El futuro de Muface, más incierto que nunca

Al parecer, el propósito del Gobierno no es otro que simplificar y armonizar los sistemas de protección social de los funcionarios públicos y aumentar el número de cotizantes a la Seguridad Social. Objetivos, en principio, que pueden aportar un cierto valor en un contexto como el actual, pero que dejan en un limbo de indefinición el futuro del mutualismo administrativo, con modelos como Muface, Mugeju e Isfas, las mutualidades de funcionarios, judicatura y fuerzas armadas, que han aportado su grano de arena a una sostenibilidad del sistema sanitario más cuestionada que nunca. Una vez más, la supervivencia de un modelo que ya supuso un punto de desencuentro en el malogrado Pacto por la Sanidad vuelve a estar en entredicho.

Aunque no deja claro si los nuevos funcionarios podrán continuar eligiendo su cobertura sanitaria, el texto refrendado por el consejo matiza que se preservará, “cuando así proceda de acuerdo con su normativa reguladora” el mutualismo administrativo. “De hecho, los funcionarios que a día de hoy estén incluidos en el Régimen de Clases Pasivas y en el Mutualismo Administrativo mantendrán sus derechos adquiridos y continuarán integrados en ambos mecanismos de cobertura”, asegura. Apreciación que, por otra parte, no despeja todas las dudas del sector, perplejo ante la posibilidad de que esta extinción arrastre al modelo de prestación sanitaria.

Desde el Instituto para el Desarrollo y la Integración de la Sanidad (IDIS), su patrono, Francisco Juan Ruiz, director general de Salud de DKV, confía en que el Gobierno desligue la medida sobre el Régimen de Clases Pasivas de los mutualismos. “Hasta ahora ha existido relación entre ambos —admite—, pero si tenemos en cuenta las declaraciones de las últimas semanas hemos de pensar que hay voluntad de separarlos”. Además, Ruiz considera esencial desmarcar el debate sobre las pensiones (un argumento de soporte para la medida, ya que el Estado acaba por costear la pensión de los funcionarios públicos aunque no recibe sus cotizaciones, que van destinadas a este régimen) de la prestación sanitaria que recibe el colectivo, un buen modelo de colaboración de sanidad pública y privada.

La esperanza del IDIS no carece de fundamento. Hace apenas un mes el ministro de Política Territorial y Administraciones Públicas, Manuel Chaves, defendía la continuidad del modelo ante el Senado y la propia Dirección General de Muface aseguraba que no existía “ningún riesgo” para un modelo que garantiza y gestiona desde 1975 las prestaciones sanitarias y sociales de los funcionarios.

El anuncio del Gobierno, no obstante, deja una puerta abierta a la incertidumbre. Si finalmente la materialización de esta medida no blinda la libertad de elección de la asistencia sanitaria de los funcionarios, los actuales y los futuros, se evidenciaría la falta de homogeneidad y criterio en asuntos en los que, de soslayo, también está en juego la sostenibilidad del sistema sanitario.

Para Ignacio Riesgo, director general de Salud de la Consultora PriceWaterHouseCoopers, no supone ahorro alguno. “Al revés. No se suprime ninguna subvención, los trabajadores por cuenta ajena cotizan a la Seguridad Social, tanto ellos como su empresa. En el caso del Estado, los trabajadores cotizan, pero no la empresa, y se realiza una especie de autoseguro. Si a partir de ahora entran en el régimen general, el Estado debería pagar el equivalente a la parte correspondiente a la empresa, no ahorraría nada”, apunta Riesgo. Habría que perfilar, en cualquier caso, si son las administraciones regionales las que tendrían que asumir la carga, lo que no sería bien recibido por las maltrechas cuentas autonómicas.

El argumento económico pierde peso y más si se tiene en cuenta que, de entrada, modelos como Muface ya representan un ahorro para el SNS. El coste de la asistencia sanitaria de los mutualistas es entre un 30 y un 40 por ciento más barato que el gasto medio sanitario por persona en la sanidad pública, según diferentes estudios.

No obstante, para Pere Ibern, catedrático de Economía de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra y director de estrategia de DKV, resulta difícil comparar datos que permitan medir la eficiencia del sistema: “Sabemos que hay costes inferiores, pero también que es necesario evaluarlo en todas sus dimensiones, y esto no está disponible todavía hoy”.

Para el economista, la cuestión no es si es importante o no mantener el modelo: “La ley general de Sanidad considera que debía homologarse la realidad de las mutualidades al conjunto del SNS. Han pasado los años y se necesita una adaptación a la regulación existente y al paso del tiempo”. Según sus palabras, las reformas necesarias no serían estructurales, sino regulatorias, algo previsto.

“Parte del sector privado no podría salir adelante sin Muface”, sostiene el patrono del IDIS, y las compañías acabarían por abandonar un modelo que puede ser condenado a muerte. Riesgo recalca que mantiene la prestación privada en 30 provincias, donde la sanidad privada desaparecería, y con ella, una fuente de empleo y la opción de concertar servicios.

Por su parte, José Ignacio Catalán, ex vocal de Medicina Privada por cuenta propia de la OMC y profundo conocedor del tema, cuestiona que el SNS pueda asumir la carga de asistencia adicional con la aportación de los nuevos funcionarios, teniendo en cuenta el déficit y la deuda acumulada. Opinión compartida con el secretario general de CESM, Patricio Martínez, que va aún más allá: si se pone punto final al modelo, la sanidad pública no podría soportar la entrada masiva del mundo funcionarial.