Cerca de 15.000 profesionales sanitarios y sociosanitarios de Francia que ejercen en hospitales, residencias y otros servicios públicos han sido apartados de su ejercicio al no disponer (a decisión propia) de pauta de vacunación completa frente a la COVID-19, según los datos ofrecidos por el propio Gobierno de la República. Este 15 de octubre expiró el plazo otorgado por el Gobierno galo para que procediesen a inmunizarse frente a la COVID-19 si querían continuar ejerciendo su actividad pública sanitaria.
Cabe recordar que Francia era (es) uno de los países que presentaban peores tasas de cobertura vacunal en sus colectivos sanitarios. Por ello, el pasado mes de julio, el Gobierno avisó de que estos profesionales estarían obligados a inmunizarse para evitar sanciones disciplinarias, administrativas o de limitación de actividad, otorgando un plazo que acaba de expirar. No obstante, esta suspensión de actividad es reversible siempre que el profesional sanitario y sociosanitario implicado proceda a vacunarse.
De hecho, según ha manifestado el ministro de Sanidad, Olivier Véran, al medio France Info, de estos 15.000 un número importante de ellos “al ver que en realidad se aplica la ley, ha indicado su interés por vacunarse, o ya está en ello, y regresar a la actividad”. Para Olivier Véran, lo principal es que ningún hospital o residencia ha tenido que cerrar o mermar su actividad “y no ha habido un traslado masivo de pacientes”, señala a este medio.
¿Innecesario en España?
Cabe recordar que, junto a Francia, otros países europeos como Grecia e Italia también han implantado la vacunación obligatoria para el personal sociosanitario nacional.
En el caso de España, como recogía un reciente análisis de GACETA MÉDICA, el Ministerio de Sanidad no ve necesaria implantar esta obligación debido a que la tasa de vacunación de sanitarios presenta una suerte de cien por cien ‘técnico’, salvo casos aislados. Por ejemplo, profesionales cuyas situaciones particulares desaconsejen la vacunación.
No obstante, por si esta ‘radiografía’ cambia en el futuro, varias comunidades autónomas ya han planteado en el seno del Consejo Interterritorial el estudio de las reformas legislativas que pudieran asegurar la vacunación de estos colectivos concretos, frente a la voluntariedad que recoge la normativa vigente para toda la población (al margen de su actividad).
