“Mejorar las cifras de evasión fiscal aportaría mayores recursos sanitarios”

Jorge Onrubia, economista, acaba de presentar su trabajo sobre “Financiación autonómica y administración tributaria: Una propuesta de modelo integrado de gestión” de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). El experto analiza para GACETA MÉDICA el impacto de su modelo en la financiación sanitaria.

Pregunta. En su opinión, ¿en qué modelos debe inspirarse el gobierno que aborde una reforma del modelo de financiación autonómica que quiera garantizar recursos para la sanidad?

Respuesta. No hay un modelo ideal. La reforma del modelo de financiación autonómica debe resolver los importantes problemas mostrados por de 2009. La discusión habitual de las comunidades autónomas (CC. AA.) se centra en la insuficiencia de los recursos aportados por el sistema, pero el principal defecto del actual está en los problemas de nivelación horizontal y vertical y, especialmente, en las importantes diferencias de financiación per cápita entre comunidades a las que conduce el complejo sistema actual con cuatro fondos. Se trata de un problema de diseño del modelo, inspirado en principios de igualdad de acceso a los servicios fundamentales a nivel individual y equidad interterritorial.

P. ¿Qué problemas se plantean?

R. Las CC. AA. han estado más preocupadas en cada reforma por conseguir fondos adicionales que por alcanzar un adecuado diseño global del modelo. Esto lleva a la contradicción. Consideran un buen diseño del sistema de financiación sólo si les reporta más recursos, pero en la primera liquidación anual esgrimen la desigualdad con la que este trata a las comunidades. En cuanto a los recursos para la sanidad, tiene que ver con la cantidad de recursos que los españoles –al margen de quién posee las competencias por niveles de gobierno– desean destinar a esta política. Fijado ese volumen de recursos globalmente, el modelo de financiación debe proporcionar a cada CC. AA. recursos necesarios para asegurar una cobertura igual de las prestaciones básicas del SNS.

P. ¿Cómo se puede lograr?

R. Para conseguir esto, de nuevo, el sistema de financiación debe contemplar los mecanismos adecuados de nivelación, tanto de forma vertical —reparto global de recursos entre el Estado y las CC. AA.—como horizontal —para asegurar que no existen diferencias finales de financiación entre comunidades que impidan la igual cobertura de esas prestaciones—. Para lograr esta asignación de recursos correcta, el diseño del modelo debe atender a revisar la fijación de las necesidades de gasto en las comunidades utilizando el criterio de la población ajustada.

P. ¿Qué lagunas tiene el actual?

R. No contempla el sistema tributario de forma global, como un conjunto de figuras impositivas interrelacionadas que, además, se aplican sobre contribuyentes individuales y societarios que operan en todo el territorio nacional y fuera de él. Aborda la gestión tributaria de forma fragmentada, con una muy débil coordinación entre las administraciones tributarias, lo que no permite aprovechar las importantes economías de escala y de especialización que se originan en cualquier sistema tributario fuertemente descentralizado —y el español, sin duda, lo está— además de no facilitar un uso compartido de la información con relevancia fiscal, input esencial para garantizar niveles satisfactorios de cumplimiento tributario.

P. ¿Cómo repercuten en la sanidad?

R. Como para el resto de políticas de gasto público, un mal funcionamiento de la administración tributaria conduce a niveles de cumplimiento tributario de los contribuyentes por debajo de los socialmente deseables. En otras palabras, a una insuficiencia en los recursos disponibles, que acaban incidiendo en el endeudamiento o, en definitiva, en las prestaciones proporcionadas por el sector público.

P. En su trabajo propone una reforma que consiste en un modelo de administración tributaria integrada, ¿qué ventajas aportaría a la sanidad?

R. En la medida que permitiese un gestión más eficiente y eficaz del sistema tributario, se trasladaría a mejorar el cumplimiento tributario, es decir, a reducir las abultadas cifras de evasión y elusión fiscales. Supondría mayores recursos, tan necesarios para uno de los dos pilares del Estado del Bienestar. Las presiones en el gasto sanitario por el envejecimiento poblacional justifican intentos por mejorar la recaudación.

P. ¿Habría margen en su reforma para impuestos finalistas?

R. Mi posición es contraria a la utilización de impuestos finalistas, no solo para financiar la sanidad. Como la experiencia ha mostrado en los países que han aplicado este tipo de financiaciones condicionadas, el resultado es poco alentador, pues a medio plazo estos incrementos de ingresos se acaban diluyendo en el resto de políticas de gasto, sin que se observen mejoras sustanciales en las políticas que justificaron su aprobación. Además, su implantación entra en conflicto, en general, con los principios de universalidad y generalidad que deben presidir la distribución de las cargas fiscales.

P. Su modelo, inspirado en el canadiense, plantea una administración tributaria dependiente del gobierno central y administraciones tributarias independientes, ¿cuál es el punto de partida actual?

R. La integración ha de entenderse como una cuestión de grado, según la extensión con la que se compartan responsabilidades de gestión entre niveles de gobierno. La situación actual —en la que coexisten la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las agencias o servicios de administración tributaria de las CC. AA. de Régimen Común, además de las tres administraciones tributarias de las respectivas Diputaciones Forales Vascas y la administración tributaria de la Comunidad Foral de Navarra— recomienda, en mi opinión, un modelo inicial de integración basado en la participación conjunta de ambos niveles de gobierno en los procesos de toma de decisiones de la política de gestión tributaria. Una reforma como ésta tiene que abordarse desde la colaboración leal y participativa de todos los gobiernos implicados. Además, las fórmulas de integración no pueden entenderse por la administración estatal como vaciar competencias.

P. ¿Es compatible una administración tributaria centralizada que proporcione recursos a una sanidad absolutamente descentralizada?

R. El problema esencial es cómo garantizar un cumplimiento tributario propio de un país avanzado dentro de la Unión Europea. Al fin y al cabo, esto está directamente relacionado con los recursos que se aportarán a las políticas de gasto y a nuestra sanidad pública. Son facetas diferentes, aunque ambas esenciales para que nuestro sistema de descentralización política, con la adecuada exigencia de responsabilidades, funcione satisfactoriamente.