El Ministerio de Sanidad acogió la semana pasada una nueva reunión entre el Gobierno y Podemos para avanzar en la ‘desprivatización’ del Sistema Nacional de Salud. Realizada la tarea de dibujar un mapa que incluyese los conciertos existentes en España, ahora los esfuerzos se centrarán en la elaboración de un reglamento que “incluya una serie de items evaluables para que los acuerdos que existen en la actualidad sean más transparentes y el dinero público no se derroche”, aseguran fuentes presentes en dicha reunión.
Esta nueva tarea se trata de un ‘regate’ a la situación política actual. La ‘comisión desprivatizadora’ ha llegado a la conclusión de que, hoy por hoy, no se puede modificar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad ni derogar el decreto 15/1997. “Ni tenemos fuerza en el parlamento porque PdCAT se opone ni se puede materialmente hacer ahora porque las cortes se disuelven el 5 de marzo”, aseguran. Ante esta situación, el objetivo es que ese reglamento en el que trabajarán y se presentará en unas “dos o tres semanas, cuando nos volvamos a reunir” sea aprobado por todos los integrantes de la comisión y el Gobierno lo saque mediante Real Decreto-ley durante su periodo de interinidad.
Se espera que el Gobierno dé forma a lo que se vaya acordando en la comisión vía Real Decreto-ley
La idea bajo la que fluye gran parte de estas reuniones es que en medicina “la oferta está condicionada por la demanda”. Lo que se trata de explicar bajo este eslogan es una acusación bastante grave. Se asegura que en los hospitales bajo concierto los profesionales son inducidos a gastar mayores recursos con el objetivo de aumentar la factura. “Hay muchos ejemplos que podría poner pero por resumir te pondré dos. Una operación de cataratas se hace muy barato en régimen ambulatorio y sin embargo en estos hospitales sale mucho más caro. Otro ejemplo sería una infección de orina, donde se ingresa, con el coste que lleva eso, por la mínima posibilidad de que exista una infección en las vías superiores”, dicen fuentes de la reunión quien añaden que el objetivo final no es otro que “reducir al mínimo el posible negocio que tiene la privada en el Sistema Nacional de Salud”.
La ‘comisión desprivatizadora’ también ha fijado a sus tres ‘enemigos’ principales. “Tenemos la idea de que existen tres capitales extranjeros que son los que están haciendo el negocio. Por un lado está la alemana Fresenius, que en España la ciudadanía lo conocerá por Quirón. Por otro lado tenemos capital inglés con BUPA, que es Sanitas. Y por último están los estadounidenses de Centene, que su mayor presencia en España es Ribera Salud”, aseguran las fuentes consultadas que estuvieron en la reunión del pasado martes.
Calendario y elecciones
Cuando se constituyó esta comisión por parte del Gobierno y Podemos se pusieron unas fechas para los trabajos que pueden verse comprometidas por el adelanto electoral. En principio, los integrantes esperaban tener toda su batería de medidas y propuestas en mayo, tan sólo unos días después de que se hayan celebrado las elecciones generales. “El compromiso que hemos adquirido es que terminemos los trabajos en seis meses”, dicen. Además, las fuentes consultadas aseguran que el criterio económico siempre estará presente en las decisiones. “Tendremos también una reunión para estudiar detalladamente el aspecto económico para saber cuáles son las repercusiones que pueden tener nuestras medidas. No se trata de hacer planteamientos ideológicos, que también, sino planteamientos prácticos que puedan ser viables teniendo en cuenta la economía del país”, afirman.
Las elecciones complican el calendario de la comisión pero mantienen el objetivo de tener todo listo en mayo
Por tanto, el tiempo que tendría el Gobierno sería el que se tardase en formar Gobierno en España tras los comicios. Durante ese tiempo de interinidad el Ejecutivo podrá legislar vía Real Decreto-ley, una fórmula criticada por norma general y, sobre todo, si las elecciones designaran un cambio de signo político. En cualquier caso, como poder se puede. Pero también es cierto, dado los antecedentes recientes, que España pueda viva durante un tiempo prolongado sin Gobierno efectivo e incluso una repetición electoral.
Las elecciones complican el calendario de la comisión pero mantienen el objetivo de tener todo listo en mayo
