El derecho a la protección de la salud se establece en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978. En 1986, la Ley General de Sanidad dio respuesta a dicho mandato constitucional y nacía así el Sistema Nacional de Salud (SNS), que sustituyó la beneficencia por derechos, y vinculó el derecho a la atención sanitaria pública a la toda la ciudadanía. El SNS se creó como una agrupación coordinada y descentralizada de los servicios de salud de las comunidades autónomas, que bajo un órgano de coordinación: el Consejo Interterritorial, se constituyó como un instrumento de garantía de equidad, universalidad, cohesión y calidad.

Hasta el año 2011, la cobertura sanitaria pública y el acceso a la atención sanitaria se habían ido consolidando y ampliando por las acciones políticas de los diferentes gobiernos.

En 2012 la publicación del Real Decreto-Ley 16/2012 estableció un cambio de modelo del sistema sanitario, fracturó la universalidad al dejar de atender a personas extranjeras, obligó al copago en medicamentos a los pensionistas. Las políticas de recortes aplicadas por los gobiernos del PP, junto con la tasa de reposición cero debilitaron a la sanidad pública, en estas condiciones de agotamiento, en 2020, con 30.000 profesionales menos, nos tuvimos que enfrentar a la pandemia de la COVID-19.

En julio de 2018, el gobierno socialista presidido por Pedro Sánchez recuperó el derecho a la sanidad pública universal. El Gobierno de España eliminó el copago a los más vulnerables. Actualmente está en trámite parlamentario el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del SNS. Se va a crear la Agencia de Salud Pública, la Ley General de Salud Pública ya establecía su creación en 2011.

“Por tres años consecutivos, los PGE contemplan inversiones históricas para la sanidad”

Las equivocadas políticas los gobiernos del PP y la pandemia nos han dejado múltiples retos sanitarios que el Gobierno de Pedro Sánchez ha afrontado desde minuto cero, con coraje y con la prioridad de proteger a las personas, a los profesionales sanitarios y al propio SNS. Por tres años consecutivos los Presupuestos Generales del Estado contemplan inversiones históricas para la sanidad, para fortalecer el SNS y ampliar y mejorar sus capacidades. En este momento sabemos que el camino correcto es el que está siguiendo el Gobierno de España, que toma medidas ante el reto la Cronicidad, de la Salud Pública, de la Innovación y de la Atención Primaria y Sociosanitaria, con una hoja de ruta clara, haciendo que España siga avanzando y protegiendo a quien más lo necesita.