Las agresiones en el ámbito de la enfermería siguen siendo uno de los grandes problemas a los que se enfrenta esta profesión. Recientemente, el Observatorio de Agresiones del Consejo General de Enfermería ha presentado los datos de 2022, año en el que un total de 2.580 enfermeras fueron agredidas mientras ejercían sus funciones.
Este número representa un incremento del 58,38 por ciento, con respecto a los percances contabilizados por el Consejo General de Enfermería (CGE) en 2021. Diego Ayuso, secretario general de la organización colegial y coordinador del Observatorio Nacional atribuyó este aumento a “una mayor concienciación a la hora de denunciar y una mayor sensibilidad a la hora de registrar los datos por parte de las comunidades autónomas”.
En esta sensibilización ha contribuido el consejo. “Desde febrero de este año se han formado gratuitamente en el consejo más de 3.000 enfermeras, a través de un curso online impartido por nuestro Instituto Superior de Formación Sanitaria (ISFOS) , en el que colabora Policía Nacional. Esperamos que dentro de poco sean muchas más cuando celebremos la segunda edición de este curso sobre agresiones en el mes de septiembre-octubre”, explica a GM, Ayuso.
El coordinador del Observatorio recuerda que hay colegios de enfermería, como por ejemplo el de Madrid, que dan soporte tanto psicológico como legal a los profesionales que han sufrido una agresión, ya que “el impacto y las secuelas que deja una agresión son tremendas, miedo a volver al puesto de trabajo, ansiedad, o incluso, estrés post-traumatico”.
“Confiamos en que las nuevas consejerías de sanidad que han empezado a funcionar tras las elecciones de mayo pongan en valor la importancia que tiene luchar contra las agresiones”
Diego Ayuso, secretario general y coordinador del Observatorio Nacional contra las Agresiones del CGE
Aún así, hay colegios a nivel provincial que carecen de estos servicios, “desde el CGE queremos dar soporte a los que no tengan incorporadas estas medidas, por eso vamos a crear un teléfono de soporte para las agresiones de atención inmediata”, indica el secretario general del consejo.
Asimismo, insiste en la importancia que tiene la asistencia jurídica también, a la que define como clave en el proceso que se tiene que seguir. “Aunque sea algo leve y la denuncia no vaya a llegar a buen puerto, es importante interponerla para que se ponga en conocimiento de los responsables de prevención de riesgos laborales de los centros para prevenir, hacer un seguimiento y tener controlada esta problemática a futuro. Además, así se pueden contabilizar las reclamaciones en los colegios y este tipo de requerimientos pueden hacer que los servicios sanitarios de algunas comunidades también facilites soporte psicológico”.
Más medidas
Precisamente, las comunidades autónomas tienen las competencias en sanidad y cada vez dan a este asunto más prioridad. “Confiamos en que las nuevas consejerías de sanidad que han empezado a funcionar tras las elecciones de mayo pongan en valor la importancia que tiene luchar contra las agresiones y mejorar la seguridad de nuestras profesionales”, espera Ayuso.
A nivel normativo, los profesionales sanitarios están respaldados por el código penal, “uno de sus artículos nos considera autoridad, por lo que si hay una agresión en un hospital de ámbito público se considera delito contra la autoridad y es equiparable a una agresión a un policía. En los casos más graves las penas pueden llegar ser de tres a cinco años de cárcel”, comenta el secretario general del CGE, que recuerda que esto se consiguió en 2015 y que asegura que desde el consejo están trabajando para que se contemplen vías de derecho y de otros soportes de asistencia o prevención continuada que ayude a disminuir el impacto de este tipo de situaciones.
“Está comprobado de que en centros donde hay presencia de seguridad física hay menos agresiones que en donde no la hay”
Diego Ayuso, secretario general y coordinador del Observatorio Nacional contra las Agresiones del CGE
Por otra parte, el coordinador asegura que la administración pública esta cada vez más comprometida a la hora de aportar un mayor número de dispositivos de seguridad dentro de los centros sanitarios como botones del pánico o la realización de las consultas en salas con una salida de emergencia, además de empleados de seguridad y directores de seguridad en los centros.
“Está comprobado que incluir cámaras de CCTV o pulsadores anti-agresión pueden ser adecuados para muchos centros, pero siempre nos gusta decir que al igual que en la salud, en la seguridad los éxitos vienen de la mano de la prevención”, explica a GM, Santiago García San Martín, presidente del Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios (OSICH) y director de Seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, que colabora estrechamente con el CGE para acabar con esta lacra.
“Está comprobado de que en centros donde hay presencia de seguridad física hay menos agresiones que en donde no la hay. Además, los dispositivos pueden ser muy útiles para poner en aviso al personal de seguridad o a otro compañero que ayude a contrarrestar la situación de violencia”, asegura Ayuso.
En la misma dirección se expresa García San Martín: “La presencia de personal de seguridad es un elemento disuasorio en la prevención de agresiones, pero hay que ser conscientes de que el riesgo “0” de agresión no existe y no podemos tener un vigilante acompañando a cada uno de nuestros profesionales. Hay que analizar los riesgos de una forma rigurosa y establecer los procedimientos y medidas adecuados a cada una de las situaciones”.
El comisario Manuel Yanguas, Interlocutor Nacional de Agresiones a Sanitarios de la CNP, una figura cuyo trabajo es puesto en valor por Ayuso y por todo el CGE, explicaba recientemente en gaceta médica lo fundamental que es incrementar los presupuestos dirigidos a la seguridad y la creación de departamentos enfocados a ella, con directores de seguridad centrados en este tema.
“Las funciones del director de Seguridad están reguladas por el Ministerio del Interior ante el cual el director tiene que homologarse obteniendo una Tarjeta de Identidad Profesional que garantiza su cualificación profesional. Estas funciones corresponden a la gestión de medidas de prevención y control del riesgo, tanto de los medios pasivos como de los medios humanos, como pueden ser vigilantes de seguridad o el desarrollo de medias organizativas como la planificación de rondas o las presencia disuasorias de vigilantes de seguridad en los horarios y servicios de mayor riesgo”, indica el presidente del Observatorio de Seguridad Integral
En este sentido, Yanguas explicó que los responsables de estos departamentos deben ocuparse de evaluar los riesgos para saber dónde se están produciendo las agresiones y por qué. Por su parte, Ayuso lo tiene claro: “Sus motivos suelen ser organizativos, por la demora asistencial, las listas de espera, por no cumplir con las expectativas con las que llegan a los centros. Todos son acciones ligadas a la mejora de los servicios, por lo que perfeccionar los mismos, podría hacer que ese ‘estrés’ que vuelcan sobre las enfermeras se minimizase y hubiese, por consecuencia, menos agresiones”.
García San Martín, en su experiencia como director de seguridad, también afirma que las condiciones de la prestación sanitaria son el motivo más común de las agresiones, ya que cuando “existe una disconformidad ante las expectativas del paciente en cuanto a tiempos de espera o citaciones se puede producir estas conductas agresivas”.
Luchar contra los estereotipos
Las enfermeras son las profesionales sanitarias más numerosas y por lo tanto las que más agresiones sufren, ya que, además, son quienes muestran más cercanía en la atención con los pacientes y los familiares, “Son quienes mayor contacto tienen con ellos”, comenta García San Martín. “Hay más agresiones a mujeres ya que la profesión la conforman un 85% de mujeres, pero si lo analizamos en proporción a la tasa de este porcentaje, sigue habiendo más agresiones a mujeres que a hombres”, indica Ayuso, que asegura que hay un sesgo por parte de los agresores, que tienden más a agredirles a ellas.
“Hay un estereotipo en la sociedad, a pesar de haber avanzado mucho en el machismo, la enfermera sigue siendo vista como alguien que es mujer y esta subordinada a otra profesión“
Diego Ayuso, secretario general y coordinador del Observatorio Nacional contra las Agresiones del CGE
Manuel Yanguas también remarcó que se han registrado delitos de odio contra las mujeres, por el echo de serlo.
“Hay un estereotipo en la sociedad, a pesar de haber avanzado mucho en el machismo, la enfermera sigue siendo vista como alguien que es mujer y está subordinada a otra profesión, alguien que trabaja para otro”, menciona el coordinador. “Del total de las agresiones, un 75% son verbales, y es aquí, donde se observan insultos sexistas”, añade.
A pesar de tratarse de una profesión que requiere una alta cualificación y grandes notas de corte en selectividad para acceder a la carrera, sigue siendo invisibilizada. Mediante campañas e información, el CGE lucha para evitar este perpetuo estereotipo para que estas profesionales sean cada vez más visibles ya que la presencia de enfermeras en la toma de grandes decisiones sanitarias sigue siendo, en muchas ocasiones, meramente testimonial.
