Profesión/ Pese a los temas urgentes que dejó pendientes para septiembre, la pandemia de gripe A sigue acaparando los trabajos de Sanidad
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Los médicos seguirán adelante con la movilizaciones anunciadas para otoño si sigue sin aclararse la adaptación de los estudios a Bolonia
El retraso en la creación de la especialidad de Urgencias hará prácticamente imposible contar con residentes en 2011, según Semes
Si nada lo impide, Sanidad podría dar un impulso definitivo en septiembre a una de sus asignaturas pendientes desde la aprobación de la Ley del Medicamento, la prescripción o indicación enfermera. En este caso, la polémica por el ‘caso Rayan’, junto a la mediática gripe, también ha retrasado las conversaciones. Desde el Consejo General de Enfermería se asegura que las negociaciones van por buen camino, y que existe una clara voluntad de diálogo por ambas partes. Los expertos han consensuado diversos aspectos y es muy posible, admiten desde el consejo, que dentro de muy poco se pueda anunciar una ‘fumata blanca’ en este punto. Los grupos parlamentarios y el propio Ministerio de Sanidad han confirmado que refrendarán el acuerdo de los Consejos Generales de Médicos y Enfermeros.
Según ha podido saber GM, el plazo para la presentación por parte del Grupo Socialista de un texto consensuado ante la Comisión de Sanidad no puede alargarse más allá del 22 de septiembre. El plazo termina el 15 de septiembre y sólo es posible prorrogar una semana la presentación del texto, algo que pueden solicitar los grupos parlamentarios.
Existe consenso entre ambos colectivos y las diferencias se materializan en dos matices, que podrían resolverse siguiendo la estela del decreto andaluz aprobado este verano. En esta comunidad, la consejería de Salud ya imparte cursos de formación para que el personal de enfermería pueda comenzar esta misma semana la indicación de 96 medicamentos distintos.
Los facultativos se resisten a admitir la ‘prescripción’ de medicamentos y el texto podría contemplar, al igual que en Andalucía, la ‘indicación’ de fármacos y la ‘prescripción’ de productos sanitarios por parte del personal de enfermería.
MÓNICA RASPAL
Madrid
Muchas fueron las asignaturas que, eclipsadas por la gripe A, dejó pendientes para septiembre la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez (ver GACETA MÉDICA, nº 298), según le recordaron entonces los principales representantes del sector profesional.
Pero iniciado ya el curso político tras el impasse veraniego, la gestión de la pandemia sigue centrando todos sus esfuerzos, como ha dejado ver en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Senado, así como en sus encuentros con los ministros de Educación y de Ciencia e Innovación.
Sin embargo, especialmente urgentes se presentan asuntos que, tal y como señala el secretario general del sindicato médico CESM, Patricio Martínez, no deberían estar “dormidos” por los efectos del virus H1N1 sino todo lo contrario. A su juicio, en el contexto actual de crisis económica y con una amenaza de congelación salarial a los funcionarios, la maquinaria del Gobierno debería ponerse en marcha igual que los profesionales darán “cumplida respuesta” a esta gripe, con niveles de calidad “por encima” de lo exigido.
Martínez no ve que esté tomando ímpetu el Pacto por la Sanidad ni que se esté aclarando cómo van a quedar los estudios de medicina tras su adaptación al Plan Bolonia o el decreto de homologación profesional de médicos extracomunitarios, algunas de las mayores preocupaciones de los miembros del Foro de la Profesión Médica —formada por la Organización Médica Colegial (OMC), CESM, la Conferencia de Decanos, el Consejo Nacional de Especialidades, la Federación de Asociaciones Científico Médicas (Facme) y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM)— que han solicitado un nuevo encuentro con la cúpula ministerial sin que hasta el momento hayan recibido una respuesta.
Precisamente este órgano reanudó sus encuentros el pasado viernes dejando constancia de la incertidumbre que mantienen acerca de éstas y otras incógnitas como son la prescripción de enfermería, el respeto a la objeción de conciencia de los médicos o el desarrollo de la Ley Ómnibus.
Sin noticias de Bolonia
Tras la reunión que la junta directiva de CESM mantuvo con el equipo de Jiménez en julio—donde le arrancaron el compromiso de interceder ante Educación para evitar un posible “agravio comparativo” de los médicos en la adaptación de sus estudios al plan europeo—, su secretario general asegura tener constancia de que sí ha habido alguna aproximación entre ambos departamentos —aprovechando sus encuentros con motivo de la gripe A— pero por el momento no se conoce la fecha de celebración de la Comisión Interministerial, anunciada para el mes de septiembre.
Por ello, el Comité Ejecutivo de CESM seguirá adelante con su estrategia de presión, sin descartar las posibles movilizaciones que anunciaron para este otoño en caso de que el problema no empiece a aclararse. Con este objetivo el sindicato ha continuado manteniendo contactos con el Colegio de Arquitectos de Madrid —profesión que se encuentra en una situación parecida a los médicos— para unificar criterios, aunar fuerzas y actuar de forma conjunta.
También la regularización de los médicos y farmacéuticos especialistas sin título oficial (mestos y festos) se encuentra en la sala de espera del departamento de Jiménez. Más de nueve meses han pasado ya desde que la Comisión de Sanidad del Congreso instó al Gobierno —a iniciativa de Convergència i Unió (CiU)—a elaborar en seis meses un registro nacional que contabilizara el número de profesionales que se encuentran en esta situación, datos que deberían haber estado disponibles el pasado junio. Para aclarar este retraso, CiU ha solicitado la comparecencia ante la Cámara Baja del secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, sin que a día de hoy haya habido una respuesta a esta petición.
Urgencias, sin especialidad
A esta situación de incertidumbres se suma Tomás Toranzo, presidente de la Sociedad Española de Medicinas de Urgencias y Emergencias (Semes), quien se muestra muy escéptico respecto a la agilización del proceso de creación de la especialidad considerando “prácticamente imposible” que se cumplan los plazos prometidos para contar con los primeros residentes en 2011. A su juicio, pese a las promesas de la ministra, Sanidad está “poniendo excusas” y “escurriendo el bulto” amparándose en la gripe A. Así, desde la Dirección General de Ordenación Profesional les anunciaron la convocatoria de la Comisión Promotora de la Especialidad —que establecería el cronograma de aprobación de la especialidad— en torno al 2 de septiembre, una fecha pasada ya con creces.
El ministerio alega que las CC.AA. no han elegido a los cuatro representantes que deben nombrar —otros cuatro pertenecen a los ministerios de Sanidad y Educación, dos a las sociedades científicas y uno a la OMC— algo que Toranzo califica de mera “excusa” y ante lo que no deja de lado recurrir a medidas de presión si así lo decide la junta directiva en su reunión del próximo día 15 en Valencia —con motivo del 5º Congreso Mediterráneo de Medicina de Emergencia—.
Paralizada por los efectos de la gripe A se encuentra también la conocida como Estrategia AP-XXI —aprobada por el Consejo Interterritorial en diciembre de 2006— para la mejora de la atención primaria en España. Desde que Sanidad publicara en octubre de 2008 los 80 indicadores que evaluarían la aplicación de este proyecto en las autonomías, las sociedades científicas del primer nivel (Semfyc, Semergen y SEMG) desconocen la fecha en la que se darán a conocer los resultados de una valoración que estaba anunciada para principios de 2009.
