En un acontecimiento sin precedentes, se ha registrado la mayor demanda conjunta en la historia por una reclamación médica por un presunto “homicidio por imprudencia grave profesional”. El caso de Emma Martínez Gastón, una niña de 12 años que falleció debido a una peritonitis en el Hospital de Sagunto el pasado 6 de febrero, ha llevado a la familia a emprender acciones legales en busca de justicia. La parte demandante ha presentado una demanda solicitando una indemnización de 2,5 millones de euros para cada uno de los demandantes: el padre, la madre y los hermanos de la fallecida.
En este tipo de demandas destaca la ausencia de un límite para las cuantías solicitadas y que proteja a los profesionales sanitarios, que tienen que hacer frente a cantidades inalcanzables. Pero, ¿cuánto vale una vida humana? Según el baremo establecido en 2015, que se basa en el de accidentes de circulación, el valor de una reclamación por fallecimiento debido a negligencia médica era aproximadamente de 150.000 euros, mientras que en 2023 pueden alcanzar los 600.000 euros. En este caso, se solicita una indemnización total de 10 millones de euros, la cantidad más alta de la historia.
Debido a que estos hechos ocurrieron en el ámbito de la sanidad pública, los médicos denunciados están cubiertos únicamente por un seguro de responsabilidad civil de la Administración de la Comunidad Valenciana, que asciende a 1.600.000 euros en su sublímite por víctima, es decir, quedan 8,4 millones que pagarían los denunciados. En caso de resultar culpables, se verán obligados a responder con su propio patrimonio personal o recurrir a sus seguros de Responsabilidad Civil Profesional privados, en caso de que dispongan de ellos.
¿Contar con la póliza de la Administración o complementarla con la privada?
La situación de un médico que se enfrenta a una reclamación de este tipo puede ser radicalmente diferente dependiendo de si cuenta únicamente con la póliza pública o si también tiene contratado un seguro privado. La póliza pública puede brindar cierta protección, pero en muchos casos no es suficiente para cubrir los costos legales y las indemnizaciones que puedan derivarse de una reclamación médica o en conflictos de intereses no garantizan la independencia. Es por ello que muchos sanitarios deciden complementar su póliza con un seguro privado, que les supone mucha más seguridad.
El colectivo sanitario es consciente de que la amenaza de una reclamación está ahí. Se habla entre pasillos, las reciben muchos compañeros, es mucho más común de lo que se dice. Los datos no engañan. Según el Defensor del Paciente, en 2022 se produjeron 13.611 demandas, 455 más que en 2021. Y la tendencia sigue al alza, con indemnizaciones inalcanzables para cualquier profesional.
Por todo ello, cada vez son más los sanitarios que complementan su seguro público con un seguro privado, para evitar encontrarse desprotegidos y desamparados en situaciones de reclamación. En anteriores ocasiones, el concurso de la Administración Pública de Valencia ha quedado desierto. ¿Qué pasaría en esta situación? Representaría un enorme peligro para el colectivo médico, ya que no podrían afrontar los costos asociados a una demanda.
¿A quién se le acusa y por qué?
Hasta cuatro profesionales de la medicina se encuentran en el centro de una histórica demanda conjunta por esta reclamación médica sin precedentes. En este caso son:
- Un médico de atención primaria que atendió en primera instancia a la paciente en el Centro de Salud de Víver.
- Otro médico de atención primaria del Centro de Salud de Víver, tras persistir los síntomas de la paciente.
- Una médico, en este caso una Médico Interno Residente (MIR), que atendió a la paciente en el Servicio de Urgencias Hospitalarias del Hospital de Sagunto. Este caso es importante, ya que denota que los MIR no están exentos de sufrir reclamaciones médicas, a pesar de ejercer bajo la tutela de un médico adjunto.
- El médico adjunto responsable de la supervisión de la doctora MIR.
¿Cómo afecta esto a la profesión médica y a sus profesionales?
Este caso no sólo tiene un impacto en el ámbito legal, sino que también afecta profundamente a la profesión médica en general. Los médicos temen y están preocupados por la posibilidad de enfrentar una reclamación, ya que las consecuencias pueden ser devastadoras para su reputación y estabilidad personal y profesional. Es fundamental abordar la importancia de la salud mental de los profesionales y garantizar que estén debidamente respaldados para desempeñar su labor de manera adecuada.
Llama especialmente la atención en este caso que los médicos en formación, los MIR, no son inmunes a este tipo de reclamaciones, a pesar de encontrarse aún en un proceso de aprendizaje y bajo la tutela de un médico adjunto encargado de revisar y supervisar todas sus actuaciones. Aunque en teoría deberían estar protegidos por los seguros públicos y respaldados por la supervisión, en la práctica se encuentran desprotegidos. Es muy poco común que los MIR contraten un seguro que complemente las coberturas que no cubren los seguros públicos. Por tanto, resulta de vital importancia que los médicos en formación tomen conciencia de la necesidad de contar con un seguro privado que brinde la cobertura adicional que requieren en estas situaciones.
No hay que olvidar que las reclamaciones en el sector sanitario no han parado de subir y más aún desde la aprobación del nuevo baremo de 2016. Se trata de una práctica cada vez más común y año a año suben las cuantías. Esto está afectando todavía más a determinadas especialidades, como es el caso de la atención primaria. Así lo refleja la elección de plazas de los últimos MIR, donde la medicina de familia ha sido la especialidad con más plazas desiertas, siendo, casualmente, la especialidad donde más reclamaciones y agresiones se producen y donde los médicos sufren una mayor presión asistencial.
En este contexto, las empresas encargadas de proteger a los médicos, es decir, corredurías especialistas y compañías de seguros, van a desempeñar un papel crucial al ser los responsables de brindar asesoramiento especializado a los médicos, informándoles sobre las necesidades específicas de su póliza para garantizar una cobertura total y no dejarles al descubierto, así como brindarles asesoramiento legal continuado y apoyo en caso de enfrentar una reclamación médica.
