Sergio Alonso es redactor jefe de ‘La Razón’
La crudeza de la crisis económica está resucitando debates sanitarios que hace nada parecían congelados. Uno es el de los recortes para el sector. El otro es el de la gestión. Comunidades antaño críticas con las fórmulas alternativas al derecho administrativo tradicional para llevar las riendas de los centros sanitarios miran ahora hacia ellas con un interés más que lógico, teniendo en cuenta las estrecheces presupuestarias que arrastran para ejecutar inversiones anunciadas hace meses a bombo y platillo, en tiempos electorales, y las restricciones de endeudamiento público impuestas desde Bruselas. El debate sobre la innovación gestora y el derecho privado vuelve pues a la palestra en plena agonía financiera, justo cuando los consejeros se topan ante la difícil cuadratura del círculo de prestar más servicios a mayores costes con menores ingresos por la merma de la recaudación impositiva. Un verdadero imposible. En este contexto, y por verdadera casualidad, el ministerio acaba de concluir su último informe anual del Sistema Nacional de Salud (SNS). Aunque sus datos hacen referencia a 2008, último año del que se poseen estadísticas globales, las afirmaciones en él vertidas resultan pertinentes en este sentido. Dejando a un lado toda visión ideologizada de la gestión, el estudio plasma como una de sus conclusiones principales que “las comunidades autónomas ensayan fórmulas alternativas a la gestión directa por entidades de derecho administrativo. Estas fórmulas alternativas incluyen las fundaciones y empresas públicas tanto de derecho público como privado, así como los contratos administrativos de obra pública y los contratos de servicios modalidad de concesión administrativa”.
En este contexto, el informe del ministerio aparca de forma aséptica el doble lenguaje que manejan los políticos en el día a día, y reconoce abiertamente que algunas comunidades socialistas, como Cataluña, utilizan “de forma exhaustiva fórmulas de gestión basadas en contratos con entidades públicas o privadas como forma de prestar los servicios asistenciales». En esta comunidad sitúa, por ejemplo, “las EBA, formadas por profesionales que se constituyen como empresa para autogestionar un equipo de atención primaria”. Se trata de la misma figura, por cierto, que denostaban los socialistas en Madrid en su estrategia para atacar a Esperanza Aguirre desde el flanco sanitario, en un alarde político ajeno al devenir financiero y real del Sistema Nacional de Salud. Un devenir de auténtica bancarrota.
El documento, desde luego, no tiene desperdicio, por el elocuente repaso que efectúa sobre las fórmulas de gestión existentes en España, y aunque refleja con fidelidad que la figura de la concesión es monopolio exclusivo de feudos del PP como Comunidad Valenciana y Madrid, es cierto, como también expone, que el derecho privado, muy denostado por el PSOE desde 1996 con el debate surgido a raíz de las fundaciones, campa a sus anchas por Andalucía, Baleares o País Vasco, por poner sólo tres casos.
Un problema mayor en el que, sin embargo, no se adentra, es en el de las empresas públicas financiadoras de inversiones hospitalarias. Y el asunto no es baladí, porque, aunque técnicamente hablando la gestión derivada de tales paraguas jurídicos es pública, las dudas que surgen son múltiples. ¿Es capaz el sistema público de sufragar el sobrecoste de obras públicas a veces faraónicas? ¿Es lícito recurrir a deuda pública o a créditos bancarios que hipotecan a generaciones venideras para costear servicios que podrían correr a cargo de la iniciativa privada, salvaguardando siempre, eso sí, la prestación pública de tales servicios? ¿No privatiza más la deuda que la gestión privada, a los efectos de poner en riesgo el futuro financiero autonómico? El debate resurge hoy con fuerza al calor de la crisis, y las soluciones son escasas. De ahí que algunas autonomías del PSOE posen ahora sus ojos sobre las alternativas al derecho tradicional para la gestión de los centros sanitarios en primaria y especializada.
