Tras la reciente polémica sobre la posible aplicación de un nuevo procedimiento de atención médica en los casos de interrupción legal del embarazo (ILE) en la Comunidad de Castilla y León, la Sección de Ecografía (Sesego) y la Sección de Medicina Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) recuerdan que las prestaciones a la mujer gestante en el sistema público de salud, independientemente de la decisión de la gestante sobre la continuidad de su embarazo, vienen recogidas en los protocolos asistenciales de carácter local, autonómico y/o nacional.

Recordamos que fue el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, quien anunció que el Gobierno autonómico instauraría “medidas antiabortistas”, como obligar a los sanitarios a ofrecer a las embarazadas que pretendan interrumpir su embarazo, la posibilidad de escuchar el latido del feto, además de que los progenitores puedan tener una ecografía en 4D y un apoyo a atención psicológica.

“No establecen diferencias en la atención inicial a la mujer gestante, asegurando de esta manera la equidad e igualdad en su asistencia, personalizándola y adaptándola posteriormente a la complejidad de cada caso”, afirman en un comunicado conjunto.

A su vez, explican que no hay constancia de la existencia de este nuevo procedimiento y que “la máximo” de ambas secciones es respetar la legislación vigente y a las mujeres que atraviesan una situación de ILE.

“La ecografía 3D/4D no forma parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse recomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales”, avisan en el comunicado.

Respecto al uso de la evaluación con Doppler, la Guía de Práctica Clínica de SEGO sobre la gestación precoz, del año 2021, recomienda que “solo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica” y “en la gestación temprana, se recomienda utilizar preferiblemente el modo-M para determinar la frecuencia cardiaca embrionaria”.

Por último, ambas secciones explican que, en el caso de que estas medidas llegasen a confirmarse, opinan que la Comunidad de Castilla y León “debería reconsiderarlas atendiendo a la opinión de los profesionales”.


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