“En tres años, entre 2020, 2021 y 2022, la Comunidad de Madrid penalizó en la bolsa de empleo del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) con un año sin ser llamados para trabajar a 346 médicos de familia, 53 pediatras de Atención Primaria y 4.055 enfermeras”. Fueron los datos aportados por la diputada de Más Madrid Marta Carmona en la pasada Comisión de Sanidad, a los que respondió la directora general Asistencial del Sermas, Almudena Quintana: “En la bolsa única del médico de Familia de Atención Primaria, la penalización no implica que el profesional no pueda trabajar, seguirá saliendo en las ofertas en el último lugar”.
Rechazar una oferta de trabajo del Sermas, sin encontrarse en algunas de las situaciones de posible renuncia, es uno los criterios de penalización que recoge el acuerdo sobre selección de personal temporal en las instituciones sanitarias adscritas al Servicio Madrileño de Salud, cuya última actualización es del 28 de julio del 2023. Otra de las situaciones susceptibles de ser penalizadas es rechazar una oferta de mejora de empleo para un nombramiento interino por plaza vacante, así como renunciar a un nombramiento durante el periodo de vigencia, entre otros criterios.
Respecto a estos profesionales penalizados, la directora general Asistencial del Sermas concretó que no implica que no puedan trabajar, sino que aparecerán en las ofertas en el último lugar. De este modo, “no significa que se deje de llamar a los profesionales”, explicó Quintana en respuesta a la portavoz de Más Madrid; sino que, “si surge la oportunidad, se les podrá volver a llamar aunque les conste una penalización”, según recalcó la responsable. “Con esta medida, hemos conseguido ir cubriendo vacantes, tanto como el 10 por ciento de las vacantes que tenemos disponibles, en unas semanas”, subrayó.
La directora general destacó que este sistema ha permitido una mejora en la contratación temporal realizada en los distintos centros del Sermas, al tiempo que indicó que las causas justificadas de renuncia, contenidas en el punto 10 del acuerdo, “no se penalizan”. Estas son, entre otras, estar en periodo de descanso maternal; estar en situación de enfermedad o accidente; fallecimiento o enfermedad grave de familiar hasta segundo grado por consanguinidad o afinidad; estar trabajando mediante contrato nombramiento en el momento de la notificación o cuidados de hijos menores de tres años.
“Estas causas tendrán que acreditarse, no penalizando al solicitante y quedando no disponible en la bolsa hasta que finalice la situación que motivó la renuncia”, reiteró al respecto. “Lo único que hemos hecho es poner a los profesionales donde creemos que son más necesarios y no se ha penalizado a aquel que en bolsa no estuviera estos centros puestos como prioridad para la elección de los mismos”, enfatizó.
Centros de salud “caídos”
Por su parte, Carmona reprochó a la Consejería de Sanidad que mantuviera a esos profesionales “sin ser llamados” mientras decían que “no tenían gente para contratar”. “¿A usted le parece normal que, en un contexto de carestía en el que hay muchos cupos sin cubrir, en el que los profesionales no faltan, pero tampoco sobran, haya 346 médicos de familia penalizados en tres años?”, cuestionó a la directora general Asistencial del Sermas.
Además, la diputada aseguró que existe una “cascada maligna sucediendo en el Sermas”, en referencia a los centros de Atención Primaria que define como “caídos” y que están “infradotados de base”, donde “faltan unos cuantos profesionales por cubrir, aparecen de forma sobrevenida una o dos bajas y el resto de los profesionales caen en cascada como un castillo de naipes”. Según expuso, en la Comunidad de Madrid constan más de 20 centros de Atención Primaria con esta categoría de “centros caídos”. “No hay un problema de falta de profesionales, sino de qué les falta a esos profesionales y de en qué condiciones laborales están pretendiendo que trabajen”, criticó.
“Actualmente, cubrir cupos en estos centros caídos es muy difícil porque nadie quiere hacer una sustitución para hacer ‘Medicina de guerra’”, lamentó Carmona. En su opinión, “quienes aceptan sustituciones es para dar apoyo a un equipo de Atención Primaria que está funcionando como tal; y, cuando está caído, ya no es un centro de Atención Primaria por mucho que ponga ‘centro de salud’ en la puerta”, objetó.
