El Gobierno de la Comunidad de Madrid presentará un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden notificada a las comunidades autónomas que la ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó a principios de año, en la que se fijaron medidas para hacer frente al aumento de las infecciones respiratorias agudas, como el uso obligatorio de mascarillas en los centros de salud.
Así lo ha transmitido Miguel Ángel García, portavoz del gobierno regional, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en el que la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha dado cuenta de la encomienda de este procedimiento legal a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para interponer un recurso contencioso administrativo.
Como reacción, la ministra de Sanidad ha expuesto que, “si la Comunidad de Madrid va a utilizar la mascarilla como una herramienta jurídica arrojadiza, el Ministerio de sanidad va a hacer uso de ella como elemento para velar por la salud de los españoles”.
García ha explicado que la mascarilla es una medida que tiene “evidencia científica”, además de que la población “la considera de sentido común”. “El Ministerio está para velar, coordinar y a proteger la salud de los españoles”, ha afirmado.
Esta acción del Gobierno regional madrileño coincide con la publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), de la Orden de la Consejería de Sanidad con la que entra en vigor la rebaja a recomendable del uso de este elemento protector en los hospitales y centros de salud. La medida se adopta por la mejora en la región, y por segunda semana consecutiva, de los datos de incidencia de la gripe, COVID y otras enfermedades respiratorias.
Motivos de la Comunidad
El Ejecutivo autonómico recurre ante la Audiencia Nacional, fundamentalmente, por dos razones. La primera, explica en una nota de prensa la Comunidad de Madrid, es que entiende que “el Gobierno central tomó su iniciativa sin el necesario acuerdo de las Comunidades Autónomas, integrantes también del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)”.
“Esto no ocurrió ni en las fases más duras de la pandemia del COVID-19 y es un requisito que exige la Ley estatal 16/2003 de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Así, 48 horas después de la celebración del Pleno del CISNS, que tuvo lugar el pasado 8 de enero, la ministra de Sanidad emitió su Orden Comunicada”, afirma la región.
Por otra parte, el Gobierno regional considera que la situación de urgente necesidad que alegó el Ministerio de Sanidad no existía. “La propia Orden no hace referencia a una situación epidemiológica distinta en lo referente a infecciones respiratorias agudas a las de años anteriores, ni en mortalidad ni en ingresos hospitalarios”, aseguran en la citada nota de prensa.
Además, la Comunidad de Madrid considera que, si la situación hubiera sido de alarmante calibre, la Orden se podría haber dictado el mismo día 4 de enero. La Administración autonómica sostiene que esa calificación “sólo actúa para justificar una medida de tal magnitud sin contar con los consejeros de Sanidad de las respectivas comunidades autónomas”.
