SOSTENIBILIDAD/ Mientras las entidades colegiales aplauden la opción de prolongar el ejercicio, los sindicatos rechazan la medida del Gobierno
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La Organización Médica Colegial defiende la apertura de un abanico entre los 60 y los 70 años en función de las capacidades del facultativo
CESM califica la medida como un atentado contra el Estado de bienestar que constituye un recorte evidente de los derechos sociales
ESTHER MARTÍN DEL CAMPO
Ciudad
La propuesta del Gobierno de retrasar hasta los 67 años la jubilación para garantizar la sostenibilidad de las pensiones ha dividido al sector sanitario. Eso sí, hay una crítica en común, la forma unilateral en la que se ha planteado una opción que debería ser negociada con los agentes sociales.
Las organizaciones médicas han visto en esta medida un clavo al que aferrarse en sus críticas a la jubilación obligatoria a los 65 años impuesta en algunas comunidades como Andalucía o Cataluña. De hecho, el Consejo Andaluz de Médicos ha manifestado su apoyo a las medidas que amplíen su edad de jubilación más allá de los 65 años, como la propuesta por el Gobierno, aunque matiza que debe ser una decisión voluntaria.
Desde la Organización Médica Colegial, su secretario general, Serafín Romero, defiende la misma postura ya expresada ante los conflictos regionales, la apertura de un abanico entre los 60 y los 70 años en función de las capacidades físicas y psíquicas de los profesionales. Sin embargo, la propuesta del Gobierno no contempla esa “flexibilidad” en la que coinciden los portavoces de los médicos. En ese caso, advierte Romero, “cualquier medida que conlleve una prolongación obligada tendrá una repercusión en la población porque habrá facultativos que no estén capacitados”.
Para Semergen, no es una mala noticia. Su presidente, Julio Zarco, asegura que la escasez de profesionales y las perspectivas en 10 ó 15 años hacen que sea un error limitar la jubilación a los 65 años: “Lo deseable sería poner de manera voluntaria la jubilación entre los 65 y los 70 años”, indica.
La medida que tanta polémica ha despertado sigue la estela de otros países europeos, como Italia o Suecia. Carlos Amaya, vicepresidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados (FEMS), considera que en la propuesta no hay nada anormal que no esté pasando en el resto de los estados , aunque critica las formas. “En el fondo, la decisión se basa en pura necesidad, en las propias arcas de la seguridad social, que, si se ven comprometidas, no sólo afectarán a los médicos, sino al conjunto de los trabajadores”, apunta. En cualquier caso, también reclama una flexibilidad que asegura que existe en la mayor parte de esos países, donde los propios profesionales participan en este tipo de decisiones, al igual que sus organizaciones, que intervienen para evaluar esa capacitación para seguir ejerciendo.
Oposición sindical
A caballo entre los facultativos y el movimiento sindical, la postura de CESM les acerca a los sindicatos de clase. Su presidente, Andrés Cánovas, no duda en calificar la medida como un “atentado contra el Estado de bienestar”, un “recorte de derechos sociales” que constituye “un despropósito que retrata la ineptitud de la clase política”. Cánovas recuerda que CESM siempre ha respetado la permanencia en el trabajo más allá de los 65 años, cuando es una opción voluntaria, “nunca como una imposición”. El portavoz añade que para los médicos, “la solución pasa por superar la actual recesión y racionalizar gastos innecesarios, sin hacer recaer sobre los asalariados la responsabilidad de una crisis provocada por otros”.
Desde las secciones de Sanidad de Comisiones Obreras y UGT el rechazo al posible retraso de la edad de jubilación es frontal. Pilar Navarro, secretaria del Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT, asegura que el sindicato no está de acuerdo en términos generales, “fundamentalmente por las formas” y recuerda que está regulado en el ámbito sanitario a través del Estatuto Marco, que permite prórrogas voluntarias hasta los 70 años. En cualquier caso, la portavoz de UGT subraya que “no es el momento”.
La misma oposición que muestra la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. Su secretario, Antonio Cabrera, critica la forma y el fondo de la medida. “Cualquier iniciativa que altere las líneas acordadas en el Pacto de Toledo debe abordarse en los marcos de concertación social y debate político habilitados, evitando provocar una situación de alarma, próxima a la crispación social” asegura. Cabrera insiste en que en el ámbito sanitario, como en cualquier otro, no es admisible fijar una edad de jubilación sin realizar un análisis de los diferentes puestos, así como de la capacidad física y mental de los trabajadores, para asegurar el sistema de garantías de asistencia de calidad del SNS. Acerca de las consecuencias sobre usuarios y profesionales también ha advertido el sindicato de enfermería Satse, que recuerda que cualquier medida de este tipo ha de contar con el consenso de los grupos parlamentarios y los agentes sociales.
