La enfermedad renal crónica (ERC) va en camino de convertirse en un problema de salud pública. Las predicciones avanzan un aumento significativo tanto de la carga clínica como económica de la ERC. Los costes sanitarios directos podrían aumentar un 13,8 por ciento en menos de cinco años, hasta los 4.890 millones de euros en el año 2027, un 7 por ciento del presupuesto actual de todas las comunidades autónomas en Sanidad.
Así lo señala un estudio basado en un modelo de microsimulación que permite proyectar la epidemiología y costes asociados a la enfermedad basándose en su evolución actual. De cumplirse, el gasto destinado a esta “epidemia silenciosa” se acercaría al presupuesto total de comunidades como Navarra o Asturias. Este crecimiento del gasto sanitario será el resultado del incremento de un punto de la prevalencia de la ERC en población adulta (del 10,7 al 11,7 por ciento), pese al cual solo tendrán diagnóstico registrado el 31,6 por ciento de los pacientes.
El 53 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), celebrado en Palma, presentó los resultados de la investigación, realizada por nueve especialistas de diferentes hospitales españoles. El estudio concluye que solo el coste del tratamiento renal sustitutivo (TRS) en todas sus modalidades (trasplante, hemodiálisis y diálisis) será en cinco años de más de 2.000 millones; es decir, un 42,5 por ciento del gasto previsto para 2027.
Detección tardía
En España, el número de personas que actualmente requieren TRS -cuando ya sus riñones dejan de funcionar- ha crecido un 30 por ciento en la última década, hasta las 65.740, según los últimos datos del Registro de la Sociedad Española de Nefrología y la ONT (REER). La detección tardía de la enfermedad renal crónica podría provocar que los casos de pacientes necesitados de TRS sigan aumentado en una proporción mucho mayor que la prevalencia. En concreto, los pacientes trasplantados, en diálisis o hemodiálisis se incrementarán en un 14,7 por ciento, y también lo hará la mortalidad por cualquier causa en las personas con ERC diagnosticada, alcanzándose un total acumulado de 654.281 casos en cinco años.
Para la presidenta de la SEN, Patricia de Sequera, “no se está dando a la salud renal la visibilidad y la importancia pública que merece”. Su impacto económico y clínico sobre el sistema sanitario, según señaló, es equiparable a la del tratamiento de todos los tipos de cánceres: “Estamos hablando de que las personas en TRS no llegan al 10% de las personas que tienen cáncer en España, pero cada uno de ellos supone un 350% más de gasto al sistema sanitario”.
En este sentido, destacó que el coste medio por paciente en TRS, estadio 5D, “es seis veces mayor que el del tratamiento de pacientes con infección por el VIH y 24 veces mayor que el tratamiento de pacientes con EPOC y asma”. En cualquier caso, añadió que por encima de la carga clínica y económica de la enfermedad sobre el sistema sanitario está el coste biopsicosocial de la enfermedad en cada paciente; es decir, “la severa afección que supone para el desarrollo de una vida normal el padecimiento de una enfermedad renal en sus estadios más avanzados”.
Plan Nacional de Salud Renal
Frenar la “escalada imparable” de la ERC, a juicio de los nefrólogos, requiere la puesta en marcha de un Plan Nacional de Salud Renal que “se tome muy en serio la necesidad y urgencia de las políticas de prevención”, así como la mejora y optimización del TRS, tanto desde el punto de vista de la sostenibilidad como de la calidad de vida de los pacientes. En este sentido, los especialistas inciden en la importancia de fomentar las donaciones en vivo, para así poder ofrecer la opción del trasplante a todas aquellas para los que ese es el tratamiento renal sustitutivo indicado. Y, cuando el trasplante no es posible, destacan la necesidad de apostar de forma mucho más decidida por los tratamientos de diálisis domiciliaria.
La Sociedad Española de Nefrología pone de relieve que son necesarios recursos de apoyo para convencer a los pacientes de esa gran transformación en la diálisis. “Para ellas no es un problema de deseo o voluntad, sino de falta de autonomía, y de ahí la importancia de dedicar recursos para una diálisis asistida”, explicó la presidenta de la SEN. En este sentido, tildó de “fracaso” que estos pacientes tengan que ir al hospital a recibir terapia, “cuando podrían recibirla en casa, con mayor comodidad y menor afección sobre su calidad de vida”.
