Confiaban en que el encuentro del Consejo Interterritorial del pasado jueves recogiera alguna medida para avanzar en la recuperación del derecho universal a la atención sanitaria, pero no ha sido así. Las 300 organizaciones que integran Reder, entre las que se encuentra la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), han visto como cuatro meses después del nuevo decreto sobre sanidad universal, que se debatía este jueves en el Congreso, se ha avanzado poco para cambiar las situaciones con la que se enfrentan los médicos de primaria.
La vicepresidenta de Semfyc, María Fernández, explica a GM que no están dispuestos a que olviden sus demandas en este sentido. Y es que, a fecha de hoy, el día a día en sus consultas sigue siendo muy complicado a la hora de dar asistencia a personas sin tarjeta sanitaria.
Fernández no oculta la satisfacción de este colectivo con la derogación del RD 16/2012 cuyo objetivo dio origen a la creación de esta red, y asegura que en su día se reunieron con responsables del ministerio para orientar sobre las líneas básicas del nuevo texto, pero estos cuatro meses de tramitación han pasado factura. Fernández asegura que la ausencia de un reglamento que oriente a las comunidades sobre la aplicación práctica de determinados supuestos ha llevado a que algunas regiones, como Murcia o Madrid, hayan realizado una interpretación restrictiva del texto, “negando atención sanitaria a personas que no acrediten tres meses de padrón, por ejemplo”, puntualiza.
Junto al reglamento clarificador, la portavoz de Semfyc recuerda que otra medida fundamental es la creación de comisiones mixtas de seguimiento con representantes ministeriales con participación de la sociedad civil donde se puedan plantear las incidencias. “El diálogo con el ministerio ha sido muy bueno, pero después de estos meses entendemos que debe haber más movimiento”, admite.
Según el análisis de Reder, el nuevo texto no deja claro a quién se aplica el criterio de 90 días de estancia, y tampoco garantiza el derecho a mujeres embarazas, menores de edad, víctimas de trata, solicitantes de asilo político e incluso la atención en urgencias, que era la única vía en la regulación anterior. “No se han concretado los requisitos que han de reunir para acceder a la atención sanitaria y queremos asegurarnos de que no sean nuevas barreras”, concluye.
Reglamento
Reclaman el desarrollo de un reglamento que permita unificar su aplicación en todas las comunidades
Comisión mixta
Insisten en la creación de una comisión mixta con participación civil en la que reflejar las incidencias
