EVALUACIÓN/ Moza descartó nuevos impuestos para financiar su desarrollo
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Los dos primeros informes de evaluación reclaman más peso para el Territorial
Los documentos aconsejan mejorar la eficiencia y revisar los costes del sistema
E.M.C.
Madrid
El Gobierno revisará los mecanismos para aplicar el baremo en dependencia. Se trata de una de las diez medidas para mejorar la implantación de la ley anunciadas la semana pasada por el secretario General de Política Social, Francisco Moza, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad y Política Social del Congreso, en la que se presentaron los primeros informes de evaluación.
Entre estas medidas, entre las que también se encuentra la propia evaluación, Moza destacó la creación de un manual de buenas prácticas o la intensificación de la cooperación interadministrativa.
Tal y como avanzó la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, en el último Consejo Territorial de Dependencia (ver GM nº 303) , la evaluación de la misma se ha adelantado al mes de octubre. Y lo ha hecho con dos informes esperados desde hace meses por los parlamentarios. El contenido de uno de ellos, el elaborado por la Agencia Estatal de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, se filtró a la prensa antes del verano, dejando al descubierto importantes lagunas en el desarrollo del sistema de atención a la Dependencia. El otro, a cargo de un grupo de expertos, fue solicitado por la comisión.
Francisco Moza explicó las deficiencias detectadas en cada documento. El informe de la agencia estatal invita a implementar la labor del Consejo Territorial, al que se debe dotar de medios y estructuras para cumplir la ley. Asimismo, sugiere que se haga un seguimiento y una evaluación de los costes, y recomienda reforzar la el papel de la administración para supervisar los servicios de dependencia prestados y el seguimiento de los plazos y de las cargas a los ciudadanos, que las comunidades deben respetar en sus desarrollos normativos.
En materia de financiación, critica la falta de datos sobre las cuantías dedicadas por las comunidades autónomas, algo en lo que Moza aseguró que se está trabajando en la actualidad. En relación a la sostenibilidad, Moza advirtió de que la financiación de la dependencia está garantizada, aunque apuntó la necesidad de mejorar la eficiencia y revisar costes.
Por otra parte, el informe del grupo de expertos incide en la coordinación socio-sanitaria, que el portavoz emplazó a la reunión en febrero de un consejo extraordinario de responsables de sanidad y política social autonómicos.
Agilizar los tiempos de gestión y “retocar el baremo”para evitar confusiones de interpretación son otras necesidades inaplazables del sistema, según este documento, junto con la homogeneización de los equipos que realizan estas valoraciones. En cualquier caso, Moza destacó que el informe no es vinculante, y que algunas de sus sugerencias son inasumibles, como la creación de un nuevo impuesto para financiar la dependencia, la exención del copago del gasto farmacéutico, o contemplar la financiación privada de partes del sistema.
