Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
El proyecto de presupuestos de 2011 constituye siempre el mejor termómetro para medir la gran distancia existente entre lo prometido por los políticos y la cruda realidad. Como no podía ser menos, la sanidad no permanece al margen de este fenómeno: las restricciones derivadas de la nefasta gestión de la crisis económica han desnudado ahora los anuncios mediáticos, los brindis al sol y las proclamas vacuas que ha estado formulando el ministerio del ramo durante numerosos meses en tribunas, foros, simposios y hasta documentos oficiales. Los ejemplos que arrojan las cuentas públicas presentadas al Parlamento son innumerables.
Alardeó, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad de que las políticas de uso racional de los medicamentos iban a ser determinantes en su estrategia futura de control del gasto farmacéutico, algo que parece razonable y hasta digno de elogio. Lo reflejó incluso, a través de Gaspar Llamazares, en el fallido Pacto de Estado del Congreso de los Diputados con el que pretendía parapetar sus actuaciones. Los datos, sin embargo, desmienten tal anuncio. De entrada, los fondos destinados a programas para oferta y uso racional de los fármacos tanto de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como de la Dirección General de Farmacia descienden en 3,2 millones de euros, al pasar de los 54,9 millones de este año a los 51,7 millones previstos para 2011. ¿No quedamos en que iban a mejorarse estas iniciativas? ¿Por qué se les quita entonces presupuesto? ¿Dónde están los recursos para que los médicos reciban de una vez por todas información “aséptica” e “independiente” sobre los productos que recetan y no dependan de las compañías farmacéuticas?
Sigamos. Si en algo existe unanimidad manifiesta es en la debilidad de las políticas de recursos humanos y de cohesión sanitaria del Ministerio. El propio pacto, en sus conclusiones, alude de forma genérica a la necesidad de mejorar en ambas áreas, y establece incluso una lista de tareas a realizar en el capítulo de personal que llevan pendientes desde 2004. De hecho, Elena Salgado enumeró algunas de ellas nada más llegar a su puesto en el Paseo del Prado. ¿Qué dicen los presupuestos al respecto? Una vez más, las buenas palabras se las lleva el viento. Las cuentas nos descubren que la Dirección General de Ordenación Profesional, Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección, dirigida hasta hace poco por Alberto Infante, será la que sufrirá el mayor recorte de todo el ministerio, al pasar de los 151,5 millones de 2010 a los 124,7 en 2011.
La lucha contra las drogas y la seguridad alimentaria son también buenas muestras de la esquizofrenia pública en la materia. A pesar de embarcarse en una auténtica cruzada contra el tabaco, y a pesar de estar disparadas las cifras de consumo de sustancias como la cocaína en la población juvenil, el Gobierno ha efectuado un recorte en el Plan Nacional que transfirió desde Interior a Sanidad. En concreto, la delegación recibirá 3,7 millones menos. El descenso afecta, obviamente, a las ayudas que la Administración central transfiere a las comunidades autónomas, y a familiares y organizaciones sin ánimo de lucro. En materia alimentaria, y en vísperas de que vea la luz la ley de seguridad, la agencia supuestamente encargada de pivotar gran parte de las actuaciones pierde la friolera de 1,5 millones de euros, al pasar de 18,8 millones de euros a 17,3 millones.
