El consejero mostró su convencimiento de que “para lograr un resultado plenamente satisfactorio se deben adoptar medidas de consenso en todo el país, superando la actual situación de política dispersa y competencia entre las comunidades autónomas”. En este sentido, matizó que es necesario “homogeneizar aspectos organizativos y retributivos, para evitar el incremento progresivo, desproporcionado y competitivo entre comunidades”, a la vez que incidió en que cuestiones como la carrera profesional, las retribuciones o los incentivos deben ser objeto de debate en la actualidad.

Por otra parte, Álvarez Guisasola subrayó que sería deseable la adopción de criterios comunes sobre estabilización del personal a través de convocatorias periódicas de procesos selectivos o de movilidad. Su propuesta radica en la constitución de una mesa de negociación a nivel nacional que fije criterios básicos y márgenes de actuación. Un punto en el que, aseguró, tampoco se puede obviar la homologación de titulaciones sanitarias que, en sus palabras, debe ser un trámite ágil a caballo entre los ministerios de Sanidad, Educación y las comunidades autónomas.

Otra de las propuestas del consejero castellanoleonés pasa por la definición de un plan de salud laboral y agresiones para el personal sanitario, que estaría coordinado por todas las comunidades y el ministerio de Sanidad.

Como paso previo a estas medidas, Álvarez Guisasola destacó que el Pacto por la Sanidad debe garantizar el principio de suficiencia financiera: “Si no es así, todo lo demás es muy difícil de alcanzar”.

Respecto a los profesionales que ya integran el Servicio de Salud de Castilla y León, el consejero destacó la importancia de su “fidelización”. Para ello, aseguró, existen mecanismos como la carrera profesional, que han reconocido ya a 22.000 profesionales en grado uno y 18.000 en grado dos. Un arma para incentivar a los médicos que “aumenta las retribuciones y aporta capacidad de promoción individual”.