| viernes, 27 de noviembre de 2009 h |

Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’

La historia de la prescripción enfermera parece condenada a ser escrita con renglones torcidos. Desde luego, no caben más gazapos, errores y giros inesperados por parte de los protagonistas que tienen que dar forma a este derecho lícito, entroncado directamente con la praxis diaria que se sigue en los centros de salud. Erróneo ha sido, por ejemplo, el papel de la Organización Médica Colegial (OMC) en la defensa del estatus vigente. Salvo giro inesperado, o súbita maniobra de estratega ante la que habría que quitarse el sombrero de Juan José Rodríguez Sendín en el Senado, con la ayuda de su ex compañero Jesús Aguirre, los médicos verán pronto cómo el colectivo dirigido por Máximo González Jurado les adelanta por la izquierda en toda España, como ya sucede en Andalucía.

Erróneo también ha sido el planteamiento en el Congreso del Partido Popular. Pese a que el grupo que le representa en la Cámara Baja había llegado a pactar una enmienda transaccional con CiU y el PSOE, a través del dialogante Mario Mingo, Génova decidió imponer su ley y abstenerse en el texto, salvando así del primer match ball a la OMC. Curioso balón de oxígeno otorgado a una organización que no dudó en auxiliar al Gobierno en la fallida ley del vino, que ha servido de altavoz a los defensores de ese eufemismo llamado ‘muerte digna’ en pleno debate sobre las muertes de Leganés, y que no ha dudado tampoco en acoger a redes, plataformas y asociaciones radicalmente enfrentadas a la política sanitaria de Juan José Güemes y Esperanza Aguirre en Madrid.

Errónea ha sido también la reacción de González Jurado, quien, sintiéndose traicionado, no ha dudado ni un momento en amenazar a los populares con la paralización de centros de salud en plena epidemia de gripe A. Su ira consiguió encender incluso a los más firmes partidarios de avalar la prescripción enfermera, que entendieron que una cosa es tener la razón de fondo y otra perder las formas. Y errónea puede ser asimismo la solución que adopte el Senado a la controversia, puesto que una huida hacia delante para salvar la cara tras lo ocurrido en el Congreso podría hacer que los farmacéuticos también prescriban. No olvidemos que, además de sanitario, el boticario es empresario, por lo que no parece razonable extender esta facultad a un nuevo colectivo sin acotar perfectamente sus competencias en la materia. Desde luego, la labor que les espera a Dolores Pan y a los ponentes de su partido es ingente.

Y erróneo parece ser, también, el devenir de la prescripción enfermera en Andalucía, suspendida cautelarmente por la Justicia. Detrás de las buenas palabras de María Jesús Montero y de los aires de modernidad con los que ha tratado de revestir la iniciativa, puede haber un mero intento de relegar al ostracismo las marcas utilizando para ello los principios activos. Se trataría, en fin, de un nuevo ataque a los laboratorios innovadores utilizando para ello como herramienta a otro colectivo profesional. Como resulta lógico, la industria farmacéutica anda por ello muy preocupada.

Preocupante, también, resulta el escenario final que se dibuja con la prescripción enfermera y, si llega a puerto, con la farmacéutica. Tanta alternativa obligará a las compañías a diversificar sus estrategias de marketing y ventas para orientarlas no a un solo colectivo, sino a tres, lo que no contribuirá precisamente a abaratar los costes y a allanar su ya difícil camino por las 17 Españas sanitarias en las que se ha atomizado el Sistema Nacional de Salud (SNS). ¿Se imaginan a una legión de visitadores a las puertas de las boticas, u ofreciendo información sobre sus productos a las enfermeras?