SABER MÁS SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

En el presente caso, se inició un procedimiento judicial en reclamación de una indemnización de 70.474,66€ por una supuesta infracción del deber de vigilancia de un centro terapéutico y de enfermos mentales. La parte demandante – formada por una persona incapacitada legalmente, al que llamaremos el Sr. A., y su madre, su representante legal – alegaban que la clínica, parte demandada, incumplió esos deberes y, a consecuencia de ello, se generaron una serie de perjuicios.

En primera instancia se dictó sentencia que desestimaba íntegramente la demanda, por entender que no existía responsabilidad alguna de la clínica. Contra esa resolución, la parte demandante interpuso recurso de apelación instando a la Audiencia Provincial que estimase la demanda.

El Sr. A. fue declarado incapaz en el año 1985 y en 2007 su madre fue nombrada su tutora legal. La incapacidad fue declarada porque el Sr. A. padecía oligofrenia severa y esquizofrenia paranoide, teniendo reconocido un grado de minusvalía del 77% y debiendo ser atendido por otra persona para llevar a cabo sus actividades diarias. Por ello, ese mismo año, se formalizó un contrato con el centro demandado por el que el Sr. A. ingresaba como enfermo para ser asistido en dicho centro, especializado en terapia para enfermos mentales.

Los hechos por los que se reclama en la demanda tienen lugar en dicho centro la mañana del 4 de septiembre de 2012, alrededor de las 7:30/8:00 horas. Mientras las dos cuidadoras que había en ese turno de mañana se estaban encargando de asear y arreglar a todos los internos para el desayuno, el Sr. A, que se encontraba en un patio esperando junto a otros internos, agrede violentamente a otra interna, quien finalmente fallece en el hospital horas después.

A raíz de esos hechos, se incoaron diligencias penales y se imputó al Sr. A la comisión del delito de homicidio puesto que el informe de la autopsia diagnosticó la causa de la muerte como violenta por estrangulamiento. Atendiendo a su incapacidad, se acordó su ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario para que fuera posible compatibilizar la naturaleza preventiva penal de la medida con la asistencial, vista la enfermedad mental del Sr. A.

Durante su estancia en ese centro penitenciario, el Sr. A fue asistido por varios médicos que le realizaron un seguimiento y uno de ellos emitió un informe en el que expuso que en las primeras semanas se presentó un cuadro de parkinsonismo severo que, unido a la desaparición progresiva de las alteraciones de conducta, les hizo pensar que en la residencia de la cual procedía no se estaba tomando la medicación pautada para tratar su enfermedad.

Por ese motivo, la madre del Sr. A, como representante legal, presenta la demanda en reclamación de una indemnización por la responsabilidad contractual de centro terapéutico; por supuesto incumplimiento de la obligación de control y vigilancia en el residente, que derivó en una agresión y posterior fallecimiento de otra residente, su estancia en prisión durante 602 días por esos hechos, y el continuo sometimiento a informes médicos dentro de un proceso penal.

En la contestación a la demanda, el centro terapéutico alegó que como centro rehabilitador persigue la readaptación social y familiar, por lo que su misión no es vigilar y controlar al interno, sino que es procurar su cuidado para intentar su rehabilitación y controlar su salud. Además, el Sr. A ingresó en 2007 y hasta los hechos, septiembre de 2012, no mostró agresividad hacia los compañeros; así como tampoco existían antecedentes que indicaran la necesidad de tomar medidas de control y vigilancia. Todo ello deriva en que no existe culpa ni negligencia, puesto que el hecho fue totalmente imprevisible.

La sentencia de primera instancia, como se ha avanzado, desestima íntegramente la demanda, determinando que no existe responsabilidad del centro. Sin embargo, en segunda instancia, se estima parcialmente el recurso, considerando que sí existe responsabilidad del centro. El tribunal entiende que:

  1. Los hechos ocurridos en septiembre de 2012 se debieron a un cúmulo de circunstancias directamente relacionadas con el deber de vigilancia y cuidados del centro.
  2. Mientras los internos esperaban en el patio antes de entrar a desayunar no había vigilancia.
  3. La muerte de la interna fue por estrangulamiento y el autor fue el Sr. A.
  4. que si bien la actuación del Sr. A no era previsible y no puede relacionarse con si tomaba o no la medicación, podría haberse evitado de cumplir el centro con su obligación de atención y cuidado.

Por todo ello, el tribunal aprecia que sí resulta acreditado el incumplimiento contractual, puesto que en atención a las enfermedades mentales y trastornos de conducta que presentan sus internos debe tener los dispositivos de control y vigilancia para poder reaccionar ante conductas impulsivas agresivas o brotes psíquicos.

Por lo tanto, la sentencia de segunda instancia estima parcialmente el recurso de apelación presentado por la parte actora, entendiendo que sí queda acreditada la existencia de responsabilidad. Únicamente difiere el tribunal en la valoración de la indemnización solicitada, pues objetivamente no se trata de un supuesto en el que a consecuencia de un hecho una persona resulte lesionada e incapacitada para sus ocupaciones habituales, sino de un ingreso en unidad de psiquiatría de un centro penitenciario. Por lo que, aun admitiendo como declaró la médico del centro que el Sr A. presentaba una conducta inquieta al haber sido privado de su rutina diaria en el centro terapéutico, no está apoyada la pretensión en un informe pericial médico. De ahí que el único criterio indemnizatorio a valorar sea el del daño moral, gastos abonados por la atención residencial y los gastos de defensa.

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