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El consejero de Salud de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, “va a estudiar” la posibilidad de que la comunidad cuente con una ley para que el personal sanitario sea considerado como autoridad pública. Así lo aseguró al reunirse con miembros del Consejo de Colegios Profesionales Médicos de Extremadura. Carlos Ramón Arjona, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres ha explicado a GACETA MÉDICA que, tras plantearle esta posibilidad al consejero, le pareció “una buena idea” ya que, desde Salud, querían buscarle una solución a las agresiones a facultativos. Esta nueva ley supondría que cada vez que haya un insulto, una amenaza, una agresión, se pediría la intervención del Ministerio Fiscal que, directamente, acusaría a los agresores. En este sentido, el profesional se encontraría “mucho más protegido”, las sanciones serían “mucho más elevadas” y, por tanto, sería disuasorio para los agresores.
Sin embargo, Arjona lamenta que el problema pase ahora porque el Gobierno ‘popular’ no tenga mayoría suficiente para aprobar nuevas leyes, por lo que el siguiente eslabón pasará por conseguir el apoyo de los socialistas e Izquierda Unida, que espera que sean “sensibles” a la situación de “indefensión” de los facultativos.
