El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para su debate en la Comisión de Sanidad por la que solicita actualizar el Plan de Acción de Atención Primaria.
Así, en el marco de la Comisión de Atención Primaria y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la formación socialista pide al Gobierno un plan con un nuevo plazo y teniendo en cuenta las necesidades de las zonas rurales y el declive demográfico.
En este sentido, proponen medidas de desburocratización para contar con una atención accesible y personalizada; promover la planificación sobre las necesidades de profesionales en Atención Primaria (AP); dotar infraestructuras adecuadas; y establecer sistemas de incentivos económicos y no económicos para la captación y retención del talento de profesionales sanitarios en el entorno rural.
Los retos de la Atención Primaria
El gran desafío al que se enfrenta la AP en la España rural es un desabastecimiento de profesionales y especialistas que se hace notable en territorios con escasa población, donde se puede observar la falta de incentivos para captar personal sanitario, tal y como se menciona en el texto. El gran inconveniente al que se enfrentan estas comunidades es el éxodo rural, tanto de jóvenes como de ancianos, que se está generando a consecuencia de la escasez de recursos sanitarios.
Desabastecimiento de profesionales y especialistas
Esta situación, exponen los socialistas, se viene dando desde la crisis económica de 2008 y, posteriormente, debido a la COVID-19. Todo ello contribuye al desabastecimiento de bienes sanitarios que propicia un incremento de la despoblación de pequeños municipios, especialmente de personas de avanzada edad que dadas sus patologías necesitan con mayor urgencia estos servicios.
Según informa el Ministerio de Sanidad, el gasto de las comunidades autónomas en servicios primarios de salud se mantiene por debajo del 15 por ciento respecto al gasto sanitario total, que actualmente está en 14,1 por ciento. Si bien es cierto que en 2022 este gasto se incrementó en un 4 por ciento respecto al 2021.
El Marco Estratégico para la Atención Primaria y Comunitaria (MAPyC), aprobado en 2019, y el Plan de Acción de AP, de 2021-2023, fueron impulsados en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con el propósito de reforzar la AP en el conjunto del SNS y de implantar aquellas acciones prioritarias contenidas en el MAPyC. Este plan también incluía entre sus objetivos una serie de acciones relacionadas con los puestos de difícil cobertura, como la definición de criterios para identificarlos, que ya han sido determinados en el contexto del CISNS. En total son 13 criterios, de los que deben cumplirse, como poco, cinco, como son la distancia, el tiempo de desplazamiento desde el centro de salud hasta el centro hospitalario de referencia, el número de pacientes, la densidad de población, el índice de envejecimiento de la zona donde se presta el servicio, etc.
Tratando estas cuestiones, se considera que todas las administraciones deben comprometerse con la mejora de los servicios de Atención Primaria en medios rurales, que aporten seguridad a los ciudadanos y que contribuyan a la atracción de nuevos profesionales sanitarios que decidan formar parte de la sanidad en los pueblos más pequeños.
Dependiendo de la comunidad, la situación es más o menos grave. Según un sondeo realizado por la asociación FACUA, el 40,8 por ciento de la población andaluza tardan en ser atendidos por su médico de familia más de una semana desde que piden la cita. Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía señala la rotación en la plantilla de profesionales sanitarios y la precariedad de sus contratos. “Todo esto el Ministerio de Sanidad trata de subsanarlo aumentando el número de plazas MIR en cada convocatoria, pero las condiciones laborales hacen que los profesionales busquen otros destinos para desarrollarse laboralmente”, sostiene la formación.
