SABER MÁS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

La paciente demanda a los profesionales de la clínica de fisioterapia que le realizó una rizartrosis con deformidad del pulgar de la mano derecha. De hecho, la paciente ya había sido intervenida de la misma dolencia hace 10 años atrás. La parte demandante alega que tras la operación sufre dolor brusco en la articulación interfalángica. En consecuencia, se le realizó una ECO y una RMN y se determinó que dicho dolor era compatible con una rotura del aparato extensor del pulgar en la articulación interfalángica que podía estar provocado por el tratamiento inadecuado de los profesionales de la clínica demandada.

Una vez realizado dicho diagnóstico, se programó una intervención quirúrgica para realizar al paciente una tenoplastia. Por lo que el demandante precisó de un periodo de inmovilización y tratamiento rehabilitador tras la operación. No obstante, meses después, debido a la mala evolución del paciente se tuvo que volver a someter a una segunda intervención.

La paciente achacaba mala praxis de los profesionales de la clínica que le atendieron, por haber pautado un tratamiento de fisioterapia inadecuado para el estado de la misma. Por ello la demandante reclama perjuicios temporales y daños permanentes y patrimoniales.

“La sentencia desestima las pretensiones de la parte demandante por no quedar acreditada la supuesta mala praxis de los facultativos

La sentencia determina que la responsabilidad médica procede cuando existe una conducta negligente que, además, debe estar relacionada con dos circunstancias esenciales: la previsibilidad y la evitabilidad del daño. El criterio por el que se imputa la responsabilidad a un médico en relación con la prestación de sus servicios a un paciente se funda en la culpabilidad y, exige, que la parte reclamante demuestre la relación de causalidad y de la culpa. En definitiva, debe quedar claramente acreditado que el acto asistencial en sí fue realizado con infracción o no respetando las técnicas médicas o científicas requeridas para ello.

En este caso, se concluyó en sentencia que los profesionales que trataron al paciente como fisioterapeutas, lo hicieron escogiendo la solución más beneficiosa para el paciente, poniendo a su alcance los recurso que consideraron más eficaces. Por ello, queda probado a lo largo de todo el procedimiento que no concurren los presupuestos para considerarlo como un acto médico negligente o como una infracción de la lex artis en relación con la obligación de medios para reparar la salud y el derecho a la indemnización.

Asimismo, queda probado que la segunda intervención quirúrgica es consecuencia de la evolución a mayor grado de la rizartrosis, de la que ya había sido intervenida años atrás. Por lo que, en ningún caso, no cabe atribuir a la actuación del rehabilitador un resultado lesivo.

Por otro lado, la paciente asegura que se produce una vulneración de la lex artis por la ausencia de un consentimiento informado por escrito, relativo a las complicaciones y riesgos que presentaba la paciente. En este sentido, se entiende que no puede concluirse una falta imputable a los facultativos por la no advertencia de los riesgos que no implicaban las pruebas diagnósticas o la cirugía para justificar el posterior tratamiento de fisioterapia. Concretamente se indica que “aunque el defecto del consentimiento informado se considera un incumplimiento de la lex artis (…) puede negarse el conocimiento que tenía la demandante a causa del tratamiento continuado de su patología en orden a recuperar en la posible funcionalidad o esquemas de movimiento de extensión y flexión”. Por último, el magistrado concluye indicando que el defecto de consentimiento informado debe causar un resultado lesivo como consecuencia de las actuaciones médicas realizadas, algo que como queda acreditado, no sucede en el presente caso.

En definitiva, la sentencia desestima las pretensiones de la parte demandante por no quedar acreditada la supuesta mala praxis de los facultativos. Del mismo modo, tampoco queda acreditado que la falta de consentimiento informado haya supuesto un perjuicio real para la paciente.

Finalmente, conviene mencionar que esta resolución fue recurrida en apelación por la demandante y la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, en segunda instancia, confirma íntegramente la misma.

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