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El plazo de dos meses que se han dado el Ministerio de Sanidad y del Foro de la Profesión Médica —que integran OMC, CESM, Facme, el CEEM, los Decanos y el Consejo de Especialidades— para consensuar medidas encaminadas al sostenimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) ha comenzado a contar con la creación de los tres grupos de trabajo cuyos resultados y conclusiones presentarán a la Comisión de Seguimiento contemplada en el convenio-marco que han firmado esta semana y que desarrolla el acuerdo al que llegaron el pasado 30 de enero (ver GM, nº 453).
Estos propondrán las bases para un acuerdo político de carácter general sobre la base de la perspectiva de los profesionales, definirán los criterios y garantías para el desarrollo profesional y laboral, acordarán las estrategias para la implantación de la gestión clínica en los servicios de salud y estarán constituido de forma paritaria por tres representantes de la Administración y otros tres del Foro. Así el de recursos humanos contará con José Luis Díaz Villarig por parte de la OMC, Francisco Miralles de CESM y Benjamín Abarca de Facme, mientras que en el del pacto estarán presentes los presidentes de las tres entidades Juan José Rodríguez Sendín (OMC), Albert Tomàs (CESM) y José Manuel Bajo Arenas (Facme) y en el de gestión clínica Serafín Romero (secretario general de la OMC), Tomás Toranzo (vicesecretario de CESM) y Carlos Macaya (vicepresidente de Facme). Aunque el primer documento presentado por la titular del departamento, Ana Mato, no satisfacía las expectativas de este órgano, durante las conversaciones previas mantenidas con ella han conseguido arrancarle el compromiso de que las propuestas de los grupos de trabajo sean realmente “operativas”, es decir, que puedan ser elevadas para su debate y puesta en práctica al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), en el que están presentes todas las comunidades autónomas, para evitar que se queden “en papel mojado”, según ha señalado el portavoz del Foro, Francisco Miralles.
Ha sido este punto el que ha llevado a los médicos a aplazar, por el momento “sine díe” pero no de forma definitiva, la manifestación que habían convocado para el próximo 23 de febrero en Madrid, ya que consideran que han conseguido su propósito de tener una interlocución directa con los responsables políticos para proponer alternativas que permitan poner fin al clima de incertidumbre y descontento que se vive en el sector.
Desavenencias regionales
Este ambiente está especialmente enrarecido en regiones como Madrid, donde la asociación Afem ha contratado a un bufete de abogados para paralizar en los tribunales la externalización de los seis hospitales y 27 centros de salud o en Andalucía, cuyos sindicatos han denunciado un nuevo recorte salarial al “imponer” una bajada del 10 por ciento en las retribuciones vinculadas a la productividad del personal sanitario incluidas en el Complemento de Rendimiento Profesional (CRP) de 2012, aunque la consejera de Salud lo ha negado.
Por su parte, CESM Castilla y León ha anunciado que recurrirá la jubilación a los 65 años mientras que el sindicato de médicos asturiano Simpa ha acusado a la Administración de no cumplir lo pactado hace un mes sobre módulos para mayores de 55.
