Aquellos egresados universitarios que hayan obtenido la titulación en países que se encuentren fuera de la Unión Europea y quieran ejercer en España deben presentar una solicitud de homologación y equivalencia ante el Ministerio de Universidades. Este proceso, históricamente, ha sido arduo y prolongado en el tiempo a pesar de que, ya con el Real Decreto 967/2014, creado para este fin, se estipulaba un plazo máximo de seis meses desde que la solicitud entrase en registro para ser resueltas.

Sin embargo, estos plazos no siempre eran cumplidos y el 8 de noviembre de 2022 entraba en vigor el Real Decreto 889/2022 que sustituía al anterior; entre sus objetivos se encontraba superar los obstáculos burocráticos y agilizar este proceso. Una de las barreras, como se expone en el propio RD, era el de acabar con el cúmulo de solicitudes sin respuesta que se habían registrado como consecuencia de un aumento del volumen de las mismas, unido al complejo proceso que aparecía en la normativa de 2014.

Demora en el proceso

María Paula Iriarte, titulada en Medicina en Colombia.

Sin embargo, parece que la nueva normativa no ha acabado con este problema y se están registrado casos de demora como posible consecuencia de la confluencia de ambas normativas. María Paula Iriarte, explica cómo ha sido el proceso en su caso personal. “Me gradué en 2021 y, en cuanto lo hice, comencé los trámites para la homologación con una empresa que se dedica a ello; cuando íbamos a iniciar el proceso me informaron de que iba aprobarse un Real Decreto con el cual se iba a poner el foco en que el plazo máximo para la obtención de la equivalencia de títulos no sobrepasara los seis meses”, explica en una entrevista a Gaceta Médica. Sin embargo, Iriarte esperó unos meses -desde junio de 2021 que finalizó los estudios hasta diciembre de ese mismo año- y al no aprobarse la nueva normativa, se acogió a la que estaba vigente en ese momento.

Desde que realizase la solicitud en diciembre de 2021 y hasta el momento actual, Iriarte sigue esperando a que resuelvan su solicitud. “Estuve esperando porque me dijeron que el proceso se podía demorar hasta 18 meses y decidí ir a España, donde tengo familiares residiendo, a estudiar y prepararme para el examen MIR”, expresa. No obstante, al observar que no obtenía respuesta, decidió volver a Colombia hasta que finalizase el proceso que, como narra Iriarte, a fecha de 8 de febrero de 2024, sigue apareciendo como ‘en curso’ en la sede electrónica del Ministerio de Universidades.

Concurrencia de normativas

Una de las dudas que surge a las personas que hicieron la solicitud bajo el paraguas del anterior real decreto era si les compensaba desistir de este proceso y acogerse a la nueva normativa. Iriarte estuvo en España recientemente y acudió al Ministerio de Universidades a informarse sobre cómo avanzaba su solicitud. “Cuando llevaba año y medio esperando, me planteé desistir del decreto anterior y solicitarlo con el nuevo, pero al haber pasado tanto tiempo, piensas que quizá esté cercana la resolución; además, cuando fui al ministerio a asesorarme, me comentaron que habían recibido varias quejas porque se estaban resolviendo antes las solicitudes más recientes amparadas bajo el nuevo real decreto y que, para solventar esta situación, estaban adelantando las llevadas a cabo bajo la anterior normativa”, desarrolla Iriarte. Y es que, como añade la titulada en Medicina, “al haber información que puede contradecirse, no sabes cuál es la mejora manera de actuar o si al arriesgarte a iniciar el trámite con la nueva normativa se puede llegar a perder más tiempo”.

La novedad que presenta el RD 889/2022 frente al que sustituye no es una reducción de los plazos, que ambos estipulan en un máximo de seis meses, sino la creación de la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia, que tiene entre sus funciones la formulación de propuestas de resolución. Con esta se pretendía dar salida al cúmulo de peticiones registradas y agilizar los nuevos procesos que fueran entrando en el sistema.

Pero, al menos hasta el momento, no se ha logrado la meta fijada. “Acudí al Ministerio de Universidades el 8 de enero y me dijeron que para final de mes mi expediente debía estar resuelto, pero sigo sin obtener respuesta”, lamenta. Además, precisa que “en una llamada a este organismo para conocer cómo avanzaba la situación, me dijeron que hay demoras y que quizá haya que esperar unos cinco meses para finalizar el proceso, así que no sabemos cuándo se resolverá”.

Esta carrera de obstáculos burocráticos supone para estudiantes como Iriarte que quieren utilizar su titulación para ejercer en España un retraso de años en la incorporación al ejercicio profesional. “Son años que se pierden porque hasta que no disponga del título homologado no puedo plantearme a la convocatoria del examen MIR y de momento ni siquiera sé si podré concurrir a la siguiente en el caso de obtener la homologación en los próximos meses; esto son dos años que he perdido y hay que tener en cuenta que luego necesitaré otros cuatro años para lograr la especialización”, manifiesta Iriarte.