todo, “seremos la envidia del resto de Europa”.

“Por la prensa”

En el plano político, a la preocupación por la financiación del plan se suma el descontento de los partidos de la oposición, que han conocido por la prensa el contenido de la estrategia. PSOE y CiU, por ejemplo, fueron convocados de manera precipitada horas antes de la presentación del plan a una reunión en el ministerio a la que, finalmente no asistieron sus portavoces.

En cualquiera de los casos, la información proporcionada posteriormente por Sanidad no resuelve ninguna de sus preocupaciones. José Martínez Olmos, portavoz de Sanidad del Congreso del PSOE, está convencido de que el impacto presupuestario superará las previsiones del Gobierno, y puede que hasta los 1.500 millones, advierte. “Si no hay un fondo específico —insiste— puede ser papel mojado”. Y este fondo, tiene que ser un fondo adicional ubicado en el Fondo de Cohesión Sanitaria, remarca, destacando así el que considera que es uno los los eslabones más débiles del plan presentado por Sanidad.

Aunque todavía carecen de representación parlamentaria, partidos como Ciudadanos tienen su propia visión sobre este tema. Para Carme Pérez, portavoz de la Comisión de Sanidad de Ciudadanos en el Parlamento catalán, la solución también pasa por una disposición presupuestaria extraordinaria. “Habrá que crear una partida especial mediante un decreto de habilitación. Siempre hay partidas para contingencias especiales”, señala en declaraciones a GM. En su opinión, los consejeros han de exigir al ministro que su implantación se haga de forma coordinada y ecuánime en todo el territorio nacional.

Por su parte, la agenda completa de los portavoces de Podemos ha impedido que puedan realizar valoraciones sobre el plan nacional a este periódico.

Un “momento dulce”. Así ha vivido el presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (Fneth), Antonio Bernal, la presentación del plan para el abordaje de esta enfermedad, a pesar de las dudas generales sobre las posibilidades reales de financiación. Bernal confía en el criterio e independencia de los expertos que han elaborado el documento y, en cuyo borrador también ha participado la Alianza General de Pacientes, y mientras el tiempo no demuestre lo contrario, también en el compromiso político expresado por el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, para encontrar fórmulas de financiación que permitan que estos fármacos lleguen a todos los pacientes que, bajo criterio del especialista, deban recibirlos. Lo que sí inquieta al portavoz de los pacientes es que pueda producirse un “efecto embudo”, provocado por el aumento de las consultas y por las restricciones para que algunos centros en los que hasta ahora se ha proporcionado atención a los enfermos de hepatitis C puedan seguir dando asistencia, acorde con las nuevas exigencias que marca el plan. En cualquier caso, Bernal lanza un mensaje de tranquilidad a los enfermos, que considera que no han de anticipar sus citas o revisiones y recuerda que, llegado el caso, será el especialista que le trate habitualmente quien podrá determinar si puede beneficiarse de los nuevos fármacos.