El concierto de Muface para los años 2025 y 2026, destinado a cubrir las necesidades de los más de 1,5 millones de mutualistas del Estado, ha quedado desierto tras la retirada de las principales aseguradoras: Adeslas, Asisa y DKV. Pese a que el Consejo de Ministros aprobó en octubre un presupuesto histórico de 1.337 millones de euros para 2025 y 1.344 millones para 2026, lo que supone un aumento del 17,12% en la prima respecto a años anteriores, la licitación no ha logrado captar el interés de las compañías aseguradoras, que consideran insuficiente esta cantidad frente a los crecientes costos de prestación sanitaria y la alta siniestralidad del colectivo mutualista.

El principal punto de controversia gira en torno al incremento del 17,12 por ciento propuesto en el nuevo acuerdo, que se aleja significativamente del 24 por ciento que se planteaba en un principio por la propia mutualidad. Elisa Abascal, portavoz del sindicato CSIF, calificó esta subida como “muy insuficiente”, subrayando que no compensa los crecientes costes derivados de la pandemia de COVID-19, la inflación y el aumento generalizado del gasto sanitario. Estas preocupaciones apuntan a una posible disminución de la calidad en la atención sanitaria que reciben los funcionarios, una posibilidad que el sindicato no está dispuesto a permitir: “No vamos a consentir que este gobierno deje morir por inanición a Muface”, advirtió Abascal, reafirmando la disposición del sindicato a movilizarse si se presentan nuevos recortes.

Desafíos financieros

Por su parte, la Fundación IDIS ha alertado que la prima propuesta de 1.208 euros por persona en el nuevo concierto es un 43 por ciento inferior a la inversión per cápita en el régimen general de la sanidad pública, que se sitúa en 1.736 euros. Esta diferencia, aseguran, hace insostenible la prestación del servicio por parte de las compañías aseguradoras. La Fundación estima que solo en 2023, la atención a mutualistas generó unas pérdidas de 142 millones de euros para las aseguradoras, una cifra que se suma a las pérdidas acumuladas durante años.

Este rechazo masivo subraya los desafíos financieros y estructurales que enfrentan las aseguradoras para ofrecer una atención integral en todas las regiones del país. Las compañías han expresado que, a pesar del incremento, la prima sigue sin cubrir los costos que demanda la atención sanitaria de calidad para este grupo específico, cuyo índice de siniestralidad se estima en un 110%.

Muface ante la salida de las aseguradoras

A pesar de este vacío, Muface ha asegurado a sus mutualistas, tanto titulares como beneficiarios, que continuarán recibiendo la misma atención sanitaria en las condiciones actuales. Para garantizar la continuidad de las prestaciones, la Mutualidad cuenta con los mecanismos legales previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, que permite mantener los servicios sin interrupción mientras se trabaja en una nueva licitación o contrato. Este respaldo legal se suma a la confianza que Muface ha buscado transmitir, enfatizando que la situación no afectará las prestaciones a corto plazo.

Desde la Mutualidad también se ha recalcado el apoyo del Consejo de Ministros, que en octubre reforzó su compromiso con el modelo mutualista mediante la aprobación de una nueva dotación presupuestaria. En esta situación de transición, Muface deberá explorar diferentes opciones para el mantenimiento del servicio y la cobertura sanitaria a largo plazo de sus mutualistas, un esfuerzo que podría influir en otros modelos mutualistas como los de Isfas y Mugeju.

Sindicatos

Por su parte, los sindicatos también expresaron su preocupación. La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) señaló que el incremento de la prima, aunque es la mayor registrada hasta la fecha, no alcanza a paliar los problemas estructurales que enfrenta el sistema de mutualidades. CESM teme que la falta de una financiación adecuada afecte negativamente la calidad de la atención sanitaria que reciben los funcionarios. Además, advierten que, si las aseguradoras deciden no concurrir al concurso, podría haber un desplazamiento masivo de mutualistas hacia el sistema público de salud, agravando la presión sobre los recursos públicos ya limitados​.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) también ha sido clara en su postura, advirtiendo que este aumento no es suficiente para solucionar la infrafinanciación crónica del modelo de Muface. Desde el sindicato, han amenazado con movilizaciones si el servicio se ve afectado por recortes o deterioro en la atención sanitaria. CSIF ha hecho hincapié en que la subida del 17,12 por ciento queda muy por debajo del 24 por ciento que la propia dirección de Muface había estimado como necesario​

Fundación IDIS

La Fundación IDIS ha pedido a la Administración una revisión de las condiciones del concierto para permitir la participación de las aseguradoras en el futuro. En su opinión, el modelo Muface ha sido crucial para la atención de más de 1,5 millones de funcionarios, quienes mayoritariamente optan por la sanidad privada para recibir servicios médicos de calidad y accesibles.

IDIS resalta cómo el mutualismo administrativo ha beneficiado al Sistema Nacional de Salud (SNS), aliviando la carga de los centros públicos y permitiendo una mayor eficiencia en la distribución de recursos. El modelo, según IDIS, reduce las listas de espera en consultas externas y quirúrgicas en un 266% y un 115%, respectivamente, además de evitar más de cinco millones de visitas en Atención Primaria. Asimismo, la Fundación IDIS considera que la sanidad pública se vería impactada sin este modelo, ya que debería asumir un mayor número de pacientes y derivaría en una saturación de los servicios.

No obstante, IDIS subraya que el modelo de Muface enfrenta desafíos graves debido a su infrafinanciación y a la siniestralidad del colectivo. Sin una prima adecuada, el mutualismo no puede seguir siendo viable, razón por la cual la Fundación insta a que la Administración publique un nuevo concurso con unas condiciones económicas sostenibles para que las aseguradoras puedan continuar con su participación.

Ministerio de Sanidad

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha emitido una declaración en la que insiste en la necesidad de respetar los procesos de negociación. “No vamos a interferir ni perturbar dicho proceso”, afirman desde el Ministerio, subrayando su neutralidad en las negociaciones entre Muface y las aseguradoras.

No obstante, el Ministerio ha aprovechado para recordar que “no es entendible que en un país que tiene la sanidad pública como uno de sus orgullos, sus empleados públicos sean atendidos en la sanidad privada”. En esta línea, el Ministerio está evaluando el impacto que tendría la incorporación de los funcionarios al Sistema Nacional de Salud (SNS) en caso de que no se alcance un acuerdo.

“El mayor orgullo de nuestra sanidad tiene que ser poder atender a sus empleados públicos”, afirman, garantizando que, si la negociación no prospera, la sanidad pública trabajará para asegurar “la mejor continuidad en la asistencia sanitaria” de estos funcionarios, subrayando su compromiso de proporcionar una atención integral y de calidad a todos los ciudadanos, incluidos los empleados públicos.

Nuevo panorama

La salida de las principales aseguradoras plantea una oportunidad para rediseñar el sistema de mutualismo administrativo en España. Los mutualistas de Muface enfrentarán un periodo de cambio, en el que la Mutualidad tendrá que buscar alternativas que aseguren la sostenibilidad de la atención médica a largo plazo. Este panorama abre una reflexión sobre el modelo sanitario y el papel que las aseguradoras privadas desempeñan en el sistema de salud, tanto en la colaboración con el sector público como en la creación de opciones de elección para los ciudadanos.

A futuro, los mutualistas podrían beneficiarse de un modelo mejor financiado y adaptado a las necesidades actuales, que garantice tanto la calidad como la estabilidad de sus prestaciones. Esta reestructuración podría permitir al sistema sanitario reorganizar sus recursos y fortalecer el modelo de colaboración público-privada, en el que los mutualistas tendrían un papel clave en la reducción de la presión asistencial del SNS. En última instancia, la adaptación del sistema de mutualismo podría convertirse en una vía para modernizar la cobertura de salud de los funcionarios, y también para aliviar la carga del sistema de salud público, consolidando así un sistema más accesible y eficiente para todos.

Esta transición, aunque desafiante, ofrece la posibilidad de una mayor sostenibilidad y de repensar un modelo que pueda responder mejor a las demandas actuales de los mutualistas y del propio SNS. De hecho, si no se llega un acuerdo puede ser un grave problema para el sistema sanitario español que tendra que soportar a todos esos funcionarios que ahora mismo sostiene Muface.


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