SABER MÁS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL
En este caso, el paciente acude junto con su esposa a una clínica en enero de 2016 para informarse respecto a la intervención de vasectomía. En dicha clínica, el urólogo informa de cómo se realiza la intervención, e informa detalladamente al paciente y a su esposa de los riesgos, y consecuencias negativas de la vasectomía, una de las cuales es la recanalización o repermeabilización de los conductos deferentes; lo que puede posibilitar un futuro embarazo. A finales del mismo mes, se le practica la vasectomía, operación realizada por el mismo urólogo que atendió en consulta al paciente.
El urólogo entrega documento de consentimiento informado al paciente para que proceda a su firma y avisa de que debe utilizar métodos anticonceptivos en sus relaciones sexuales hasta que se demostrara la infertilidad a través de espermiograma. La intervención quirúrgica se realiza sin ninguna incidencia reseñable. En abril, el paciente se somete a un espermiograma. Dicha prueba no fue revisada por el urólogo, ni pudo ver sus resultados. El paciente, una vez recibe los resultados, aprecia que ya no es fértil pero que todavía hay algún espermatozoide.
En el mes de marzo del año 2017, la esposa se queda embarazada. El matrimonio acude a la clínica demandada para hablar con el urólogo y pedirle explicaciones. Ante esta situación, el urólogo reitera al paciente que debería haberse realizado espermiogramas de control para evitar cualquier situación de embarazo. El paciente se realiza nuevo análisis del semen para conocer su estado actual de fertilidad y la efectividad de la intervención, cuyos resultados fueron que el paciente había recuperado la fertilidad debido a una recanalización de los conductos seminales.
El paciente y su esposa demandan tanto a la clínica como al urólogo por: reclamación de daños y perjuicios por menoscabo económico de la economía familiar, solicitando una indemnización por gastos de manutención y crianza por importe de 52.500 euros aproximadamente.
La defensa del urólogo manifestó que se había producido una prescripción de la acción de responsabilidad extracontractual, puesto que no hay relación contractual entre paciente y urólogo. También por este motivo, alegan falta de legitimación: no existe mala praxis en la intervención por parte del urólogo, que informó de forma extensa al paciente antes de la realización de la intervención, y que el paciente no continuó con revisiones ni seguimiento para evitar la situación producida. Los letrados de la defensa de la clínica realizan alegaciones similares
En el acto del juicio, se valora inicialmente la legitimación de todas las partes, decretando la Jueza que el urólogo es parte del procedimiento y que corresponde la acción de responsabilidad extracontractual que no ha prescrito, debido a que se tiene como referencia la fecha de nacimiento de la hija del paciente.
La Jueza analiza los hechos, y se practican interrogatorios, tanto a las partes como a los peritos que realizaron los distintos informes periciales. La Jueza aprecia que la intervención del urólogo es correcta, y no se produce ninguna negligencia ni hecho que motive indemnización; ni en la ejecución de la intervención ni en la información previa.
Se señala que, inicialmente, la vasectomía consigue su objetivo. Que la recanalización es uno de los riesgos posibles de embarazo tras una vasectomía, lo cual no es, en ningún caso, reprobable al urólogo. Se señala que las intervenciones sanitarias son obligaciones de medios y nunca de resultados.
También se apunta al deber de información y al consentimiento informado, decretando que por parte del urólogo se informó en la primera consulta de todos sus aspectos, incluidos los riesgos derivados de la misma y firmando el paciente un documento de consentimiento informado.
Ante estas conclusiones, la sentencia desestima íntegramente la demanda interpuesta por el paciente y su esposa, y se absuelve a la clínica y el urólogo de cualquier indemnización solicitada por los demandantes.
