Las comunidades autónomas tienen ya sobre la mesa los mimbres con los que el Ministerio de Hacienda aspira a tejer un nuevo sistema de financiación autonómica que actualice la fórmula actual, diseñada en 2009.
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, remitió a las comunidades autónomas días atrás el documento con el que pretende iniciar este debate. A partir de ahora, y durante todo el mes de enero, las regiones harán llegar sus comentarios y aportaciones con la intención de que esta reforma se sustente en un diálogo multilateral, lo que según el gobierno marca un cambio con respecto a las reformas de modelos anteriores.
En concreto, el Ministerio de Hacienda ha trasladado una propuesta de cálculo de población ajustada, que constituye una de las variables esenciales del modelo de financiación y determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficos, sociales o territoriales.
Este modelo parte de los trabajos previos realizados por la Comisión de Expertos y el Comité Técnico Permanente de Evaluación, lo que significa que se ha tenido en cuenta la opinión de las comunidades autónomas que han participado en estos foros, remarcan desde La Moncloa. La propuesta del Gobierno toma como referencia la población ajustada, como la variable más representativa de las necesidades de gasto.
El peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38 por ciento a una de entre el 40 y el 45 por ciento
En cualquier caso, Hacienda entiende que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y el reparto por tipología. De hecho, subraya que actualmente se cuenta con más y mejores datos estadísticos que cuando se aprobó el modelo vigente, de manera que es factible realizar un cálculo de población ajustada más realista y con mayor estratificación.
Gasto sanitario
El nuevo modelo permitirá, según destaca el ministerio, un cálculo más exacto de las necesidades de la población en cuanto a gasto sanitario. En este apartado, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad y donde se aplican unos coeficientes que reflejan los costes sanitarios según la edad de sus beneficiarios.
En la propuesta remitida a las comunidades, los grupos se dividen en tramos quinquenales, lo que supone pasar de 7 a 20 grupos. Esta nueva estratificación permitiría afinar mucho más el coste sanitario real de estas poblaciones, ya que este indicador, la población protegida equivalente, tiene en cuenta que la edad es relevante en términos de gasto sanitario.
Esta mayor precisión es posible gracias a que actualmente se dispone de indicadores de uso y gasto más desglosados por tramos de edad, precisan desde el Gobierno.
Por otra parte, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados; servicios primarios de salud; farmacia; y consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Con todos estos elementos, el peso del gasto sanitario en la población ajustada aumentaría respecto al sistema actual y pasaría de tener una ponderación del 38 por ciento a una de entre el 40 y el 45 por ciento.
El texto remitido a las regiones también tiene en cuenta otras variables denominadas correctivas no poblacionales, entre las que se encuentra la dispersión o la insularidad, que se ponderarán en función de diferentes parámetros para realizar una distribución de los recursos más justa y realista. En la insularidad, por ejemplo, este factor se medirá en función de la distancia que separa las islas de la península.
Trajes a medida, en lugar de reglas generales sensatas
Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), se valora positivamente que el Ministerio mantenga el núcleo de la propuesta de la Comisión de Expertos de 2017. No obstante, la fundación critica la utilización en la fórmula de población ajustada de variables ad-hoc que, en su opinión, introducen elementos de arbitrariedad en el cálculo de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas.
Según sus estimaciones, la propuesta de Hacienda aumentaría muy apreciablemente las necesidades de gasto atribuidas a Extremadura (+8,6%) y Aragón (+7,0%) y reduciría las de Canarias (-3,0%) y Galicia (-2,7%). La propuesta también afectaría a la baja a comunidades como Cataluña (-1,58%) Comunidad de Madrid (-1,05%), Comunidad Valenciana (-1,7%) y Andalucía (-0,54%) y sería ventajosa, por ejemplo, para La Rioja (5,41%) y Cantabria (4,51%).
En su análisis, Fedea subraya como un vicio persistente en nuestro sistema de financiación la tendencia a intentar hacer “trajes a medida” en lugar de buscar reglas generales de reparto sensatas.
