Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La píldora del día después se ha convertido en una gran piedra en el llano camino que esperaba encontrar la ministra Trinidad Jiménez en su ascenso hacia el estrellato. Médicos, farmacéuticos y gran parte de la industria se han puesto de repente en frente de Sanidad al tener noticia de los desatinos que ha cometido este departamento con el único fin de contentar al Gobierno y convertir el producto en un fármaco de venta libre. Lo primero que desató la extrañeza del sector fue el proceso que siguió Sanidad para alterar de la noche a la mañana el estatus del medicamento. Mientras varias especialidades con muchas menos contraindicaciones duermen el sueño de los justos y esperan desde hace meses a que la Agencia del Medicamento tenga a bien convertirlas en publicitarias, la píldora fue eximida de un plumazo del requisito de la prescripción sin que ningún alto cargo se rasgara por ello las vestiduras. Pero tuvieron que hacerlo de una forma sui géneris: al no requerir receta, el medicamento se convertía automáticamente en publicitario, pero como esta propiedad requiere un perfil de seguridad que la píldora no cumple, el ministerio se tuvo que sacar de la manga una figura añeja en la legislación farmacéutica española, denominándolo fármaco “ético”. Así pues, el producto se ha convertido en el primero de España que se comercializa sin receta y no puede anunciarse en los medios. ¿Alguien puede explicarlo?
El segundo contrasentido viene de la mano de los efectos secundarios. Pese a que el Ministerio de Sanidad ha insistido siempre en que el producto es seguro, la Agencia Española del Medicamento va y se descuelga con un informe posterior al cambio de estatus, fechado en octubre, en el que además de los efectos secundarios que ya aparecen reflejados en el prospecto, se alude a un riesgo “potencial” de tromboembolismo venoso. Este riesgo aparece, según el organismo público, cuando el uso de la píldora es inadecuado, entendiendo por tal que es reiterado y frecuente. Algo a lo que no pone freno, precisamente, el nuevo estatus del producto, pues es sabido y comentado en todo el sector farmacéutico que tras su venta libre en boticas suelen ser siempre las mismas jóvenes las que acuden a por la píldora a su farmacia. ¿Por qué no incluye el prospecto el riesgo “potencial” de trombo? ¿Está en condiciones Sanidad de garantizar que no va a producirse ese uso repetido y frecuente con la venta libre del fármaco? ¿Por qué tiene este informe fecha de octubre, cuando la píldora se empieza a comercializar sin receta el 28 de septiembre? ¿Es normal que los informes de seguridad se realicen a posteriori? ¿Alguien puede explicar todo esto?
El tercer desliz del Gobierno procede de sus propias manifestaciones. Después de repetir hasta la saciedad que el medicamento es suficientemente seguro como para eximir a las consumidoras del paso por la consulta médica, el Ejecutivo vaticinó que no se produciría un incremento de la demanda motivado por el cambio de estatus. Los datos de los tres primeros meses de comercialización del producto desde que su venta es libre lo desmienten de forma tajante. En total, se ha podido multiplicar por tres el consumo de pastillas entre octubre y enero con respecto al mismo periodo de 2008, superándose con creces la cifra récord de 150.000 píldoras vendidas en España, según los datos que obran en poder de la distribución farmacéutica ¿Alguien puede explicar qué ha pasado para que fallasen tan estrepitosamente los augurios gubernamentales?
El cuarto desliz vendrá, nadie lo dude, de otro vaticinio fallido del Gobierno, que pronosticó que la liberalización de la píldora contribuiría a reducir el número de abortos en España. Confiemos en que Sanidad no se demore tanto en la recopilación de las estadísticas como este año para poder ver qué ha sucedido.
