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REDACCIÓN
Madrid
El Parlamento de Galicia ha dado luz verde a la proposición del Partido Popular —apoyada por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG)— de elaborar una ley de racionalización del gasto en la prestación farmacéutica que, según las previsiones, permitirá ahorrar nueve millones de euros al mes, más de cien al año. La propuesta incluye la creación, a partir del nomenclátor nacional, de un catálogo propio de fármacos financiados por la Xunta, entre los que se incluirán las presentaciones más baratas de cada compuesto, una iniciativa que ni la oposición ni los representantes de los profesionales han querido apoyar.
Los populares han aclarado que en este catálogo se incluirán todos los principios activos pero sólo los medicamentos que presenten el precio más eficiente, mientras que desde el BNG han amparado la propuesta con matices, por lo que presentarán recursos para que el marco normativo actual permita elaborar este catálogo y se establezcan mecanismos que garanticen el suministro a las farmacias.
Por su parte, los socialistas gallegos consideran que este tipo de estrategias deben presentarse primero en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) y los colegios de médicos —que mantuvieron un encuentro con la consejera de Sanidad, Pilar Farjas, a finales de julio (ver GM, nº 345)—han reiterado la necesidad de adoptar este tipo de medidas con el consenso de todos los colectivos profesionales.
Además, ya en su momento expresaron a Farjas su deseo de contribuir con la contención del gasto y hacer más eficiente el sistema pero siempre en base a estudios de coste-eficacia de los principios activos y a partir de la elaboración de guías farmacoterapéuticas. También pidieron a Sanidad que retomara el Plan de Mejora de la Atención Primaria, dotando a los médicos de las herramientas necesarias para mejorar la resolución de las consultas.
Iniciativa discriminatoria
Más duros se han mostrado desde la patronal Farmaindustria manifestando su preocupación por una iniciativa que califican de “discriminatoria” para los ciudadanos gallegos y que “atenta” contra la equidad de los pacientes en el acceso a los tratamientos disponibles y contra su derecho de acceder a los medicamentos en condiciones de igualdad respecto a ciudadanos de otras comunidades.
Además, creen que la proposición no establece medidas para promover alternativas terapéuticas menos costosas, sino que “excluye sin más” determinados medicamentos rompiendo el principio de equidad en el acceso a las prestaciones sanitarias básicas e “invadiendo” competencias que son exclusivas de la Administración General del Estado.
