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“Ha llegado el momento de exigir al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas el reconocimiento de las sociedades científicas como interlocutoras imprescindibles en todos los aspectos relacionados con la práctica médica”. Así de contundente se muestra la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (Facme) ante las conclusiones del grupo de Sanidad y Salud Pública de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.

Como aseguran en un comunicado Facme pide que se legisle y regule la actividad de las sociedades científicas como garantes de la transmisión del conocimiento, de la excelencia asistencial, de la investigación clínica y del futuro de la sanidad española. “Solo así, se podrán mejorar los altos estándares que ofrece la medicina en España y podrá seguir ofreciéndose una atención médica de vanguardia al ciudadano”, dicen. 

De este modo, la federación considera que está legitimada para desarrollar estrategias de formación médica, con criterios científicos, transparencia y objetividad, lo que le permite comprometerse a planificar y mejorar las actividades formativas a nivel individual y transversales en aspectos como la investigación, evaluación de nuevas tecnologías e innovación.

“Las autoridades sanitarias nunca han apoyado la actividad de las sociedades científicas”

De este modo, Facme es contundente: “A diferencia de las demás instituciones de representación profesional, las autoridades sanitarias nunca han legislado, reconocido o apoyado la actividad de las sociedades científicas, ni a nivel estatal ni en las comunidades autónomas, todo ello a pesar del evidente beneficio para el sistema de salud o de la permanente utilización de los recursos de conocimiento generados que no se pueden obtener de otras fuentes”.

Imagen de archivo la Junta Directiva de Facme.

A juicio de la federación, la principal consecuencia es que la financiación de la “ingente actividad de las sociedades se ha realizado casi exclusivamente por la aportación de sus socios, los ingresos de cursos y congresos y el patrocinio de las industrias farmacéuticas y tecnológicas”. De este modo, aseguran que con el fin de evitar interpretaciones erróneas, en los últimos años se han firmado convenios de colaboración entre FACME y las organizaciones patrocinadoras. Acuerdos, remarcan, “de carácter público y transparente, que aseguren la calidad y la ética de las colaboraciones, así como la necesaria independencia de las sociedades científicas en el desarrollo de las actividades que les son propias”.

Es en este contexto donde se justifica “el estupor que en las sociedades científicas” ante el dictamen. De este modo, en este comunicado las sociedades científicas se posicionan claramente en los siguientes aspectos:

En materia de colaboración público-privada:

  • Apoyan el rigor en la aplicación de la política farmacéutica para garantizar la sostenibilidad financiera, el acceso a las herramientas terapéuticas, la eficiencia y la seguridad en el uso de medicamentos y cualquier tratamiento. Sin embargo, aseguran que “no se puede diseñar ni llevar a cabo sin contar con las sociedades científico-médicas, garantes del desarrollo y aplicación de toda la terapéutica”.
  • Apoyan que se apueste por la potenciación de la industria biosanitaria y farmacéutica en España, el desarrollo tecnológico y la suficiencia de recursos básicos esenciales. Así, consideran que “es inaceptable que se pretenda prohibir la colaboración de la misma industria en la investigación, la divulgación y formación de los profesionales sanitarios y de las asociaciones de pacientes sin garantizar otras fuentes alternativas”.
  • Apoyan la adecuación de la financiación sanitaria en todos sus aspectos y, especialmente, en regular e incentivar la formación continuada de los profesionales para garantizar la calidad, seguridad y eficiencia del sistema sanitario. “Pero resulta inadmisible que se excluya a las sociedades científicas de la participación en la principal actividad que justifica su existencia, pretendiendo trasladarla a otras organizaciones, como colegios profesionales o universidades, cuyo papel es fundamental, pero se desarrolla en otros aspectos”, sentencian.

A nivel organizativo:

  • Apoyan los cambios en la gobernanza de las organizaciones y centros sanitarios, profesionalizando la gestión en base a los méritos y capacidad, basados en datos científicos y técnicos, con análisis y evaluación de resultados y con estructuras de asesoramiento profesional. Facme aclara que “no sería creíble su realización sin la participación de las sociedades científico-médicas y de los profesionales que las componen”.
  • Apoyan las mejoras en las condiciones laborales, la profundización en el desarrollo de la carrera profesional y la formación de los médicos y los especialistas. Eso sí, “con la participación de las sociedades científico-médicas en la definición y desarrollo de los planes de pregrado y formación especializada, y la evaluación del desarrollo profesional”.

Primer nivel asistencial y Salud Pública:

  • Apoyan la mejora de la Atención Primaria y Comunitaria con la adecuación de los recursos humanos, capacidad resolutiva y renovación de estructuras físicas y digitales. Las sociedades creen que “se ha de consensuar con las sociedades científico-médicas el contenido de las reformas que se precisan ante el riesgo grave y evidente de colapso del modelo asistencial por la nefasta previsión en la reposición profesional”.
  • Apoyan el desarrollo de la Ley 33/2011, General de Salud Pública. Aunque “es imprescindible contar con la experiencia de las sociedades científicas, en las que debe estribar su desarrollo para que el resultado sea acorde a las necesidades de un mundo global y no se repitan los errores que la pandemia actual ha puesto de manifiesto”.
  • Apoyan la adecuada coordinación de los servicios sanitarios y sociales como partes de un todo, estableciendo los mecanismos de colaboración y el papel de cada profesional en el engranaje asistencial. Todo ello, “reconociendo la especialización del trabajo desarrollado en cada puesto de trabajo y siempre basado en la experiencia de los profesionales y las sociedades científico-médicas, evitando diseños asistenciales simplistas que pongan en peligro la continuidad de la asistencia”.

Investigación y digitalización

  • Apoyan la apuesta por la Investigación, Desarrollo e Innovación, para situar a España en el lugar que le corresponde. La federación dice que “solo se podrá alcanzar si se tiene en cuenta la experiencia, capacidad y conocimiento de las sociedades científico-médicas, como verdaderos motores de la puesta en común del conocimiento, potenciando los proyectos que surjan de las sociedades y de sus socios”.
  • Apoyan la necesaria digitalización de la asistencia sanitaria, aprovechando la experiencia acumulada por los profesionales. “Contando con las sociedades científicas para el desarrollo de las aplicaciones de acuerdo con las necesidades de mejora que el conocimiento aconseje”, acotan.

Un sector en plena incertidumbre

Lo que está claro es que el sector está preocupado desde que se hiciera público el anuncio. Durante el debate sobre Biosimilares y Oncología que GM y la Fundación ECO organizaron esta cuestión salió a relucir de manera inesperada. “La colaboración público-privada va mucho más allá de aspectos aparentemente simples y sencillos”, explicó Carlos Camps, director de Programas Científicos de la Fundación ECO. A su juicio es algo más profundo, porque introduce cambios culturales y de conocimiento científico. “Es un proceso laborioso que requiere de años”. En esta línea, a los profesionales también les preocupa el futuro de la investigación. Enrique Aranda, patrono de la Fundación ECO, señaló al trabajo que están haciendo los grupos colaborativos en materia de oncología. Como fundador del Grupo Español de Tumores de Digestivos, fue claro: “Espero no enterrarlo”.

Miguel Ángel Calleja, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Virgen de la Macarena recordó que el artículo tiene dos lecturas: “La primera es que habrá financiación pública suficiente para garantizar la formación de los profesionales. La segunda que queda prohibido la financiación privada”. Ante esto, Calleja vaticinó que la primera cuestión “no se va a cumplir”. A lo segundo, dijo: “Habrá que modularlo para que al menos nos podamos seguir formando”.