Se dice que “las comparaciones son odiosas”. Más aún si lo que se trata de comparar no atiende los mismos criterios, tiempos y/o formas. Recientemente se han conocido dos informes relativos a la aprobación y financiación de medicamentos oncológicos en España. Uno de ellos ha sido presentado por el ministerio de Sanidad —con un análisis acotado al ámbito nacional— y otro por Efpia, la patronal europea de la industria farmacéutica: el informe W.A.I.T. Dos informes que, si no pueden contrastarse, sí pueden analizarse “en paralelo”. Cuando menos, en sus contenidos en común, como es el caso de los tiempos de acceso a las innovaciones oncológicas.
Atendiendo al informe de Sanidad, el tiempo medio en que un medicamento innovador se pone a disposición de prescriptores y pacientes desde su primera aprobación por la Agencia Europa del Medicamento (EMA) se sitúa en torno los 400 días. En el caso del informe W.A.I.T., el plazo medio se eleva a 517 días. Al margen de las diferencias y sean cuáles sean los mismos, ¿debe ser objetivo prioritario reducir los plazos en una patología en la que cada día, por no decir cada minuto, cuenta? ¿Cómo puede contribuir cada parte —agencias reguladoras, administraciones, industria, etc.— a reducirlos? No cabe duda que se trata de un objetivo a conseguir entre todos.
Desde el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) califican de “lento” e “ineficiente” el acceso a la innovación en los últimos años. Recuerdan que los pacientes oncológicos españoles están perdiendo oportunidades de acceso a fármacos y, con ello, de mayor supervivencia. ¿Son necesarias tantas evaluaciones por los comités de Índice de Posicionamiento Terapéutico (IPTs) tras la aprobación de la EMA? Esa es otra de las preguntas que conforman el debate. Las sociedades científicas piden “transparencia” en todo el proceso negociador para esta incorporación, tanto a la industria farmacéutica como al ministerio.
Asimismo, el coste de la innovación se ha incrementado en paralelo al volumen de administración de fármacos oncológicos. Unos incrementos proporcionales a la mayor incidencia del cáncer, que ya supera un cuarto de millón de nuevos casos cada año, siendo la segunda causa de muerte en la población.
De hecho, Sanidad detalla que el importe que el Gobierno español dedica a medicamentos oncológicos ascendió a 3.110 millones de euros en 2021, lo que corresponde a un 16,19 por ciento respecto al total del gasto público en fármacos. Es objetivo de todos garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Sin embargo, desde la Fundación ECO insisten en que “debe prevalecer la investigación sobre la economía”. Especialmente, en aquellas situaciones en la que un fármaco puede cambiar el curso de una enfermedad que está en progresión.
