El informe anual ‘Indicadores de acceso a terapias innovadoras en Europa (W.A.I.T. Indicator)’, elaborado por la consultora Iqvia para la Federación Europea de Asociaciones de la Industria Farmacéutica (Efpia), recoge que el tiempo medio que transcurre desde que un nuevo medicamento es aprobado por las autoridades europeas hasta que está disponible para su uso en España es de 629 días. Si se compara con los datos de 2021 se observa que la demora creció, ya que en ese año era de 517 días. Por todo ello, Gepac puso en marcha ‘Cáncer cuestión de Estado’, un proyecto que trata de mitigar y reducir, no solo los tiempos de espera, sino también las inequidades que existen entre las diferentes comunidades autónomas y que el paciente, parte activa del sistema nacional de salud, participe en la toma de decisiones.

Con la intención de conseguirlo, el grupo ha publicado dos protocolos de actuación para garantizar el acceso equitativo y temprano a pruebas diagnósticas y tratamientos innovadores. El primero, ‘Aprobación y financiación de medicamentos’, tiene por objeto abordar los retrasos en los procesos de autorización pertinentes para el uso y comercialización de tratamientos oncológicos, así como las restricciones y divergencias que puedan producirse en sus indicaciones respecto de las decisiones adoptadas por la EMA. Asimismo, persigue combatir la falta o restricción de financiación de estos medicamentos por parte del SNS. El segundo, ‘Acceso a tratamientos y pruebas diagnósticas’, tiene la finalidad de abordar situaciones en las que se niega a un paciente con cáncer el acceso a un tratamiento ya prescrito por un profesional.

Los protocolos propuestos en el documento se podrán aplicar a todos los casos que se registren o detecten en España, y sean puestos en conocimiento de Gepac, en relación directa o indirecta con la vulneración del derecho de los pacientes con cáncer a acceder de manera segura, equitativa, temprana y asequible a los procedimientos diagnósticos y a los tratamientos y medicamentos que les correspondan, incluidos los de carácter innovador.

La presidenta de Gepac, Begoña Barragán y el gerente del grupo, Marcos Martínez, presentaron ambos protocolos al ministro de Sanidad, José Miñones, en una reunión privada en la que el representante del ministerio agradeció la colaboración prestada por el movimiento asociativo en la puesta en marcha de este tipo de iniciativas. Desde Gepac, aprovecharon el encuentro para denunciar el primer caso que había llegado a la asociación: un paciente, José Antonio Abella, operado de cáncer de colon con metástasis hepáticas y mutación BRAF V600E, que debe costearse el tratamiento, de más de 6.000 euros al mes, ya que, pese a estar autorizado por Sanidad, no está financiado. Para el grupo, logar la financiación pública plena del fármaco que necesita este paciente es su principal objetivo.

Revisión del documento

Los presentes protocolos serán revisados y actualizados por Gepac, al menos, cada dos años para asegurar su pertinencia y adecuación a los potenciales cambios que puedan producirse y afectar a su aplicación (como reformas normativas, estrategias públicas, avances científicos, políticas europeas, etc.).

“La revisión periódica garantizará la mejora continua, la objetividad y aplicabilidad real de los protocolos y permitirá que los mismos estén alineados con los avances médicos, la innovación y las mejores prácticas en el tratamiento y acceso de los pacientes oncológicos a los medicamentos y pruebas diagnósticas, finalidad última del presente documento”, explica el documento.


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