La presidenta de la Alianza General de Pacientes, Pilar Martínez, ha analizado la futura Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud, que inicia su trámite parlamentario.

Martínez recuerda que se trata de una ley que pretende “blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública”, de manera que no se privatice por ningún gobierno en ninguna comunidad autónoma.

Como paciente y representante del colectivo, la presidenta de la AGP considera que “un tema de este calado hubiese requerido una auditoría en profundidad antes de su aprobación”. “La atención sanitaria y sociosanitaria son imprescindibles y deben estar garantizados bajo principios de equidad, cohesión y universalidad de la sanidad pública. El sistema debe garantizar a toda la población su acceso a ella. En esto estamos todos de acuerdo”, remarca.

Según su visión, “es necesario mantener el liderazgo de España en prestaciones sociales, pero para ello es necesario e imprescindible un Pacto de Estado para la Sanidad, formado por el consenso de los partidos políticos mayoritarios. Algo a lo que cuesta llegar, ya que parece haber una gran resistencia a concretarlo”. “Todos sabemos que hay que emprender reformas necesarias orientadas a los cambios y demandas de nuestra sociedad actual”, insiste.

Ignorar la opinión de los ciudadanos

Para ello, la portavoz de los pacientes considera necesario fomentar y reconocer la colaboración público-privada a todos los niveles. “No se puede penalizar al sistema privado, por el contrario, se deberían establecer fórmulas de colaboración entre ambos sistemas que, en definitiva, representan a nuestro Sistema Nacional de Salud”, subraya Martínez, que insiste en que “esta ley aprobada, niega e ignora la verdadera importancia y relevancia de este sector”.

La presidenta de la AGP destaca, además, que no se puede ignorar el papel que tiene la sanidad financiada de forma privada, sin confundirla con la sanidad privada que gestiona financiación pública a través de los distintos modelos de colaboración pública-privada existentes. Como tampoco se puede ignorar, en su opinión, el papel que juegan los ciudadanos a la hora de elegir libremente contratarla, “especialmente cuando la sanidad pública no cubre sus expectativas y demandas en el momento que más puedan necesitarlas”.

En la misma línea, destaca que deberá proveerse “de muchísimos recursos económicos, humanos y tecnológicos al sistema público, para evitar las largas listas de espera, las urgencias abarrotadas de camillas con pacientes en los pasillos, así como para mantener la equidad territorial, en especial con respecto al acceso a la innovación.

En todas aquellas prestaciones que no puedan garantizarse a toda la población por igual, con recursos públicos, por no encontrarse, precisamente, al alcance de todos y en todas las ciudades de España, la presidenta de la AGP considera que debería considerarse en estos casos el acceso a estas prestaciones a través de la sanidad privada.

“No se puede considerar a la sanidad privada como algo prescindible o innecesario”

Desde su perspectiva, la sanidad privada es un aliado estratégico del sistema sanitario público, “porque su contratación es libre y voluntaria por parte de los ciudadanos, además de aligerar la carga del sistema, por el simple hecho de que aquel que no pide cita en el sistema sanitario público por irse al privado permite a quienes no tienen esa opción, adelantar listas de espera, citas”.

De hecho, pone como ejemplo la participación del sector privado durante la pandemia, cuando actuaron de forma complementaria. “No se puede considerar a la sanidad privada como algo prescindible o innecesario. No podemos perder los recursos que ella aporta en la configuración de nuestro país al servicio de los ciudadanos”, advierte.

Pilar Martínez recuerda que la sanidad ha de ser la suma de todos, “de ahí la importancia de definir un modelo de gestión que no solo mire por la eficacia, sino que tenga en cuenta también la eficiencia, los resultados sanitarios y se adapte a los nuevos tiempos”. “Los pacientes y la sociedad queremos un modelo de atención sociosanitaria que sea viable, sostenible y referente para el siglo XXI”, concluye la presidenta de la AGP.


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